Seguridad

I.                  INTRODUCCIÓN

La problemática de los grupos criminales que atentan contra la Seguridad Pública no puede ser tratada exclusivamente desde una óptica de combate a la delincuencia, ya que es un problema social donde la falta de oportunidades y opciones de vida comienzan a producir el círculo vicioso de la pobreza, el crimen y la violencia.

El Salvador se encuentra asediado por problemas de criminalidad que lo mantienen entre los países con los peores índices de violencia en el mundo. Sabemos que la sociedad reclama un cambio de paradigmas en el combate al crimen; principalmente porque ha presenciado cómo los grupos criminales han crecido y se han fortalecido, a pesar de todos los planes de mano dura, súper dura, tregua y medidas extraordinarias que han sido efectuados por las administraciones anteriores. Esto plantea elevar el tema de seguridad a nivel de una Secretaria de Estado, que coordine, dinamice y garantice la eficiencia y efectividad de los planes a corto, mediano y largo plazo.

En los últimos años, el país ha sido testigo del destape de esquemas de corrupción institucionalizada en el gobierno, la cual se extendió al sector privado por vía de los partidos políticos. La corrupción y el crimen organizado son unas de las principales causas de la falta de oportunidades y de los bajos niveles de bienestar, que, a su vez, impulsan a los salvadoreños a emigrar hacia otros países.

Por todo lo anterior, el pueblo se encuentra exigiendo la implementación de Nuevas Ideas en la gestión pública y específicamente en el ramo de la seguridad, con políticas de Estado a largo plazo.

II.               VISIÓN

En este Plan de Seguridad Pública proponemos Nuevas Ideas en tres líneas de acción: prevención, combate al crimen y reinserción a la vida productiva.

En el área de Prevención, es imperativo brindar oportunidades y protección a la niñez y a la juventud vulnerable, que se encuentra en peligro de ingresar a estructuras criminales. Así, nuestro enfoque consiste en brindar a los jóvenes múltiples opciones de desarrollo personal y profesional que sustituyan el deseo de incorporarse a dichas estructuras. Las Nuevas Ideas traen consigo planes de inversión en infraestructura cultural, deportiva, educativa y de habilidades productivas a nivel de las comunidades más afectadas y desde la edad más temprana.

En materia de Combate al crimen, las Nuevas Ideas implican adoptar el compromiso de innovar en las tácticas actuales, adquiriendo nuevas tecnologías para facilitar la investigación y brindar mayor seguridad a quienes la llevan a cabo. Esto no solo permitirá combatir el crimen más efectivamente, sino que también abre el camino a la implementación de dos políticas de Estado:

a)    Dignificar la situación laboral y personal de los elementos de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada.

b)    Fortalecer las herramientas tecnológicas y legales que coadyuven a articular las estructuras organizacionales del área de Seguridad Pública.

Dichas políticas facilitan el desarrollo de las instituciones del Estado encargadas de implementar las tres líneas de acción que este plan propone.

Adicionalmente, sabemos que, debido al alcance internacional que tiene la corrupción y por su efecto nocivo en el desarrollo del país, el pueblo está solicitando que este problema sea resuelto con el acompañamiento de organismos internacionales. Las Nuevas Ideas en este plan también incluyen la Creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción para El Salvador (CICIES).

En cuanto a la Reinserción integral, se vuelve necesario contar con estrategias para la rehabilitación social y reinserción productiva a la población en riesgo y la privada de libertad.

La reinserción incluye estos dos grupos.

1.     La niñez y juventud que ha estado forzada a involucrarse en actividades criminales

2.     La población privada de libertad

 

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Las ideas de nuestras tres líneas de acción se implementarán tomando en cuenta las siguientes premisas:

1.     Las Nuevas Ideas no duplicarán proyectos existentes.

2.     Las Nuevas Ideas no descartarán, sino que mejorarán, aquellos proyectos que han sido exitosos.

3.     Las Nuevas Ideas significarán un ahorro al Estado y buscarán producir efectos positivos al más corto plazo, los que deberán ser medibles por indicadores utilizados por las buenas prácticas internacionales.

4.    Las Nuevas Ideas serán tratadas de manera transversal, porque incluirán a todos los componentes y actores involucrados en las problemáticas y soluciones.

5.     Las Nuevas Ideas son multidimensionales, porque se aproximan a los problemas con soluciones de políticas públicas que están articuladas entre sí, con las múltiples instituciones del Estado a cargo de estas soluciones, y con los actores de la sociedad civil que las gestionan y gozan de los beneficios de las mismas.

6.    Para alcanzar el éxito, las Nuevas Ideas incluirán tecnologías y programas innovadores, que integrarán software y hardware con la infraestructura del Estado, para facilitar el accionar policial y judicial.

7.     En lo que respecta al recurso humano, las Nuevas Ideas buscan velar por el bienestar individual, dignificar las condiciones laborales y fortalecer las capacidades del personal e instituciones a cargo de nuestras tres líneas de acción: Prevención, Combate al crimen, Rehabilitación y reinserción.

Todo lo expresado en este documento está basado en que un Gobierno con Nuevas Ideas dará un tratamiento integral a las líneas de acción que enmarcan nuestro Plan de Seguridad Pública, con el objetivo de establecer, asegurar y fomentar las condiciones que brinden oportunidades y bienestar a los ciudadanos para encaminar a El Salvador hacia una Cultura de Paz, tal y como ésta se encuentra definida por la Organización de las Naciones Unidas.

Se pretende resolver la problemática de seguridad con un enfoque de Plan de Nación a largo plazo, con la participación de la sociedad civil, empresa privada, sector público y con la infusión de Nuevas Ideas en la vida política nacional.

ARTICULACIÓN ENTRE CARTERAS DE ESTADO PARA LA PREVENCIÓN: DEPORTE Y CULTURA

Obedeciendo a que las Nuevas Ideas en carácter de seguridad pública son multidimensionales y transversales, este plan está diseñado para integrarse con los proyectos provenientes de otras carteras de gobierno que estén destinados a la prevención del crimen y a recobrar el control de territorios a través de la reconstrucción del tejido social. Esta integración de seguridad con todos esos proyectos se llevará a cabo por dos vías:

Primero, el Plan de Seguridad Pública (PSP) tendrá un componente de coordinación interinstitucional para brindar seguridad, tanto de manera directa con presencia policial como de manera indirecta con la instalación de la red de protección tecnológica, para asegurar que imperen las condiciones que faciliten el desarrollo normal de las actividades de reconstrucción del tejido social en el terreno.

Segundo, como un principio de política pública, el PSP articulará sus programas y proyectos con los esfuerzos de otras carteras de gobierno. Las Nuevas Ideas implican compartir el fin común de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y brindar perspectivas reales de vida y desarrollo humano para sustituir la opción negativa de que la juventud ingrese al círculo vicioso de los grupos delincuenciales. Por ello, el PSP incluirá sus recursos humanos y materiales de planificación a manera de contribución para el diseño e implementación de los programas y proyectos que tengan este fin. Aquí hablamos de experticia, experiencia y recursos académicos y analíticos siendo puestos a disposición del bien común.

El PSP integrará sus recursos y articulará sus políticas con el Plan Nacional de Desarrollo Deportivo 2019-2030 y el Plan de Cultura.

ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEPORTIVO

En el caso del Plan Nacional de Desarrollo Deportivo 2019-2030 (PNDD), este aspira a ser una alternativa de prevención de la violencia, a través de procesos sistemáticos de trabajo en el territorio y con grupos etarios clave como la niñez, adolescencia y juventud salvadoreñas. El PNDD pretende llevarse a cabo cimentando una nueva cultura de actividad física que se vincule al desarrollo humano y sirva para sustituir las opciones ofrecidas por la violencia. El PNDD también reconoce el potencial que tiene para acrecentar el bienestar y las capacidades sociales de la población al establecer y estrechar los vínculos con la comunidad. Todos estos son objetivos y metas de políticas públicas compartidas por el Plan de Seguridad Pública que son explicados desde la perspectiva de seguridad en las próximas secciones.

Por otra parte, el PNDD reconoce que, para alcanzar sus metas, debe unir esfuerzos con otras carteras de Estado, dada la importancia que tienen la educación física, el deporte y la recreación como elementos clave para el desarrollo humano de la sociedad salvadoreña. Asimismo, estima que es esencial diseñar la reconstrucción del tejido social, brindando los recursos necesarios para minimizar factores de riesgo y violencia en los proyectos de transformación de espacios públicos, con un rol activo de todas las partes interesadas que deben participar en la creación de una visión estratégica que determine las opciones y prioridades en materia de políticas. Considerando todo lo anterior, y dentro de su competencia, el Plan de Seguridad Pública está diseñado para coordinar y articular de manera interinstitucional la puesta en marcha de la reconstrucción del tejido social para tener mayores opciones de alcanzar una cultura de paz en el país.

Articular con las entidades a cargo del PNDD es parte del diseño de esta oferta electoral, dado que el mismo expresa que, para obtener resultados, es necesario establecer alianzas con socios estratégicos en construcción y desarrollo de infraestructura a nivel nacional.

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE CULTURA

Para este fin, retomamos la oferta hecha por el Plan de Seguridad Pública por medio de la cual brindará una cobertura de seguridad a los proyectos de cultura destinados a la prevención, como por ejemplo:

1. Revitalización de cincuenta Centros Históricos

2. Revitalización del sitio arqueológico de Quelepa

3. Revitalización de los teatros nacionales

4. Revitalización del Parque Zoológico Nacional

5. Fortalecimiento de más de 100 casas de la cultura

Por otra parte, también retomamos la oferta de poner a la disposición de los proyectos del Plan de Cultura un intercambio de recursos y experticia, proveniente de las entidades gubernamentales involucradas en la seguridad pública a fin de mejorar el alcance de esos proyectos entre las poblaciones donde se realizarán. En el marco de la oferta cultural, articularemos estos proyectos:

1. Para la creación de 14 orquestas sinfónicas —una en cada departamento del país— y la formación artística de 6,000 niñas y niños a nivel nacional, los destacamentos militares pondrán a disposición sus instalaciones, músicos e instructores, así como sus instrumentos musicales, con la finalidad de iniciar la gestión de este programa.

2. Para el fortalecimiento de más de 100 casas de la cultura se articularán las entidades de Seguridad Pública para darle valor agregado. Una oportunidad para ello yace en la elaboración de talleres de prevención de violencia, liderados por las Delegaciones Modelo de la PNC. También aseguraremos la Participación de la Policía Rural y de la Policía Comunitaria donde sea correspondiente, en la elaboración de estrategias de construcción de resiliencia a la violencia, entre otras labores posibles.

III.            DIAGNÓSTICO DE PROBLEMÁTICAS

A.    DIAGNÓSTICO: GRAN CORRUPCIÓN (GC)

Descripción del problema

La Gran Corrupción ha sido definida como aquellos actos ilícitos que son perpetrados por funcionarios públicos y que, por la cantidad de montos de dinero involucrada, mina la confianza en los sistemas democráticos y tiene un efecto nocivo que impide el desarrollo sostenible de los países y, para efectos de este Plan, también tiene un impacto negativo en la habilidad del Estado para combatir la criminalidad y sus efectos.

Antecedentes

El Salvador ha sido víctima de este tipo de corrupción, principalmente por vía de la denominada “partida secreta”, que ha sido administrada por Casa Presidencial durante décadas y que ha servido para lubricar la maquinaria de corrupción que incluía pagos por sobresueldos a funcionarios públicos, compra de voluntades a altos funcionarios y gastos suntuarios de lujos provistos para los presidentes de turno, sus familiares y allegados. 

Un estudio calcula los montos de corrupción en al menos 37 mil millones de dólares (Salvador Arias, El Libro Negro de la Corrupción, 2017), mientras que acciones legales recientes y otros estudios más conservadores documentan un comportamiento histórico de Gran Corrupción, cometido por vía de la “partida secreta”, durante las diferentes presidencias de la república desde 1989 a la fecha:

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Fuente: El Faro 5 de marzo, 2017.

 

Impacto en los Planes de Seguridad

La corrupción vulnera las instituciones democráticas cuando violenta las reglas del juego y cuando crea y mantiene redes de funcionamiento dentro de, sobre y al margen de las instituciones del Estado. También, la corrupción desacredita a las instituciones que combaten la criminalidad y a sus integrantes en todos los niveles cuando pone en tela de juicio la capacidad del sistema para brindar justicia a la ciudadanía.

 

PROPUESTAS

 

GC1 Gestionar la creación y funcionamiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador (CICIES).  Lo anterior con el acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la finalidad de asegurar la transparencia y la observancia por los países de la región y la comunidad internacional.

 

GC1-M1 Ordenar a todas las entidades del Ejecutivo a que coadyuven a que las observaciones y recomendaciones emitidas por la CICIES, como resultado de su mandato, sean aplicadas en el país.

 

GC2 La Vicepresidencia de la República creará las condiciones para la instalación y funcionamiento de la CICIES y para ser el representante del Ejecutivo ante dicha comisión, con la finalidad de asegurar la participación del Gobierno de la República al más alto nivel ejecutivo.

 

 

B.    DIAGNÓSTICO: NARCOTRÁFICO (NCT)

Descripción del problema

El Salvador está catalogado como uno de los países corredores del narcotráfico - el comercio ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades -, gracias a nuestra ubicación geográfica.

La diversificación de las actividades de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en el Triángulo Norte ha llevado a los actores internacionales a establecerla como parte y, también, consecuencia de la debilidad de los Estados de esta región. Específicamente, en El Salvador, se le suman los altos índices de impunidad, infiltración y colaboración de algunos elementos de las fuerzas de seguridad. No obstante, es la juventud la más utilizada por estos criminales, como lo detalla la siguiente tabla, donde es explícito que el 82.14% de los detenidos por tráfico, posesión y tenencia de drogas son jóvenes entre los 15 y los 29 años.

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Con relación a las personas detenidas por infracciones a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en el año 2016 se detuvo a un total de 4,855 personas, de las cuales el 52.7 % fue por delitos de posesión y tenencia de marihuana, el 42% por el delito de tráfico ilícito de marihuana, y el 5 % por posesión y tráfico ilícito de cocaína, crac y metanfetamina.

Por otra parte, dentro de la problemática, están las incautaciones de cocaína que registraron un gran aumento en el año 2016 alcanzando la cifra de 9,718 kilogramos, más del 200% con respecto al año anterior. Esta droga era traficada por vía marítima procedente de Colombia.

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Fuente: Informe Nacional del CNA 2017 - Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

PROPUESTAS

Para combatir efectivamente el narcotráfico y poder detectar la incursión de carteles internacionales al país, es necesario dotar a las fuerzas a cargo de esa tarea de recursos, tácticas y habilidades que puedan responder a este desafío. Dos grandes líneas de acción son discernibles: 

NCT1- Dotación de recursos tecnológicos a las autoridades que combaten el tráfico ilícito y los actores del control aduanal en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas. Ejemplos:

NCT1-M1 Implementación del Plan Protección de Fronteras de manera coordinada e integrada interinstitucionalmente, PNC, Aduanas, Migración y Fuerza Armada de El Salvador, para aumentar la capacidad de resguardo y vigilancia de las fronteras (Límite Político Internacional-LPI) y las aguas territoriales.

NCT1-M2 Monitoreo estratégico – Vigilancia e inteligencia. Equipamiento y entrenamiento de personal para vigilancia y monitoreo aéreo por drones en mar y fronteras terrestres. 

NCT2- Aumento de las capacidades técnicas, tácticas y operativas de los organismos involucrados, para asegurar un eficiente combate a estos grupos delincuenciales que están utilizando a El Salvador como un corredor para el tráfico ilícito de drogas. Ejemplos:

NCT2-M1 Implementar un plan de capacitación y desarrollo de los miembros de todos estos organismos, ampliándolo en su currículo y en su alcance estratégico en función de adaptarlo para lidiar con la adaptabilidad del narcotraficante.

NCT2-M2 Mayor desplazamiento y utilización de unidades equipadas con detectores de narcóticos en carreteras y puntos fronterizos.

C.   DIAGNÓSTICO: EVASIÓN Y ELUSIÓN DE IMPUESTOS (EEI)

Descripción del problema

Luego de la implementación de la Ley de Lavado de Dinero y Otros Activos en nuestro país, la evasión fiscal es catalogada como delito y es castigada con cárcel, porque su gran impacto. Es importante recalcar que el financiamiento de los diferentes planes de acción para el futuro, ya sea en materia de seguridad u otra área, necesita recursos. Esto una realidad que también hay que tomar en cuenta para tomar decisiones correctas al incorporar medidas de acción.

Antecedentes

En nuestro país el tema de evasión y elusión fiscal es un grave problema para el gobierno, pues afecta sus finanzas. Se definen de la siguiente manera:

Elusión: acción que permite reducir la base imponible mediante operaciones que no se encuentran expresamente prohibidas por disposiciones legales o administrativas.

Evasión: acción que se produce cuando un contribuyente deja de cumplir con su declaración y pago de un impuesto según lo que señala la ley. Esta acción puede ser involuntaria (debido a ignorancia, error o distinta interpretación de la buena fe de la ley) o culposa (ánimo preconcebido de burlar la norma legal, utilizando cualquier medio que la ley prohíbe y sanciona).

La evasión de impuestos, en todos los casos regulados en el Art. 254 del Código Tributario consiste en:

·        No llevar contabilidad existiendo obligación legal de ello o llevar múltiple contabilidad.

·        Contradicción evidente entre los libros, documentos o demás antecedentes, con los datos que surjan de las declaraciones.

·        Declaraciones que contengan datos falsos.

·        No suministrar o suministrar falsos los avisos, datos, informes, ampliaciones y explicaciones existiendo obligación legal de hacerlo.

·        Exclusión de algún bien, actividad u operación que implique una declaración incompleta de la materia imponible, salvo cuando, atendiendo el volumen de los ingresos del contribuyente y la escasa cuantía de lo excluido, pueda calificarse de simple olvido excusable.

·        Suministro de información inexacta sobre las actividades y negocios concernientes a ventas, compras, existencias o valuación de mercaderías, capital invertido o cualquier otro factor de carácter similar.

·        Cuando el contribuyente, su representante o apoderado se valiere de cualquier tipo de maniobra para evadir la notificación de cualquier actuación de la Administración Tributaria.

·        No presentar la declaración. Se entiende como omitida la declaración cuanto fuere presentada después de notificado el acto que ordena la fiscalización.

·        Ocultación o destrucción de documentos.

Es importante tomar en cuenta que esta disposición de ley no consiste en una lista cerrada, es decir que no son los únicos medios por los cuales se puede realizar la evasión de impuestos, pese a ser reconocidos expresamente por la legislación.

Las cifras sobre evasión y elusión fiscal en la región son escasas debido a la naturaleza de las operaciones evasivas, las cuales implican el engaño y la privación del conocimiento estatal de los montos defraudados. No obstante, el Ministerio de Hacienda nos muestra el comportamiento de la evasión de la siguiente manera:

Evasion-del-IVA-2009-2016.jpg

Fuente: El Mundo, El Salvador Pierde 750 Millones por la Evasión del IVA (13 de febrero de 2018), https://elmundo.sv/el-salvador-pierde-750-millones-por-la-evasion-del-iva/).

Desde el punto de vista de los rangos de deuda, el 66.88 % de la mora tributaria se concentraba en deudores de 50 mil dólares hasta más del millón de dólares, representando en conjunto un monto de USD 249,221,187.27; mientras que el 33.12 % de deudores se ubicaba en un rango de deuda debajo de los 50 mil dólares, debiendo en conjunto USD 123, 418,147.77.

Deudores tributarios según rangos de deuda a abril de 2015

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Todos estos antecedentes vislumbran el comportamiento de la evasión en nuestro país y nos instan a tomar medidas serias de consulta técnica con relación a esta área. El Informe de Avances Principales del Ministerio de Hacienda nos desglosa lo siguiente:

 

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Es una realidad que datos, informes, detalles y demás insumos sobre los montos de evasión y elusión se tienen, pero se encuentran con los blindajes de la corrupción que no permiten que estas cifras de dinero sean recuperadas por el Estado y, por consiguiente, el desfinanciamiento de sus operaciones.

Impacto en los Planes de Seguridad

Ciertamente el desfinanciamiento del Estado y su poca capacidad de recuperación tributaria ha dejado indefensas y vulnerables a muchas instituciones para que su operatividad vaya acorde a lo que se necesita de parte de ellas. En relación a la parte de seguridad pública, es urgente la inversión en infraestructura, modernización, personal y bienestar social de sus miembros.

De todos es conocido que el tema de seguridad es imperativo para el bienestar de nación; pero los presupuestos desproporcionados y la falta de recursos están siendo factores de decadencia y de ineficacia en la seguridad de la nación.

PROPUESTAS

EEI1 Efectuar medidas para hacer reformas de ley que tengan un impacto positivo en la eliminación de la evasión y la elusión de impuestos.

EEI1-M1 Crear una plataforma de consulta pública que emita propuestas de acción en contra de la evasión y la elusión.

EEI1-M2 Realizar una consulta específica con los auditores e inspectores del Ministerio de Hacienda para que ellos puedan verter recomendaciones de manera reservada en relación al combate de la evasión y la elusión fiscal.

EEI1-M3 Realizar propuestas de ley basadas en los resultados de las mesas de consulta ciudadana y técnica del Ministerio de Hacienda.

EEI2 Realizar auditoría del seguimiento de casos de evasión y elusión en la Fiscalía General de la República, con el fin de evaluar la mejor forma de agilizar los procesos y tener una mejor recaudación de dichos recursos.

EEI3 Desarrollar un estudio financiero de inversión para el área de Seguridad Pública que pueda ser sostenible a largo plazo.

D.   DIAGNÓSTICO: GRUPOS CRIMINALES

Descripción del problema

Los grupos criminales que hoy asolan al país en modalidad de pandillas, conocidas como maras, surgieron en los Estados Unidos y se reprodujeron en El Salvador. Cuando los procesos de deportación transportaron esta nueva modalidad de crimen a nuestro país, encontró territorio fértil para su proliferación. Las condiciones de pobreza y un modelo económico excluyente se juntaron con una pobre presencia territorial del Estado. Todo lo anterior brindó un ambiente propicio a las maras para insertarse, expandirse y fortalecerse en El Salvador. En la actualidad, las pandillas tienen presencia territorial de esta forma en el país:

MUNICIPIOS CON PRESENCIA Y ESTRUCTURAS DE MS-13

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FUENTE: Reporte CTA - PNC

 

 

 

 

MUNICIPIOS CON PRESENCIA Y ESTRUCTURAS DE MS-18

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FUENTE: Reporte CTA-PNC.

La expansión territorial de estos grupos criminales es innegable, así como el impacto producido en la vida del ciudadano común, destruyendo la paz de su día a día al obligarlo a desplazarse forzadamente de su lugar de vivienda a voluntad de los grupos criminales. El ciudadano es atemorizado en sus rutinas de transporte hacia su trabajo y es explotado económicamente con el sistema de extorsión denominado “renta”. Además, es obligado a abandonar su entorno y propiedades debido a amenazas. Lo mismo aplica a la economía nacional, pues tanto las pequeñas, medianas y grandes empresas resienten la necesidad de contar con la venia de estos grupos para establecer puntos de venta y rutas de distribución. Sobre todo, las empresas son impactadas en su economía, por el pago de extorsiones, el alto costo de contratar seguridad privada y las amenazas mortales a su personal.

Por otra parte, el impacto de estos grupos criminales en la sociedad va más allá de la parte económica, pues son uno de los grandes obstáculos para el futuro del país, ya que su accionar es responsable de la mayoría de los crímenes que mantienen a El Salvador como uno de los países con los más altos índices de muertes violentas y asesinatos de menores de edad en el mundo.

CUADRO COMPARATIVO DE ASESINATOS 2016-2018

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FUENTE: Reporte CAT-PNC

El cuadro anterior nos brinda las figuras de asesinatos mensuales para el periodo 2016-2018. Parece que la capacidad del Estado para alcanzar una mayor reducción de asesinatos desaparece a medida que pasa el tiempo. Es posible que la tasa de asesinatos se ha estancado a niveles de epidemia, a pesar de haber probado políticas públicas de Mano Dura, Súper Mano Dura, Tregua y Medidas Extraordinarias de Seguridad. Es por esto que es necesario traer Nuevas Ideas al tratamiento de la criminalidad en El Salvador.

Para poder innovar en el combate de la criminalidad, reducir los altos índices de asesinatos, eliminar la epidemia de extorsiones y brindar paz y seguridad a la sociedad, primero es necesario reconocer las causas y efectos de este fenómeno, que se resumen en el cuadro siguiente:

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Este plan contempla propuestas de soluciones para cubrir las tres grandes causas de la inseguridad que señala el diagrama. Se fortalecerá a las instituciones y se combatirá el crimen organizado y los grupos delincuenciales, pero también se dará especial énfasis a la falta de oportunidades que se derivan del modelo económico excluyente en el que se ha mantenido el país. Esto, porque se reconoce el impacto positivo que tendría la creación de oportunidades de vida entre la población joven, quienes son el objetivo demográfico de reclutamiento de estos grupos criminales. 

En resumen, se realizará una intervención directamente en las comunidades llevando oportunidades culturales, educativas, deportivas y de emprendimiento, dirigidas a la juventud, comenzando desde la primera infancia en adelante. Así, podremos arrebatar de las garras de los grupos criminales a la juventud que tendrá opciones reales para un proyecto de vida que sea cualitativamente superior al que ofrecen las pandillas. Para poder llevar esto a cabo, es necesario una planificación a largo plazo, instaurando Políticas de Estado que traten el problema. Como se expresa en la introducción de este documento, se necesita también que estas políticas de largo plazo sean acuerpadas como un Plan de Nación en el que se tenga participación de la sociedad civil, sector privado y gobierno, con una visión que no comprometa el futuro de las próximas generaciones. A continuación, se explican las tres líneas de acción y las respectivas medidas que proponemos para resolver las problemáticas de inseguridad en El Salvador.

LÍNEA DE ACCIÓN 1: PREVENCIÓN (P)

Objetivo

Establecer una estrategia que sirva como herramienta de prevención de la delincuencia, con líneas estratégicas de impulso que fortalezcan las oportunidades de iniciar y continuar su proyecto de vida a la niñez y la juventud, para evitar la transferencia de patrones de violencia y disminuir las tasas de ingreso de las poblaciones más vulnerables a organizaciones criminales. El enfoque de los esfuerzos en prevención será proteger los derechos a una vida segura y productiva, el respeto a la integridad física y material de la persona, y la posibilidad de tener una vida digna. 

Se creará un sistema de apoyo en seguridad a los programas de prevención con carácter comunitario que tendrá el gobierno. Este sistema de apoyo en seguridad velará por mantener las condiciones que aseguren que los proyectos de prevención tengan éxito y, así, puedan responder a las necesidades, problemas, intereses e inquietudes de los jóvenes y ofrezcan, a ellos y a sus familias, oportunidades reales de desarrollo de sus potenciales y de sus proyectos de vida.

La adquisición de resiliencia a la violencia es un factor clave para el desarrollo del potencial individual de los jóvenes. El PNUD define la resiliencia como el conjunto de capacidades que le permiten a las personas lidiar, enfrentar y sobreponerse a las adversidades, sin comprometer sus derechos y sus opciones actuales, y futuras de desarrollo. La línea de acción en prevención de este plan tiene un énfasis en coadyuvar a fomentar, fortalecer e incrementar la resiliencia a la violencia entre la niñez y la juventud, particularmente entre la juventud temprana (15-19 años), porque este es el rango etario en que se es más resiliente a la violencia, además de ser la etapa crucial en que aumenta el ingreso de jóvenes en las estadísticas relacionadas a la violencia en el país.

Fomentar la resiliencia a la violencia en los jóvenes es esencial para la prevención, porque la construcción de ciudadanos socialmente saludables y económicamente productivos requiere que ellos puedan cursar la mayor cantidad posible de ciclos en el sistema educativo público o privado sin restricciones, además de poder desarrollar sus iniciativas de emprendimiento y actividades económicas sin que la violencia se los impida.

De acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2017, un 13 % de todos los hombres que abandonan la educación en la educación básica o durante el tercer ciclo, lo hacen por razones de violencia o inseguridad. Por otra parte, el país presenta altos niveles en sus indicadores de restricciones debido a la inseguridad, dadas las grandes limitaciones que tienen las personas en su comunidad para la libre circulación y el establecimiento de negocios. El PNUD calcula que en San Salvador, Cuscatlán, San Miguel, La Paz y Sonsonate, hay una incidencia mayor al 50% de jóvenes con restricciones de movimiento debido a la inseguridad (PNUD, Informe Sobre Desarrollo Humano 2018).  Al fomentar la resiliencia a estos factores, se brinda a los jóvenes una herramienta más para salir adelante con sus proyectos de vida. Para esto, proponemos las siguientes medidas en materia de prevención:

P1 Diseñar la reconstrucción del tejido social, brindando los recursos necesarios para minimizar factores de riesgo y violencia en los proyectos de transformación de espacios públicos en cualquier municipio de El Salvador.

P1-M1 Elaborar estrategias de alianzas con organizaciones de la sociedad civil para el logro de intervenciones programadas y sostenibles que reduzcan las condiciones causales de violencia, marginación y de factores de riesgo que impactan en la sociedad.

P1-M1.1 Para el caso de la transformación de espacios públicos y de la reconstrucción del tejido social, basándose en el patrón de obras de recuperación del centro histórico de San Salvador, efectuadas por la Alcaldía en el mandato 2015-2018, añadiremos el componente de participación en el diseño, elaboración y conducción de campañas educativas y de apoyo.

P1-M1.2 En materia de prevención de la violencia directa: 

Elaboración y promoción de un proyecto de Ley para la protección de la comunidad educativa, la cual sirva para tipificar, prohibir, y establecer condenas para aquellos que infrinjan con amenazas y conductas violentas, la paz y funcionamiento y seguridad de estudiantes, cuerpo docente, instituciones e instalaciones de enseñanza en el país. Esta ley puede ser extensiva a una comunidad educativa ampliada, que incluye a otros actores dentro del territorio enfrascados en estos programas educativos (ADESCOS, Agencias de Cooperación Internacional, ONGs, etc.).  

P1-M1.3 Participación en la elaboración de campañas de alerta y programas de ayuda que sirvan para aminorar los niveles de violencia directa en todas las dimensiones que ocurren en el entorno de la juventud. Por ejemplo, coordinar con comunidades y sistema educativo, campañas educativas permanentes sobre civismo vial, para que la niñez entienda cómo aminorar la intolerancia en el tráfico vehicular, entre otras.

P1-M1.4 Instalación de dispositivos de personal policial, utilizando recursos tecnológicos novedosos para brindar disuasión y seguridad (por ejemplo: reconocimiento facial para la red de videovigilancia de la PNC para prevenir y acelerar la intervención preventiva; y cámaras personales en el uniforme para los policías para dar transparencia a sus gestiones de servicio al público).

P1-M1.5 En materia de prevención de la violencia estructural:

Elaboración y promoción de un proyecto de Ley para protección de los espacios públicos el cual sirva para tipificar, prohibir y establecer condenas en contra de quienes atenten, amenacen o impidan la circulación, permanencia o la conducción normal de actividades de esparcimiento en lugares denominados como públicos y que sirvan para el libre esparcimiento de la niñez, juventud y grupos familiares.

P2 Contribuir a desarrollar una cultura de prevención de la violencia a través de la protección y desarrollo de la niñez y la juventud; otorgando los recursos humanos y materiales necesarios para brindar seguridad y viabilidad a los proyectos que velan por establecer mayores niveles de resiliencia a la violencia entre la población vulnerable.

P2-M1 Contribuir en el diseño de centros de desarrollo comunitario, enfocado en la prevención de la violencia y reducción de niveles de ingreso a las organizaciones delictivas.

P2-M2 Reutilizar los espacios especializados (por ejemplo: instalaciones deportivas y culturales) de las instituciones de seguridad pública, para crear más y mejores espacios recreativos, formativos y de emprendimiento, dentro de las iniciativas de reconstrucción de tejido social. En el caso de las instalaciones o espacios sin utilizar del EDS, efectuar un inventario y un estudio sobre su readecuación para los fines propios de la reconstrucción del tejido social.

P2-M3 Creación de la función de Policía Escolar como especialización dentro de la Policía Nacional Civil (PNC), la cual tendrá su base en principios cívicos, morales, deportivos y de convivencia social con la finalidad de que colabore en el mejoramiento de los valores, el ambiente escolar y la disciplina en los centros educativos; participando en todas aquellas actividades que pudieran realizarse junto a la comunidad educativa.

P2-M4 Elaboración y promoción de una Ley sobre educación sexual que esté basada en el lado afectivo de la educación sexual, con la finalidad de brindar herramientas de autoestima y de conocimiento de la inviolabilidad de sus cuerpos a todos los menores de edad. Lo anterior, con la finalidad de brindar conocimiento que sea conductivo a reducir los niveles de violación de menores, embarazos no deseados productos de violación y asegurar canales seguros de asistencia y apoyo a víctimas, así como canales seguros para la denuncia de dichos hechos.

P2-M5 Buscar erradicar las prácticas de violencia simbólica, como lo es el estigma social que experimentan jóvenes que habitan en comunidades de alta peligrosidad y que dificulta su entrada a la fuerza laboral, debido a las preconcepciones y los altos costos de las medidas de seguridad que toman los empleadores.

P2-M5.1 Establecer un diálogo con el sector privado para crear un sistema de facilitación de ingreso a la vida productiva de los jóvenes.  

P2-M6 Contribuir (PNC y FAES) en el diseño e implementación de programas de intervención en centros escolares, que estén destinados a establecer dinámicas y prácticas contra la violencia, siguiendo los hallazgos del Observatorio de Centros Educativos Públicos del Ministerio de Educación, con la finalidad de aumentar el número de centros clasificados como experimentando contextos de violencia controlada, que es la clasificación de contexto de violencia menor de las tres existentes. Dicha clasificación se caracteriza por tener pocas manifestaciones violentas e inseguridad en el interior y en el exterior de los centros educativos. Particularmente, se velará por contribuir en la elaboración de programas que velen por incrementar la disciplina y control por parte de docentes y directores, dado que significan unas de las principales características para tener centros educativos menos violentos.  

P3 Presentar propuestas para el fortalecimiento del financiamiento a las actividades de prevención y reinserción bajo el enfoque de reducción de costos innecesarios y la atención y línea de acción priorizadas.

P3-M1 Incrementar las partidas presupuestarias asignadas a la PNC y la FAES destinadas al apoyo y realización de actividades de prevención de violencia en la comunidad educativa y promoción de resiliencia a la violencia en la juventud.

P3-M2 Gestión de donación de bienes inmuebles administrados por el CONAB, mediante el proceso de Ley de Extinción de Dominio, para disminuir el costo de arrendamiento de inmuebles de la PNC.

P3-M3 Analizar nuevas modalidades de cooperación y financiamiento internacional para estas actividades. 

P4 Acompañar las acciones de prevención por vía de la reconstrucción del tejido social con un Sistema Policial Inteligente, en el cual la policía fusione el análisis de datos estadísticos y la información de inteligencia para lograr la prevención del crimen en las siguientes formas:

1.     Identificando, mitigando y eliminando aquellas condiciones que permiten o promueven la actividad criminal.

2.     Aplicando la ley dirigida a los delincuentes más activos y violentos.

P4-M1 En este Sistema Policial Inteligente se aplicará un proceso que genera análisis a partir de la información obtenida de datos relevantes, para adquirir el conocimiento y diseñar la planificación que permitirán utilizar tácticas y tecnologías modernas para apoyar la reconstrucción del tejido social, teniendo un impacto positivo en la seguridad del entorno donde se llevarán a cabo las actividades.

P4-M2 El Sistema Policial Inteligente necesita de estructuras, iniciativas e infraestructura que estén desplazadas in situ. Para ello, se recurrirá a fomentar el concepto estructural de la Delegación Modelo. Esta delegación policial es un servicio integral donde se operará de una forma integral. En la Delegación Modelo se destacarán elementos policiales con liderazgos naturales, los cuales serán capacitados en programas de prevención. Se generará un servicio de Policía Comunitaria que recopile inteligencia, realice investigaciones y tenga el equipo para llevar a cabo su labor. En esta Delegación Modelo también se tendrá un espacio para el programa de Policía Escolar, el cual esta detallado en la sección P2-M3 de este plan.

P4-M3 Modernización con tecnología de punta e integración de un solo sistema de emergencias a nivel nacional, donde estén integrados los diferentes actores como Cruz Roja, Comandos de Salvamento, Bomberos, COEN y PNC, entre otros, con la finalidad de brindar atención con eficiencia y eficacia a las emergencias de la población.

P4-M4 Implementación del primer sistema de cámaras con capacidad de reconocimiento facial en diferentes puntos del país, interconectados con las instituciones que velan por el cumplimiento de las órdenes judiciales de capturas e inteligencia policial, combinados para la prevención de los hechos delictivos. Lo anterior, con la finalidad de poder reaccionar de forma anticipada ante cualquier evento registrado que amerite intervención.

P4-M5 Brindando un entorno más seguro al contribuir a reducir los asaltos y venta de drogas en las comunidades. Es necesario un énfasis en los asaltos y la distribución de drogas, pues son los hechos que tienen mayor incidencia en bajar los niveles de resiliencia a la violencia entre la juventud, al ser los más frecuentes.

P5 Fortalecer los vínculos entre la sociedad y las autoridades de seguridad pública, como elemento fundamental para la atención de poblaciones en riesgo.

P5-M1 Fortalecimiento de los comités municipales de prevención de la violencia.

P5-M2 Aceleración en la implementación de la Política Nacional para la convivencia escolar y cultura de paz.

P5-M3 Promoción de mecanismos concursables para proyectos que contribuyan a generar capital social y eficacia colectiva en las comunidades.

P5-M4 Implementar talleres de sensibilización y capacitación a la FAES y la PNC relacionados con el trato hacia la comunidad y las personas jóvenes, que contribuyan a la eliminación de los estigmas.

P6 Revisar y recuperar lo mejor del “Plan El Salvador Seguro”, especialmente las buenas prácticas de los programas “Jóvenes con todo”, “Recuperación de Espacios Públicos” y “Escuela Seguras y de Tiempo Pleno”

P6-M1 Retomar y mejorar el planteamiento de “Jóvenes con todo”, que buscaba el acceso y generación de nuevos empleos dignos para jóvenes, a fin de prevenir la incorporación a grupos delictivos.

P6-M2 Se generarán acciones articuladas y coordinadas entre la organización de la comunidad y las instituciones municipales y del gobierno central, con la finalidad promover la participación, la creatividad, identidad y convivencia. Lo que contribuye a la reconstrucción del tejido social y la recuperación de espacios públicos.

P6-M3 Retomar y mejorar el programa “Escuelas Seguras y Tiempo Pleno” para ampliar la cobertura y así beneficiar a más docentes y estudiantes de todo el territorio salvadoreño.

LÍNEA DE ACCIÓN 2: COMBATE A LA DELINCUENCIA (CD)

Objetivo

Contrarrestar efectivamente el accionar de los grupos criminales, dotando de condiciones y herramientas a las instituciones para generar mejoras en la seguridad ciudadana.

CD1 Fortalecimiento de la investigación científica del delito

CD1-M1 Integrar, normar, estandarizar y sistematizar la recolección, almacenamiento y utilización de la información sobre crímenes y violencia que obtiene el Instituto de Medicina Legal, PNC, FAES, FGR, DGCP y OIE, enfocando los estudios que de esa información se deriven en la investigación y combate de la delincuencia, con énfasis en el análisis programado de la gran data obtenida, para asegurarse que la toma de decisiones sea un producto de la información más actualizada.

CD1-M2 Modernización y fortalecimiento del Comando Conjunto de seguridad pública y el Centro de Operación y Control Operativo Policial integrando la Fuerza Armada, la Fiscalía General de la República, la Dirección General de Centros Penales y el Organismo de Inteligencia del Estado.

CD1-M3 Crear el laboratorio de ADN para poder diseñar e implementar un sistema de registro y análisis de criminales para la investigación del delito, así como para facilitar el reconocimiento de víctimas de crímenes y contribuir a reducir el número de desaparecidos o víctimas no identificadas de muertes violentas.

CD1-M4 En el campo de la política exterior, gestionar políticas regionales orientadas a combatir la delincuencia organizada a través de los mecanismos de la integración centroamericana y tomando en cuenta las iniciativas que al respecto puedan proponer los países que son parte de la ruta y/o destino del narcotráfico. 

CD1-M5 Gestionar, dentro del marco de la seguridad, una comisión regional (centroamericana y del Caribe) de intercambio de información sobre actividades de crimen internacional.

CD1-M6 Fortalecer el programa de protección de víctimas y testigos relacionados con la delincuencia organizada, buscando soluciones regionales como el establecimiento de un programa de protección de testigos transnacional.

CD2 Combate a la delincuencia con base en indicadores de alto riesgo

CD2-M1 Crear un sistema moderno de mapeo de zonas de alta peligrosidad con tecnología de punta (posicionamiento de GPS, imágenes satelitales y sistemas de monitoreo en tiempo real) para enfocarse en el fortalecimiento de las labores preventivas, disuasivas e investigativas del aparato de seguridad del Estado.

CD2-M2 Estudiar y reconocer el alcance estadístico y humano del fenómeno de desplazamientos forzados por causa de los grupos criminales en zonas de alto riesgo, con la finalidad de establecer las políticas públicas correspondientes a erradicarlo y a reinsertar a los afectados dentro de sus entornos originales, especialmente si son propietarios de inmuebles que debieron desalojarlos por las amenazas provenientes de grupos criminales.

CD3 Presencia policial en zonas urbanas y rurales

CD3-M1 Fortalecer la presencia territorial del Estado utilizando nuevas tecnologías para incrementar la vigilancia de la PNC y la Fuerza Armada, mientras se les brinda menor exposición a factores de riesgo a sus miembros. Con estas nuevas tecnologías se busca expandir su alcance de vigilancia y capacidad de respuesta en tiempo real.

CD3-M1.1 Establecimiento de una red de vigilancia virtual que incluya cámaras de videovigilancia, patrullas capacitadas con drones equipados con visión nocturna y visión térmica, a fin de poder captar agrupaciones sospechosas con las cámaras, desplazar los drones y poder así discernir los riesgos y respuestas policiales adecuadas.

CD3-M1.2 Asignación e instalaciones de monitoreo de videovigilancia de la PNC en los municipios y cabeceras departamentales a nivel nacional como fuentes de seguridad ciudadana.

CD3-M1.3 Asignación de drones a las delegaciones, subdelegaciones y puestos policiales para desarrollar la modalidad de patrullaje aéreo y monitoreo de comunidades de alta incidencia delincuencial.

CD3-M1.4 Dotar a los equipos y patrullas móviles en el terreno con sistemas de consulta de bases de datos, tipo aplicación con lectores portátiles de huella dactilar, de imagen y de voz, así como proveerlos de lectores de identificación de documentos.

 CD3-M1.5 Adquisición de bloqueadores portátiles de señal telefónica y de radio para uso en operativos policiales y en dispositivos de seguridad de alto riesgo.

CD3-M2 Reactivar la Policía Rural en conjunto con la FAES para evitar la expansión de estructuras criminales en el interior del país.

CD3-M3 Implementar el Plan de Seguridad Territorial Diario (PLANDIA) a efectuarse durante horas pico, para asegurar que la salida y regreso de los ciudadanos desde y hacia sus lugares de empleo cuente con la seguridad necesaria para que no se sientan amenazados en su entorno diario.

Dentro de este marco, hacer efectiva una mayor presencia de autoridades en las escuelas públicas y privadas para evitar que docentes y estudiantes sean víctimas de acoso, chantajes y amenazas. Esta presencia deberá ser conjuntada con una propuesta de Ley de protección al alumno y al maestro.

CD3-M4 Prestar vigilancia en las unidades de transporte, con presencia policial coordinada y tecnología de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial.

CD3-M5 Elaboración de un mecanismo de monitoreo en tiempo real de las rutas de transporte público, que brinde inteligencia sobre cuáles y cuántas unidades están siendo utilizadas, su geolocalización y su participación en ese momento, en programas coordinados de vigilancia. Este mecanismo de monitoreo debería dar acceso a las cámaras de video de las unidades participantes.

CD4 Ampliar las funciones de la Fuerza Armada en función de brindar seguridad perimetral cuando los privados de libertad (PDL) efectúen trabajos de mantenimiento de instituciones del Estado en programas de reinserción productiva.

CD4-M1 Crear un Batallón de Policía Militar Penal (BPMP) con distribución geográfica basada en las unidades militares existentes. El BPMP podrá desplegarse a mínimo costo, hacia las instalaciones estatales donde los PDL efectúen labores y ahorraría gastos de contratación de seguridad privada.

CD5 Mejoramiento de capacidades y habilidades de las instituciones que combaten la delincuencia

CD5-M1 Diseño e implementación de un programa educativo y de entrenamiento para los Cuerpos de Agentes Municipales de todos los municipios del país, con la finalidad de brindarles mayores capacidades y herramientas para el desempeño de su labor. Establecer un pénsum obligatorio en línea o que incluya Derechos Humanos, Técnicas Investigativas, Técnicas de Detención y Registro, Iniciativas de Desactivación de Conflictos y Técnicas de Recolección de Inteligencia Policial. Este sería acompañado de un pénsum presencial, el cual se coordinaría con PNC, ANSP, FAES, FGR.

CD5-M2 Elaboración de un plan de renovación y modernización de armamento, equipo y tecnología de las instituciones involucradas en el combate a la delincuencia.

CD6 Dignificación de las condiciones laborales y de bienestar social de los miembros de la PNC y FAES involucrados en los planes de seguridad pública.

CD6-M1 Aumento salarial de hasta un 40% para los policías de nivel básico y los soldados involucrados en los planes de seguridad pública.

CD6-M2 Implementación de un programa de salud mental nacional, para el apoyo del personal que trabaja en las instituciones que velan por la seguridad pública, proporcionándoles beneficios psicológicos para el mejoramiento de sus actividades laborales.

CD6-M3 Fortalecer el fondo de ayuda a familiares de miembros de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, caídos en el cumplimiento del deber, y ampliar el programa de salud mental para ellos.

CD6-M4 Implementar un programa de “Vivienda segura”, que resuelva el déficit habitacional y de seguridad geográfica a miembros de PNC y FAES.

CD6-M5 Proporcionar soluciones concretas a la alta tasa de endeudamiento financiero y excesivas tasas de embargo de sueldos que experimentan los miembros de corporación policial (administrativo y operativo) y Fuerza Armada, por vía de una mesa de diálogo entre gobierno y sector privado.

CD6-M6 Reformar la Ley de la Carrera Policial, en función de velar por los derechos adquiridos dinamizando los ascensos y los retiros de los miembros de la corporación policial.

CD6-M7 Reformar y actualizar la Ley de la Carrera Policial, con la finalidad de permitir la motivación y compromiso del personal policial en todos sus niveles, desde el básico hasta el superior, con un enfoque en el fortalecimiento del bienestar personal, jurídico y legal, así como también mejorar y revisar los diferentes actores y factores del ciclo de la carrera policial desde el ingreso hasta su terminación, logrando promover los ascensos en los tiempos que establece la ley.

CD6-M8 Revisión y reforma del escalafón del personal policial profesional de carrera y agentes de autoridad en los términos que menciona la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, considerando realizar ajustes que apoyen al fortalecimiento del bienestar policial y promover incentivos salariales dignos.

CD6-M9 Creación y aprobación del escalafón para el personal administrativo y técnico que labora en la Policía Nacional Civil y en la ANSP, con la finalidad de reconocer los años de servicio en dicha institución, retribuir y evitar la marginación que desde la creación de la institución ha tenido dicho personal civil, integrándolos y no marginarlos del resto del personal policial.

CD6-M10 Desarrollar e implementar un plan de evaluación del desempeño para los educadores y personal de la ANSP, y la implementación sistemática de evaluaciones de la capacitación y la enseñanza, que permitan tener una planta docente capaz de implementar y aportar al desarrollo de la enseñanza y la currícula en las diferentes materias de los futuros agentes de la PNC y de los niveles de ascenso de grado, desde los niveles básicos ejecutivos y superiores, que permita identificar las debilidades del personal actual y las mejoras que se puedan implementar para la capacitación continua del personal.

CD6-M11 Desarrollar a la ANSP como una entidad de educación superior que permita la mejora continua de las currícula de estudio, con el objetivo de que pueda colocarse como las mejores instituciones de educación para el desarrollo del personal orientado en la seguridad pública a nivel mundial, impulsando el desarrollo y el uso de las tecnologías de información y la utilización de herramientas de inteligencia para mantener un personal capacitado y orientados al trabajo de la PNC.

CD6-M12 Selección de personal competente para las diferentes áreas estratégicas de la ANSP, desde la dirección e incluyendo la diferentes jefaturas que conforman el órgano funcional y operativo, con la finalidad de incorporar personal capacitado que permita la introducción y mejora continua de las tecnologías de información, la incorporación de metodología para la educación superior y participación activa en todo el proceso de ascenso de los aspirantes a agentes y los diferentes niveles de promoción.

CD7 Creación de una agencia de gobierno que vele, de manera centralizada, por el tema de control de las armas de fuego en el territorio nacional.

CD7-M1 Reforma de Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares para adaptarla a las funciones de la agencia que será creada para el fin estipulado en CD7.

CD7-M2 Implementación de planes de intercambio de armas con el “Plan cambia tu arma por alimento” con el apoyo de organismos internacionales.

CD7-M3 Elaborar un plan de entrega de armas de fuego artesanales, armas de fuego no registradas o armas de fuego modificadas.

CD 8 Prevenir la infiltración del crimen organizado en el sistema de seguridad pública

CD8-M1 Robustecer los protocolos de seguridad, con la colaboración de entidades y personal de carácter multidisciplinario para reducir la infiltración de delincuencia organizada y grupos criminales en instituciones encargadas de aplicar ley (PNC, FGR, sistema judicial).

CD9 Implementación de medidas especiales de austeridad en las instituciones involucradas en la seguridad pública, con la finalidad de combatir y prevenir la mala utilización y despilfarro de los recursos humanos, logísticos, operativos y tecnológicos y que permitan focalizarlos directamente en la operatividad de la prevención y combate al crimen, lo cual posibilitará proveer de mejores recursos a todas las unidades especializadas y tecnológicas.

LÍNEA DE ACCIÓN 3: REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN (RR)

Objetivo

Desarrollar una estrategia integral que sirva como herramienta para la rehabilitación social y reinserción productiva para la niñez y juventud que ha estado forzada a involucrarse en actividades criminales, así como también para los privados de libertad.

Al primer público se le brindará asistencia de protección y tratamientos de salud física y mental, así como perspectivas de futuro, para que pueda volver a su entorno de vida original. Principalmente, se les darán espacios y oportunidades para que quienes han tenido conflictos penales puedan volverse resilientes a la reincidencia criminal.

Por su parte, con los privados de libertad, se buscará disminuir los niveles de hacinamiento, sobrepoblación carcelaria y reincidencia, así como también asegurarles la debida extensión de habilidades laborales y de emprendimiento necesarias para su reinserción en la vida económica productiva del país, una vez recobren su libertad al final de su condena.

RR1 Integración de gabinete interinstitucional de reinserción que velará por reintegrar a los menores en riesgo social dentro del sistema educativo.

Esta interinstitucionalidad estaría formada por MJSP, MINED, MDN, CSJ, FGR, Gabinete de Bienestar Social, ISNA, CONNA, centros de atención y resguardo de menores a nivel departamental, empresa privada, SILOC y ONGs.

RR1-M1 La Fuerza Armada y la institución responsable de la niñez y juventud ejecutarán un programa de formación integral que incluya los siguientes aspectos: adiestramiento físico, disciplina, moral y cívica, defensa personal y capacitación vocacional.

RR1-M2 Establecimiento de un plan interinstitucional para formación, disciplina y capacitación vocacional en la niñez y juventud que ha estado forzada a involucrarse en actividades criminales.

RR2 Reconocer y respetar los derechos de niñas y niños que están involucrados con el sistema penal, ya sea porque residen junto a sus madres en unidades penales del sistema cerrado o porque tienen familiares privados de libertad.

RR2-M1 Desarrollar un diagnóstico sobre la situación de los derechos de niñas y niños que residen junto a sus madres en unidades penales del sistema cerrado, identificando nudos críticos y proponiendo vías de resolución a los mismos.

RR2-M2 Consolidar una mesa de trabajo permanente interinstitucional a fin de establecer lineamientos administrativos y técnicos que garanticen el respeto irrestricto de interés superior de niñas y niños que residen en unidades penales del sistema cerrado junto a sus madres, así como los derechos de ellas y de mujeres embarazadas.

RR2-M3 Reconocer y promover los derechos de niñas, niños y adolescentes en el marco de sus visitas a familiares privados de libertad a los recintos penitenciarios.

RR2-M4 Desarrollar un protocolo interinstitucional que establezca un procedimiento que cautele los derechos de niñas, niños y adolescentes que ingresan a una unidad penal para visitar a sus progenitores o adultos significativos.

RR2-M5 Incorporar buenas prácticas en el trabajo penitenciario para orientar la interacción de los funcionarios con niñas, niños y adolescentes.

RR2-M6 Generar instancias de formación de los funcionarios penitenciarios en materias vinculadas a la normativa nacional e internacional aplicable a la infancia y adolescencia.

RR2-M7 Modificar la infraestructura carcelaria a fin de que contemple espacios amigables y aptos para las visitas de niñas, niños y adolescentes.

RR3 Evaluar la implementación del sistema de penas sustitutivas, su impacto en el sistema penitenciario y en el proceso de reinserción social de las personas que accedieron a una pena en libertad.

RR3-M1 Establecer una mesa de trabajo entre todos los que integran el Ministerio de Seguridad y Justicia, Derechos Humanos y otros actores relevantes al objeto de sentar las bases para la evaluación y monitoreo del sistema de penas sustitutivas.

RR3-M2 Realizar estudios que permitan evaluar los resultados e impacto del sistema de penas sustitutivas. Con base en los resultados, sugerir modificaciones legales o reglamentarias para subsanar los nudos críticos detectados.

RR3-M3 Diseñar e implementar un sistema de monitoreo permanente de las penas sustitutivas que permita extraer información acerca de la utilización de este sistema y la reincidencia de las personas condenadas.

RR4 Asegurar el acceso, calidad y pertinencia de la oferta educativa dirigida a las personas condenadas.

RR4-M1 Asegurar la oferta educativa en todos los recintos penitenciarios del país. Diagnosticar brechas y necesidades de las personas condenadas para el adecuado ejercicio del derecho a la educación.

RR4-M2 Fortalecer la coordinación entre la oferta educacional, los planes de reinserción social desarrollados por la Policía Nacional Civil y la administración de centros penales.

RR4-M3 Establecer mecanismos de coordinación con el Ministerio de Educación a fin de relevar las particularidades de la educación en contextos de encierro.

RR4-M4 Promover la continuidad de los estudios de las personas atendidas por la Administración de Centros Penales.

RR4-M5 Evaluar técnica y presupuestariamente la ampliación de la oferta educacional en contextos de encierro (educación técnico profesional y universitaria).

 

RR5 Garantizar el acceso a las prestaciones de salud de las personas privadas de libertad de manera oportuna y de calidad.

RR5-M1 Diagnosticar la situación de la salud penitenciaria en El Salvador, mediante la ejecución del proyecto “Definición del nuevo modelo de gestión de la salud penitenciaria”.

RR5-M2 Implementar un nuevo modelo de atención de salud dirigido a las personas privadas de libertad, eficiente y coordinado, aplicado a nivel nacional.

RR6 Brindar mayores oportunidades de capacitación laboral para incrementar las posibilidades de una reinserción exitosa a la vida productiva. 

RR6-M1 Desarrollar un diagnóstico sobre la cobertura, calidad y pertinencia de las capacitaciones laborales ofrecidas por el sistema actual de reclusión.

RR6-M2 Incorporar la certificación de competencias laborales de las personas privadas de libertad a través del MINED, INSAFORP, etc.

RR7 Revisión del marco legal y fortalecimiento del recurso humano penitenciario destinado a implementar programas de libertad condicional y fases de confianza.

RR8 Ampliación y fortalecimiento del programa de gestión penitenciaria “Yo cambio”

RR8-M1 Implementar iniciativas novedosas para lograr que este programa cubra la mayor cantidad posible de privados de libertad (PDL), con iniciativas que fomenten su buena conducta, les brinden oportunidades educativas que les den habilidades laborales para su reinserción a la vida productiva de la nación. Igualmente, facilitar que el Estado tome provecho de la fuerza laboral que representan los PDL para el mantenimiento de infraestructura y en la provisión de servicios que por hoy son pagados a entidades privadas, y que esto signifique una mejor utilización de recursos estatales.

RR9 Sustitución del ocio carcelario por reinserción a la vida productiva

RR9-M1 Crear el Instituto Penal de Capacitación para la reinserción a la vida económica y productiva (ICREA), el cual es más un esquema educativo que un local físico. Este contaría con capacitaciones, presenciales y en línea, en habilidades productivas, que darían a los PDL una certificación educativa en un oficio en demanda por el mercado laboral.

RR10 Implementar el Proyecto permanente de manutención de infraestructura educativa por privados de libertad (PROMANED).

RR10-M1 PROMANED estaría conectado a la dignificación de las posibilidades de reinserción de los PDL a la vida productiva, pues les daría la experiencia para optar por empleos o montar sus negocios, una vez cumplida su sentencia.

RR10-M2 Este proyecto requeriría de ampliar las funciones de la Fuerza Armada en función de brindar seguridad perimetral cuando los privados de libertad efectúen trabajos de mantenimiento en programas de reinserción productiva, por medio del Batallón de Policía Militar Penal (BPMP).

 

 

RR11 Desarrollar un programa de inversión público-privada para la creación de empresas productivas penitenciarias, que gestionen la elaboración de productos de uso estatal, y que sean parte de un esquema educativo, que brinde a la población reclusa ingresos para sus familias y su proceso de reinserción.

RR12 Mejorar las condiciones de habitabilidad de los recintos penales existentes en el país y fortalecer los mecanismos de supervisión de las condiciones carcelarias.

RR12-M1 Desarrollar un diagnóstico de la situación actual de las condiciones carcelarias y elaborar un plan maestro que mejore las condiciones de habitabilidad en los establecimientos penales.

 


 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Todo plan o proyecto necesita recursos para su implementación. El tema de las finanzas públicas ha sido complicado sin importar la ideología política. El Salvador se encuentra cursando desde hace varias décadas una crisis financiera y por tal razón, es necesario que todo plan de nación sea acompañado de un estudio de factibilidad presupuestaria que permita que los planes de acción se ejecuten según lo establecido.

El presupuesto que se encuentra en discusión, de ser aprobado para el año 2019, en materia de seguridad pública es el siguiente:

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Cabe aclarar que esta asignación de recursos no es suficiente para llevar a cabo todas las medidas antes expuestas; bajo este argumento, proponemos las siguientes medidas de financiamiento para su estudio:

·        Crear un departamento dentro del Ministerio de Hacienda enfocado a la gestión de cobro por evasión fiscal y que tenga acompañamiento de la Fiscalía General de la República (incrementar el ingreso a las arcas públicas sin crear nuevos impuestos).

·        Aumentar el porcentaje de multa por evasión fiscal al 75% cuando esta sobrepase los $10,000, y que el 25% de este se destinado exclusivamente a prevención.

·        Aumentar del 5% al 6% el impuesto al turismo para el consumidor extranjero y destinarlo para creación del fondo de ayuda a familiares de miembros de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada caídos en el cumplimiento del deber.

·        Evaluar vida útil de flota de vehículos en la Policía Nacional Civil y ejecutar un programa de subastas dirigido a la renovación de la misma.

·        Crear área de auditoría del empleado público, con el fin de establecer indicadores de rendimiento de la gestión pública (gestión eficiente = optimización de recursos).

·        Evaluar la guía sobre el debido proceso de terminaciones laborales en el sector público, respetando el derecho a la estabilidad laboral pero también para no celebrar la ineficiencia en las labores de Instituciones Públicas. (Gestión eficiente = meritocracia).

 

IV.            ANEXOS

A.    ALCANCES

Estimar los alcances que podría tener una política gubernamental es bastante subjetivo; sin embargo, es necesario tener estimaciones que puedan estar sujetas a una actualización y evaluación conforme los planes propuestos sean ejecutados.

Una estimación no solo nos brinda la visión de lo que nos gustaría lograr al implementar un plan o política, sino a su vez conlleva en sí misma el compromiso de las partes involucradas en su ejecución.

Ahora bien, todo alcance de un proyecto está ligado al comportamiento de medidas similares ya que las proyecciones tienen la obligación de no alejarse de la realidad histórica.

B.    COMPORTAMIENTO HISTÓRICO

TOTAL DE HOMICIDIOS DESDE EL AÑO 2015 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2018

AÑO

N.° HOMICIDIOS

2015

6,657

2016

5,278

2017

3,947

2018

3,094

TOTAL

18,976

 

AÑO

DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS POR AÑO

PROMEDIO DE DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR

2016

1,379

20.72 %

2017

1,331

25.22 %

2018

853

21.61 %

Total

3,094

22.52 %

Las estadísticas históricas nos muestran que las medidas de seguridad están dando un resultado positivo; pero no al ritmo que nuestro país necesita y que la población demanda.

AÑO

N.° HOMICIDIOS PROYECTADOS

2018

3,094

2019

2,382

2020

1,715

2021

1,149

Observando el comportamiento de las reducciones en el número de homicidios, y con las propuestas de seguridad en las áreas de prevención, combate a la delincuencia y reinserción plasmadas en este documento, estimamos que, llegada su implementación, se podrían obtener al final del año 2019 una reducción en la tasa de homicidios de un 23 % en relación a este año; y esperar una reducción de un 28 % al año 2020, lo que implicaría una tendencia al año 2021 de 33 %, con respecto al año anterior.

 

 

Traduciendo esto en el número de asesinatos por año, se estimaría reducir de 3,094 a 1,149 al año 2021, lo que implica una efectividad del 28 % en los próximos tres años en las medidas de seguridad.

 

AÑO

DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS POR AÑO

2018

712

2019

667

2021

566

TOTAL

1,945

 

AÑO

PROMEDIO DE DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR

2016

23.01 %

2017

28.00 %

2018

33.00 %