Economía


I.                  Preámbulo

El Plan Económico es uno de los pilares principales del Plan de Gobierno, siendo una instancia dinamizadora de una nueva gestión de gobierno enfocada en la gente. Por ello, es de suma importancia de cara a los objetivos globales del Plan Cuscatlán. Los elementos y acciones propuestos en el presente plan pretenden transformar los obstáculos en oportunidades, y articular a los diversos actores sociales mediante la creación de las condiciones necesarias e indispensables para el logro de un mejor desempeño económico,  lo cual es uno de los primeros pasos para alcanzar el desarrollo económico y social, en el entendido que la política económica no debe continuar promoviendo un desarrollo centralizado en ciertas áreas o sectores de la economía en detrimento de las demás, como ha sucedido de forma reiterada en los últimos gobiernos.

La concepción de esta propuesta es que hay una relación recíproca entre la economía y otros ámbitos de lo social, como la seguridad y la educación. No pueden mejorarse estas áreas sin desarrollar la economía, aunque el desarrollo económico requiere de esfuerzos paralelos en materia de seguridad y de educación, para proveer condiciones que propicien la sostenibilidad de las iniciativas ciudadanas de producción, comercialización o consumo. Sin embargo, esos temas por ser ámbitos específicos fundamentales para la mejora de bienestar de la población, su desarrollo se encuentra contemplado en apartados especiales y adscritos a planes determinados en materia de seguridad y educación. Así como, el turismo, infraestructura, tecnología e innovación, agricultura y fiscal.

Una perspectiva importante de la actual propuesta es el enfoque territorial del desarrollo, por lo que se fomentarán las iniciativas productivas en los municipios, regiones y microrregiones, tomando como elementos primarios, pero no exclusivos, el desarrollo agrícola y turístico. Según cálculos propios, con base a datos de las instituciones financieras residentes, en el país se cuenta actualmente con una capacidad de más de US$5,000.0 millones para financiar proyectos productivos, en créditos y otros activos, recursos que con incentivos adecuados serán enfocados al financiamiento de los proyectos que el sector privado emprenda.

Se evaluarán los mecanismos de asignación de fondos para emprendimientos productivos a fin de identificar dentro de los procesos de otorgamientos cuales son los cuellos de botella y/o dificultades que se presentan a los micro y pequeños productores al momento de solicitar financiamiento. La idea es simplificar los procesos para reducir los costos a los que al final se enfrentan los productores. Se procurará garantizar que los recursos de cooperación destinados a este fin efectivamente lleguen a quien los requiera a un costo realmente competitivo.

Otro elemento a tomar en cuenta es la necesidad de reconversión tecnológica de muchos procesos productivos y comerciales. La llamada Cuarta Revolución, basada en sistemas ciberfísicos, que combinan infraestructura física con software, sensores, nanotecnología y tecnología digital de comunicaciones, entre otros, ha generado nuevas configuraciones productivas y laborales, por lo que este paradigma debe retomarse para impulsar el fortalecimiento de las actividades económicas.

DIEZ IDEAS CENTRALES DEL PLAN ECONÓMICO

1.     Estandarizar la función de planificación del aparato estatal, auxiliándose de la profesionalización de la función pública y el fortalecimiento de los espacios de encuentro y coordinación interinstitucional.

2.     Propiciar el tránsito hacia una igualdad de género en los diversos ámbitos de la economía, garantizando que las mujeres tengan las mismas posibilidades de desarrollo que los hombres. 

3.     Descentralización de las instituciones y adaptación tecnológica para la facilitación del acceso a los servicios públicos. Dotando de operatividad a las instituciones situadas al interior del país y ampliando el acceso mediante el uso de nuevas tecnologías; aplicaciones y kioscos electrónicos.

4.    Fortalecimiento y mejora de las capacidades supervisoras mediante las adaptaciones en los marcos normativos que permitan contar con controles efectivos en los sectores estratégicos; aprovechamiento de acuerdos comerciales vigentes y la búsqueda de fondos alternativos para la inversión pública y privada.

5.     Desarrollo de redes sectoriales e intersectoriales mediante apoyo técnico y financiero a iniciativas colectivas, colaborativas y cooperativas, a través del establecimiento de infraestructura para la conectividad y el impulso de nuevos negocios en Centros Regionales de Distribución y Comercialización.

6.    Política Nacional de Encadenamiento y Diversificación Productiva que permita integrar y apoyar nuevos procesos productivos a cadenas de valor locales, nacionales y globales, con énfasis en esfuerzos locales y regionales de producción.

7.     Consolidación de una Banca de Desarrollo y creación de la Agencia para la Gestión y Seguimiento de Fondos de Cooperación. Instituciones orientadas hacia el dinamismo en la inversión productiva de nuevas iniciativas locales.

8.    Dignificar el empleo mediante una mejora progresiva en los términos de remuneración del trabajo, así como a través del fortalecimiento institucional del Ministerio de Trabajo para dar fiel cumplimiento a los convenios internacionales en materia de Derechos Laborales. Facilitando, promocionando e incentivando a las personas que trabajan en la informalidad a transitar a la formalidad, mediante la generación de fondos no reembolsables y líneas de crédito blandas.

9.    Creación y puesta en marcha del Instituto de Estudios del Trabajo. Como espacio de generación de conocimiento y de encuentro académico con la población trabajadora, universidades, gremiales empresariales y gobierno, de forma que pueda fortalecerse la gestión de las políticas públicas en materia laboral.

10.    Facilitación en el registro y puesta en marcha de proyectos ambientalmente amigables, fomentando la implementación de sellos y el cumplimiento de estándares internacionales.

 


II.               Diagnóstico

Uno de los obstáculos principales para El Salvador en las últimas cuatro décadas es el lento crecimiento económico, cuyas raíces se encuentran en las decisiones apresuradas y mal administradas de los gobiernos de turno, perjudicando directamente la estructura productiva de nuestra economía. Nuestra economía se ha caracterizado por mostrar una de las tasas de crecimiento más bajas de la región, bajos niveles de competitividad y una alta exposición a la dinámica internacional; todo esto dentro de un escenario de restricciones en materia de política económica, lo cual no ha permitido romper con el estancamiento económico que arrastra al país hacia condiciones de desigualdad y pobreza.

El Salvador para el año 2017 reportó una producción anual de US$24,805.44 millones, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva (BCR), con una población total de aproximadamente 6.5 millones de personas (según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos <DIGESTYC>), cifras con las cuales se estima un PIB per cápita (ingreso por persona) de aproximadamente US$3,667.14 al año, equivalente a un ingreso mensual de US$305.6.  Al contrastar ese ingreso con la Canasta Básica Ampliada para el año en referencia, cuyo costo mensual promedio oscila entre US$278.98 a US$395.90, los resultados no son tan favorables, y más preocupante es la situación, si se considera que los hogares salvadoreños están conformados por lo menos por tres personas y de estas personas un poco menos de la mitad se encuentra ocupadas, con remuneración o no.

Esto demuestra que el modelo económico implementado durante los últimos 30 años, no ha logrado impactar sustancialmente el bienestar de los hogares y por el contrario ha permitido que la brecha de desigualdad entre los pequeños grupos que disponen de mayores recursos respecto a las grandes mayorías excluidas del crecimiento económico se consolide a través de los años.

Por otra parte, se identifican dificultades estructurales que limitan la producción de bienes y servicios con mayor valor agregado que se traduzcan en un mayor ingreso a nivel nacional. Estos resultados se evidencian en el estancamiento económico que caracteriza a El Salvador, el cual se puede observar en la tasa de crecimiento económico del mismo, que ha oscilado alrededor del 2.0% durante las últimas dos décadas. Comportamiento que demuestra que el conjunto de reformas económicas e institucionales implementadas a lo largo del período de post-guerra, no han logrado catalizar la tasa de variación del PIB hacia un crecimiento sostenido e inclusivo.

Como se muestra en el gráfico No.1, luego de la recuperación económica producto de la firma de los Acuerdos de Paz, el crecimiento económico mostró una significativa desaceleración, estancándose en tasas de crecimiento entre el 0.8% al 4.3% durante el período en estudio. La crisis económica significó un fuerte golpe para la economía mostrando una reducción en la producción de 2.1% y pese a la recuperación de los años posteriores, no se logró romper con el estancamiento económico suscitado durante la década previa a la crisis.

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.1: Tasas de crecimiento del PIB (Variación del Índice de Volumen Encadenado) (En porcentaje, período 1991-2017)

Fuente: Elaboración propia con base a datos de BCR.

Estos resultados están asociados al conjunto de reformas económicas y estatales que han expuesto a la economía nacional ante el vaivén de la dinámica económica mundial, restringiendo la capacidad de acción estatal en materia de política cambiaria y monetaria a través de la ley de integración monetaria, lo cual, aunado al déficit fiscal estructural del Estado, vuelve a la economía incapaz de responder ante los shocks externos, tal como aconteció en 2008-2009.

Asimismo, El Salvador es un país que ha enfocado todos sus esfuerzos productivos al desarrollo del sector servicio, impulsado mediante la implementación de reformas económicas y fiscales, que han generado dispersión y rezago en la institucionalidad estatal. Producto de dicho esquema de acción económico los ingresos tributarios obtenidos por el gobierno provienen principalmente de las actividades del sector servicio en mención y por los agentes menos favorecidos, primordialmente generados por el consumo de los hogares y las empresas que pagan impuestos indirectos.

Dicha orientación hacia el consumo privado ha ocasionado una mayor demanda de bienes y servicios del exterior, generando así una economía del consumo y no de la producción, que ocasiona con ello que El Salvador cuente con un saldo comercial deficitario de forma estructural, de US$4,284 millones para el año 2017, según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, que en gran medida es cubierto por las remesas familiares que envían los compatriotas salvadoreños que se encuentran en el exterior, que de acuerdo al referido Banco alcanzaron los US$5,043 millones en 2017.

Respecto a los flujos comerciales, se observa como en las últimas seis administraciones gubernamentales se han profundizado los resultados desfavorables para la economía nacional, resultado de la política de liberalización comercial impulsada en los 90´s bajo la premisa de mejorar el crecimiento económico por medio de la captación de nuevas tecnologías, además, con la dolarización se perdió la política cambiaria que en el corto plazo permitía generar ventajas competitivas para los exportadores y se desplazó la producción local por importaciones al no ser capaces de competir directamente con la fabricas transnacionales.

Gráfico No.2: Flujos comerciales de El Salvador, Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial (Valores en millones de US$, período 1991-2017)

Fuente: Elaboración propia con base a datos de BCR.

Sin embargo, el déficit comercial se ve atenuado por el flujo de ingresos de divisas obtenido mediante el flujo de remesas familiares de trabajadores en el exterior. Este flujo de remesas permite atenuar el déficit en cuenta corriente, el cual es el reflejo de los requerimientos de una parte de los requerimientos de financiamiento externo que requiere El Salvador del resto del mundo.

Como se ha señalado anteriormente, el déficit comercial y especialmente el déficit en cuenta corriente expresa las capacidades económicas con la que cuentan los salvadoreños para demandar los productos y servicios que requieren del exterior. Y dicha demanda, depende en gran medida de la capacidad adquisitiva generada por la producción interna, por la demanda externa y por el flujo de remesas.

Asimismo, debido a las restricciones en los ingresos tributarios, condicionado por distintos factores estructurales, como la evasión y elusión tributaria por parte de los grandes contribuyentes, la obtención de ingresos mediante impuestos regresivos que recaen en la población con menos ingresos y la falta de cobertura a sectores que no se encuentran registrados por el fisco, han minado la capacidad de acción del Estado.

Esta situación ha provocado que el Sector Público requiera cada vez mayor financiamiento externo e interno, lo cual genera una mayor presión fiscal que restringe de sobremanera la capacidad de inversión y de implementación de políticas redistributivas en la economía salvadoreña. De esta situación se reconoce la importancia de las obligaciones financieras que tenemos como país en el año 2019, 2022 y 2023. Que en el quinquenio 2019-2024 representarán una suma cercana a cuatro mil millones de dólares, de acuerdo a cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda.

Por otro lado, en términos de acceso a la vivienda de los hogares, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva y de las instituciones financieras, se ha observado que el monto global de créditos de vivienda cada año ha ido creciendo. Sin embargo, este fenómeno se ha presentado en un entorno de inflación inmobiliaria que ha ocasionado un incremento sustancial en el precio de las viviendas, generado principalmente por el tema de la inseguridad y por localización. Parte de las dificultades principales que se presentan en el acceso a las viviendas se encuentra en las tasas de interés restrictivas para muchas familias de bajos ingresos, y un conjunto de restricciones económicas y contractuales que se establecen en las distintas instituciones bancarias.

Entre los factores más relevantes que limitan el acceso a una vivienda digna a las familias salvadoreñas se encuentra la falta de un empleo estable, digno y que permita a las personas generar expectativas de crecimiento económico. Este tipo de elementos se evidencia en el estancamiento de las tasas de desempleo del país y su relación con el crecimiento económico.

Asimismo, a pesar que la tasa de desempleo de la economía se ha estancado alrededor del 7%, se sabe que aproximadamente el 43% de la población ocupada se encuentra empleada en el sector informal, limitando aún más su acceso a créditos para vivienda. Cabe destacar que, de acuerdo a la EHPM 2017 cerca del 13.6% de la población ocupada en el sector formal se encuentra en condición de pobreza, lo cual indica que el empleo formal no es garantía de cumplimiento de ingresos dignos y que por lo tanto posibilite la adquisición de una vivienda propia.

Aunado a esto se encuentra el problema de desvinculación del Sector Financiero del país con los micro y pequeños empresarios, esto considerando que los requisitos que se exigen para el otorgamiento de financiamiento a estos subsectores de la economía son restrictivos pues la gran mayoría no cumple con los estándares legalmente establecidos y por tanto quedan excluidos del financiamiento a pesar de demostrar que sus negocios poseen tasas de retorno considerables independientemente del tamaño de éstos.

III.            Visión

Convertir a El Salvador en una economía próspera, dinámica, moderna, solidaria e inclusiva, capaz de crear oportunidades de desarrollo personal, comunitario y social para todas las personas en la sociedad, generando fuentes de trabajo e ingreso dignos para las personas que se encuentran en el país; pero, además, creando condiciones idóneas para el retorno de las personas migrantes salvadoreñas que han invertido su vida trabajando en el exterior y que deseen regresar para aportar al desarrollo del país.

El Salvador será al final del ejercicio del gobierno (2024) una economía con mayores niveles de generación de empleo, con mayor competitividad internacional, con tasas de crecimiento de la economía de al menos al 3.5%, con un déficit fiscal controlado, una deuda pública tendiente a reducirse como proporción del PIB, con un sistema de pensiones más equitativo y proclive a la inclusión, con una estructura tributaria progresiva que responda a las necesidades sociales, institucionales y ambientales, y sustentado en mayor una mayor igualdad para las personas. Tendrá una fuerza de trabajo mejor formada, mejor remunerada y más productiva, a la que se le garantizarán de forma íntegra sus derechos laborales, entre lo que se cuenta la igualdad de género en el ámbito laboral, de acceso a recursos, entre otros. Tendrá mejor infraestructura vial, de transporte y logística que responda de mejor manera a la velocidad y las necesidades de desarrollo de la economía. Será una economía con un mayor uso intensivo de nuevas tecnologías, tendientes hacia el gobierno digital, y con una mayor proporción de la población con acceso a servicios financieros.

El desarrollo de los municipios se proyectará a través de estrategias de desarrollo endógeno, que promueva el despliegue de las potencialidades productivas de cada región según sus características particulares, identidad, historia y vocación económica, fortaleciendo aquellas iniciativas que tengan un carácter comunitario o cooperativo.

IV.            Objetivos

Objetivo general

Generar empleo digno, crecimiento sostenible y una justa distribución de la riqueza, como requerimientos para el desarrollo económico y social del país, para lo cual se focalizarán los esfuerzos en crear las condiciones macro y microeconómicas que impulsen la inversión pública y privada, la remuneración justa del trabajo, la dignificación de la persona humana en el mercado y en la sociedad, y el cuido de la naturaleza.

Objetivos específicos

·     Mejorar de forma sostenida las remuneraciones al trabajo, en las diferentes áreas de actividad económica, promoviendo además una igualdad salarial entre mujeres y hombres para brindar empleo digno para todas las personas. Garantizando el respeto a la persona humana en todos los ámbitos de la economía, ya sea como personas productoras, trabajadoras, consumidoras, entre otras.

·     Desarrollar las capacidades de las economías alternativas, de forma que se mejore la sostenibilidad de las familias y de las comunidades, con especial hincapié en aquellas iniciativas de grupos vulnerables. Asimismo, se impulsará el desarrollo de proyectos de energía renovable que no comprometan los diferentes ecosistemas de los territorios y que puedan ser administrados por representaciones locales.

·     Mejorar la conectividad entre sistemas de comercialización de pequeños y medianos productores, fortaleciendo la capacidad técnica y financiera de las iniciativas productivas locales y nacionales, aprovechando el entorno económico regional.

·     Fortalecer la capacidad institucional en materia de regulación estratégica para la competitividad, volviendo la gobernabilidad una acción eficiente para el crecimiento económico, incorporando la planificación integral y la transparencia institucional como ejes transversales en las políticas públicas, fomentando la participación ciudadana y la accesibilidad ciudadana a los servicios públicos, mediante el uso de las nuevas tecnologías.

V.               Estrategias

El objetivo fundamental de la propuesta económica es, fundar las bases para que en el quinquenio 2019-2024 se dé un crecimiento económico inclusivo y sostenible, sobre la base de la justicia social, la reactivación local, la solidaridad, la generación de oportunidades para toda la población, el encadenamiento productivo, la igualdad de género, la sustentabilidad ambiental, la eficiencia estatal y la competitividad comercial.

ACCIONES

Las acciones gubernamentales a desarrollar están agrupadas en tres ejes programáticos: crecimiento económico inclusivo y sostenible, capacidades competitivas para el desarrollo y gobernabilidad eficiente.

EJE PROGRAMÁTICO 1: CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE

El objetivo del primer eje programático es garantizar la cobertura plena de los medios de vida de la población salvadoreña, mediante el acceso a ingresos dignos, la seguridad social, empleos decentes, condiciones ambientales adecuadas y servicios básicos de calidad. Para ello se requiere de un aparato estatal fuerte, transparente y accesible.

Propuesta de acción 1.1: Empleos dignos (salarios, ingresos y seguridad social)

Para lograr empleos dignos en El Salvador es necesario hacer cumplir el pago de los salarios mínimos, en todos los espacios laborales en los cuales el sector privado genere ganancias, esta acción afectaría positivamente a una parte importante de la población ocupada, cerca del 30% de dicha población, ampliando sus ingresos y el poder adquisitivo del mercado interno.

Mejorar los mecanismos de intermediación laboral públicos, que son ejercidos por diferentes instituciones al mismo tiempo y muestran poco éxito. Dicho mecanismo de intermediación debe ser dirigido por el Ministerio de Trabajo y coordinado con diversas instituciones e instancias, tanto públicas como privadas.

Ampliar las vinculaciones de centros de formación y empresas, para que la formación técnica profesional concluya en una colocación laboral. Garantizando que la población más necesitada sea la subsidiada con los incentivos a la formación, los mecanismos de intermediación laboral y colocación.

Asimismo, dichos procesos formativos estarán dirigidos a la certificación técnica para la productividad, brindando reconocimiento formal a las prácticas y habilidades laborales que requieren cierto tipo de destreza. De forma complementaria, se impulsarán talleres de desarrollo de capacidades, enfocados al mercado artesanal y atención al cliente, generando un espacio de apoyo fundamental en el desarrollo técnico y de competencias laborales, que se pondrán en práctica en ferias artesanales permanentes.

Todo el proceso formativo se encontrará dirigido al aprovechamiento de capacidades técnicas adquiridas en actividades artesanales desarrolladas en las localidades o en el exterior. Asimismo, se brindarán espacios de formación para la transición tecnológica de la comercialización y promoción de la producción local.

Estos espacios de formación estarán encaminados a la armonización de la fuerza de trabajo con las demandas reales de la economía, sin perder la función humanística de la educación atendiendo al plan de desarrollo de las fuerzas productivas, a las demandas de la economía y al futuro del trabajo. Ampliando la oferta formativa profesional vocacional y la cobertura de educación superior.

También, se impulsará la creación y puesta en marcha de un observatorio laboral que genere; estadísticas para una mejor aplicación de las políticas de empleo, investigaciones que mejoren el conocimiento de la productividad laboral, que permita identificar las mejores prácticas laborales y transferencia de información, fortaleciendo así la atención a la población en general. Dicho esfuerzo debe ser coordinado de forma conjunta con la academia, especialmente Universidad de El Salvador y el Ministerio del Trabajo.

Para ello, es necesario transitar hacia la armonización y coordinación en la inversión en educación, con la apertura de carreras, la promoción de becas y la implementación de subsidios dirigidos al ámbito laboral y los emprendimientos.

Por otra parte, se requiere ampliar la red de Centros de Desarrollo Infantil que posibiliten a la población condicionada por las obligaciones de cuidado reinsertarse a la educación o al trabajo. Para ello, se aumentará el presupuesto estatal dedicado a la atención de la primera infancia.

Se buscará la mejora en los niveles de productividad de las actividades económicas agropecuarias, mediante la mejora de los términos crediticios, el fomento del uso tecnológico adecuado, la generación de encuentros regionales de productores rurales y de artesanos, en los cuales se presentarán buenas prácticas y adaptaciones socio-ambientales para la sostenibilidad de los negocios, y mediante la integración en red para la comercialización de sus productos.

Identificar y eliminar la informalidad vinculada con grandes contribuyentes que utilizan como canal de distribución los espacios no regulados. Dicha acción estará dirigida al fortalecimiento del control para el cumplimiento de las prerrogativas laborales, protegiendo los derechos laborales de las y los trabajadores.

Se brindarán facilidades para la inscripción formal de los empleados temporales y permanentes. Y se desarrollarán incentivos a la formalización, mediante mecanismos de apoyo técnico y financiero (en líneas de créditos y fondos no reembolsables). Incorporando en ello la prestación de seguridad social a la totalidad de la población, a través de un registro amplio de las unidades económicas generadoras de empleo. Se implementarán programas de apoyo especializados para la población femenina que se encuentra laborando en la informalidad, debido a la alta proporción que representan dentro de la fuerza de trabajo informal.

En el proceso de inclusión laboral y de emprendimientos se debe trazar como medida transversal la reducción de la brecha salarial por sector, por género y por condición laboral. Apoyando de forma complementaria el acceso a una vivienda digna, mediante el financiamiento público blando y la mayor participación en la regulación en el mercado de bienes y raíces.

 

Propuesta de acción 1.2: Actividades económicas ambientalmente sustentables

Las actividades económicas ambientales centrarán su acción en el fomento al desarrollo de industrias ambientalmente responsables (reciclaje, ecoturismo y turismo arqueológico, producción agroecológica, reservorios de agua, etc.).

Asimismo, se propiciará la creación de fondos para la capacitación en temas ambientales; mitigación de riesgos, prevención, resiliencia y tratamiento de aguas residuales, entre otros. Este proceso será realizado a través de coordinaciones interinstitucionales, dirigidos al resguardo de territorios ambientalmente vulnerables.

Finalmente se desarrollarán acciones orientadas a la facilitación de trámites administrativos para proyectos ambientalmente amigables, mediante el fortalecimiento de procesos de digitalización de los registros y permisos ambientales. Así como, se fomentará la implementación de sellos y estándares ambientales internacionales en el desarrollo de la producción local.

 

EJE PROGRAMÁTICO 2: CAPACIDADES COMPETITIVAS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El desarrollo de capacidades competitivas para el crecimiento centrará todos los esfuerzos en la generación de nuevas iniciativas productivas orientadas a la comercialización en los mercados locales y nacionales. Asimismo, se potenciarán las iniciativas productivas con capacidad de comercialización mediante el encadenamiento vertical.

Propuesta de acción 2.1: Redes sectoriales

Las redes sectoriales partirán de la complementariedad de necesidades y desarrollos productivos en el territorio. Primeramente, identificando los sectores estratégicos que se puedan integrar localmente, mediante el abastecimiento de insumos a cadenas más amplias de generación de valor agregado o mediante el desarrollo de economías de escala a través de asociatividad.

Dicho proceso se desarrollará mediante asistencia técnica y financiera, así como a través del desarrollo de infraestructura para la conectividad, en áreas diversas como la generación y distribución de energía, pesca, actividades agrícolas e industria artesanal, entre otras.

El desarrollo de esta acción irá acompañado de la reducción y centralización de tramitología, dirigida principalmente al surgimiento de nuevas iniciativas productivas, fortaleciendo el capital social y generando un mapa productivo como atractivo turístico.

Propuesta de acción 2.2: Política Nacional de Encadenamiento y Diversificación Productiva

La puesta en marcha de la Política Nacional de Encadenamiento y Diversificación Productiva tendrá como base la estructura productiva nacional (madura y en desarrollo) con la cual se buscará integrar y generar nuevos proyectos productivos que cuenten con la capacidad de competir en el mercado nacional y regional.

Para ello se brindará asistencia técnica y financiera para la evaluación económica, social y ambiental sobre la factibilidad del desarrollo de los proyectos productivos, brindando seguimiento en el proceso de ejecución del proceso de integración productiva hasta volver sostenible la iniciativa productiva.

Este proceso de desarrollo y acompañamiento de proyectos productivos será complementado con estudios de nichos de mercados que se pueden establecer en las ramas de generación de mayor valor agregado, fomentando la capacitación y apoyo financiero en la transición productiva de las iniciativas aisladas hacia el desarrollo de encadenamientos productivos.

Ofrecer créditos para emprendimientos tecnológicos, como el diseño de plataformas virtuales o aplicaciones para la prestación de servicios (como las aplicaciones para la prestación de servicios profesionales de arquitectura, diseño, contabilidad, etc.).

Incentivar relaciones comerciales favorables a la producción y manufactura territorial incluida en cadenas de producción globales, hacia productos o procesos manufactureros de mayor valor agregado, así como a eslabones de diseño y comercialización (maquilas el fuerte es la manufactura, pero los diseños y la comercialización que pertenecen a las grandes corporaciones son más rentables, así como la manufactura de otros tipos de prendas).

Propuesta de acción 2.3: Fondos para el Desarrollo Productivo

El fondo para el Desarrollo Productivo será una iniciativa económico financiera que estará dirigida a los micro y pequeños productores locales, que se relacionan con la producción artesanal y de industrias creativas. Dicha competencia se realizará mediante la generación de líneas de crédito flexibles a través de consolidación de una Banca Pública de Desarrollo Productivo, que facilite el acceso a crédito a iniciativas productivas individuales y/o colectivas, que tengan como principio la generación de un mayor valor agregado en la producción local y la inclusión de principios de colaboración y sustentabilidad socio-ambiental, teniendo en cuenta las capacidades productivas del territorio y las potencialidades de los productores locales y nacionales.

Asimismo, se desarrollará una Agencia para la Gestión y Seguimiento de la Cooperación Internacional, que permita gestionar, proponer, optar y dar seguimiento a los fondos de cooperación dirigidos iniciativas productivas con impacto social en la reducción de brechas de desigualdad y la pobreza.

Propuesta de acción 2.4: Integración Regional y aprovechamiento comercial

La propuesta de acción encaminada a la integración regional y el aprovechamiento comercial, está dirigida a brindar un impulso importante a las exportaciones nacionales, mediante la mejora y facilitación de los procesos de registro y control para el tránsito de mercancía a nivel regional.

Para ello, se pretende consolidar un sistema de información en línea para el tránsito de mercancías, realizado mediante el fortalecimiento en la coordinación regional e interinstitucional para el desarrollo del comercio. Potenciando el destino regional de productos estrellas salvadoreños.

Se desarrollarán mecanismos de apoyo a la comercialización conjunta de productores locales, dicho proyecto será enfocado a la generación de una plataforma exportadora de productores agrícolas y artesanales.

Se realizarán procesos de revisión y adaptación de acuerdos comerciales con base a resultado y capacidades productivas. Asimismo, se fomentará la creación de demanda externa de productos identitarios y con alto valor agregado. Dicho esfuerzo busca integrar a la marca país, las marcas municipales, las atracciones regionales y fortalecer su promoción.

Identificar encadenamientos regionales para fomentar la provisión de insumos relacionados, aprovechando la ventaja en costos de transporte, que puedan existir, sobre todo en los bienes industriales cuyo destino es Centroamérica.

 

 

Propuesta de acción 2.5: Regulación estratégica para la competitividad

La regulación estratégica para la competitividad está dirigida hacia la atención de aquellos espacios económicos que no permiten que las fuerzas del mercado brinden la mejor distribución de mercancías y recursos posible. Dificultando la consecución del mejor resultado posible. Dicha propuesta será orientada a la creación de una comisión interministerial que esté a cargo de garantizar la no captura de las instancias reguladoras y la normativa reguladora en distintos campos de acción.

Para ello, se deben hacer adaptaciones en los marcos normativos que permitan contar con controles efectivos en los sectores estratégicos buscando un mayor beneficio social, en el acceso a bienes y servicios de calidad, eliminando las principales distorsiones del mercado.

Aplicar reformas con los efectos directos más importantes; reformas que reduzcan los obstáculos más limitantes (que logren el mayor efecto posible), en el campo del transporte terrestre y aéreo, en las telecomunicaciones, en la energía eléctrica, en el sector financiero, y en el mercado electrónico.

Asimismo, se deben fortalecer las acciones de control y seguimiento a la competencia en distintos mercados, dotando de capacidad de acción coordinada a la Superintendencia de Competencia y al Ministerio de Hacienda para garantizar el mayor bienestar de la población en cuanto a acceso y calidad. Dotar de una reforma de ley que garantice el pago de las sanciones, multas, intereses y demás penalidades monetarias, que se valen de apelaciones y dilataciones del proceso para evitar el pago.

EJE PROGRAMÁTICO 3: GOBERNABILIDAD EFICIENTE PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL DESARROLLO

El tercer objetivo de la PED es consolidar una gobernabilidad eficiente mediante la modernización, consolidación y descentralización territorial de las instituciones, facilitando a la población y a las empresas su participación en la vida económica de la sociedad. Este sería el tercer pilar del ámbito económico y pretende conformar una institucionalidad estatal acorde a las exigencias actuales del país, por lo que su principal sujeto es el Estado en función de y para la población.

Para lograr este objetivo, se plantean cinco ejes estratégicos: la planificación integral para el desarrollo, transparencia institucional para la democracia, participación ciudadana sustantiva, modernización tecnológica del Estado, supervisión y regulación con fin social. Estos cinco ejes se encuentran estrechamente vinculados entre ellos, así como con los componentes de los demás objetivos de la PED.

Propuesta de acción 3.1: Planificación integral para el desarrollo

La planificación para el desarrollo se entenderá como el conjunto de medidas institucionales coordinadas y lideradas por el Estado, que se encuentren en concordancia con sus atribuciones, recursos y necesidades sociales prioritarias, y que permitan al país lograr las metas de crecimiento económico y desarrollo humano, de forma inclusiva, sostenible y con miras al beneficio de toda la población.

Para ello, es imprescindible desarrollar instancias de formación, investigación información y comunicación que garanticen una planificación eficiente de las instituciones del Estado, mediante la inversión en investigación científica como base de la programación económica, la coordinación interinstitucional e intersectorial, las alianzas estratégicas con todos los actores sociales, la mejora de la calidad de la información pública, la profesionalización del funcionariado público y, por último pero no menos importante, la incorporación del enfoque de género y derechos humanos como principios rectores de la planificación.

De igual forma, se requiere estandarizar la planificación del aparato estatal para desarrollar procesos coordinados y coherentes, evitando la duplicidad de esfuerzos o la mala utilización de los recursos estatales. Esto implica una apuesta por fortalecer los espacios de encuentro y coordinación interinstitucional a través de la SETEPLAN, estandarizar el diseño, ejecución y rendición de cuentas presupuestarias con base en resultados tangibles para la población; así como crear mecanismos de comunicación interinstitucional que faciliten la coherencia de metas y objetivos del Estado.

De forma complementaria se debe propiciar en conjunto con la comunidad académica la profesionalización del funcionariado público que permita una atención plena a los usuarios de los servicios públicos. 

Propuesta de acción 3.2: Transparencia institucional

El eje de transparencia institucional está enfocado en garantizarle a la población que las instituciones y el funcionariado público trabajarán con eficiencia y calidad, pero también con transparencia y honestidad a favor del bien común; con ello se mejorará la credibilidad de las instituciones y se realizará una labor más eficiente en toda la prestación de servicios a la población.

Una labor institucional transparente requiere profundizar la disponibilidad y el acceso de la información pública a toda la población, mediante una mejor divulgación de la información de las instituciones públicas, haciéndola asequible a toda la población, especialmente a quienes tradicionalmente han sido relegados del accionar del Estado. Asimismo, se debe garantizar la rendición de cuentas de todas las instituciones públicas, con un carácter participativo e intersectorial.

Por otro lado, es una de las prioridades del plan de gobierno la implementación de medidas de combate a la corrupción a todo nivel del aparato estatal. Por lo que se deben brindar mayores recursos a las comisiones de ética institucionales, promoviendo su liderazgo; se debe hacer una gestión presupuestaria en las instituciones tomando como principal criterio las necesidades de la población y la garantía de sus derechos humanos, y se debe colaborar con el Ministerio Público en la judicialización de casos de corrupción.

 

 

Propuesta de acción 3.3: Participación ciudadana

El eje de participación ciudadana se refiere a la promoción del empoderamiento ciudadano y de la participación democrática en la toma de las decisiones institucionales a todo nivel, en el entendido de que una verdadera democracia sólo se puede lograr a través de un estrecho vínculo entre el Estado y el pueblo.

Para avanzar en este eje, se requiere fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y de contraloría social, creando instancias de diálogo entre las instituciones estatales y la sociedad civil, especialmente con sectores históricamente vulnerados o marginados. Una de estas instancias será una comisión intersectorial de seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Igualmente se vuelve prioritario la promoción de una cultura institucional de acceso a la información y una cultura ciudadana de denuncia sobre los actos de corrupción de servidores públicos, fortaleciendo la profesionalización técnica y humana de los servidores públicos.

Otro componente de este eje lo constituye la descentralización territorial de las instituciones, acercando todos los servicios públicos a la población. Para esto, el Estado debe fortalecer las alianzas estratégicas con las organizaciones de la sociedad civil, quienes son parte fundamental para el éxito de un gobierno con participación ciudadana. Se debe acercar los servicios institucionales a los territorios, especialmente aquellos servicios que permiten una mayor garantía de los derechos humanos. Sin duda también es importante hacer alianzas estratégicas con la empresa privada para una mejor planificación intersectorial en los territorios en ámbitos que fomenten la competitividad y el desarrollo.

Propuesta de acción 3.4: Modernización tecnológica

La modernización tecnológica tiene como objetivo la mejora de los procesos institucionales y la prestación de servicios a la sociedad a través de un uso racional y oportuno de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como aquellas aplicadas a la producción y a la preservación del ambiente.

Un primer componente de este eje lo constituye la adaptación de los procesos institucionales a formatos digitales y al acceso vía internet. Para ello se requiere consolidar la digitalización de los procesos institucionales y volverlos más expeditos y amigables para la población. Asimismo, se deben desarrollar procesos de tramitología institucional fácil, mediante el uso de aplicaciones y puntos de acceso electrónico. Este componente también debe propiciar el uso de tecnologías y fuentes energéticas que no dañen el medio ambiente, tanto en las instituciones estatales como en la sociedad en general.

El segundo componente de la modernización es la mejora de las capacidades estatales en tecnologías de la comunicación e información. Para esto se realizarán alianzas estratégicas con socios internacionales para incorporar nuevas tecnologías al aparato del Estado; así como la formación, promoción y uso de software libre en todas las instituciones del mismo, abaratando costes.

Propuesta de acción 3.5: Supervisión y regulación

Finalmente, el eje de supervisión y regulación está referido a garantizar la supervisión efectiva de los procesos económicos, así como la regulación de aquellos rubros que son estratégicos para la garantía de los derechos humanos o que al arbitrio de las fuerzas del mercado pueden presentar externalidades negativas para la población.

Para dar cumplimiento a este eje se deben fortalecer las capacidades y roles de las instituciones supervisoras ya existentes, dotándolas de mayores recursos presupuestarios y tecnológicos, sobre todo a aquellas que operan en el ámbito de la actividad económica. Estas instituciones, también, deben ser acercadas al diálogo con la población, desde un enfoque territorial. Así como desde ellas debe mejorarse la comunicación con la empresa privada, estableciendo un apoyo mutuo para el desarrollo.

Por otro lado, también es necesaria la creación de mecanismos e instancias que propicien la regulación de actividades de carácter estratégico para el país. Para ello, es fundamental brindar mayores recursos a las instituciones públicas que intervienen en la protección de derechos humanos (entre ellos los derechos económicos y sociales) frente a las externalidades del mercado. El Estado debe tener un rol protagónico en aquellos mercados estratégicos para la población (energía eléctrica, comunicaciones, servicios financieros, alimentos) sin que ello signifique la afectación del desarrollo de la iniciativa privada.

VI.            Resultados

Para atender las problemáticas que son sensibles en la población y en sus condiciones de vida, expresados en la falta de fuentes de empleo digno, en la precariedad del acceso a servicios básico, salud, educación, seguridad, esparcimiento, y que restringe el acceso a vivienda digna se busca:

Garantizar un crecimiento económico inclusivo y sostenible, que permita que la población sea participe de la riqueza generada, para lo cual se llevarán a cabo esfuerzos articulares entre todos los actores sociales que quieren hacer de nuestro territorio un mejor lugar para vivir (sector público, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, agencias de cooperación, entre otros).

Se trabajará fundamentalmente en la generación de empleos dignos y en la dignificación del trabajo, tomando como bastión principal el fortalecimiento de la rectoría laboral que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incorporando las necesidades sectoriales de la población trabajadora, tanto en el sector forma, como en el sector denominado informal.

Se van a propiciar las condiciones para la generación de vínculos laborales con la formación técnica y con las necesidades productivas del país. Posibilitando que las habilidades técnicas de los artesanos, agricultores, cuentapropistas, entre otros, sean reconocidas como labores especializadas. Complementariamente se impulsarán acciones institucionales dirigidas al fortalecimiento de la investigación científica y la mejora en la productividad.

Se implementarán estrategias de facilitación e incentivos para la formalización de amplios sectores poblacionales que se ocupan en el sector informal, brindando apoyo técnico y financiero para garantizar la sostenibilidad de las actividades productivas.

Se impulsarán actividades económicas ambientalmente responsables, que permitan encontrar un equilibrio entre la generación de ingresos y la sustentabilidad ambiental. Dichas actividades, más el desarrollo de políticas públicas orientadas a la generación de redes sectoriales que generen economías de escala, integrando en los procesos productivos a las micro y pequeñas unidades económicas posibilitaran el desarrollo de nuevas capacidades competitivas, para poder insertarse en diversos mercados.

Para este propósito se aprovecharán y fortalecerán los procesos de integración regional que permitan facilitar el flujo de mercancías y de personas a través de las fronteras del país. Asimismo, se busca consolidar el uso de nuevas tecnologías para la facilitación y control del comercio. También se brindarán asistencias técnicas simplificación de procesos para que se incorporen a la dinámica económica regional nuevas iniciativas económicas desde los territorios.

En esta misma línea se fortalecerán las instancias de regulación y control de la competencia en sectores estratégicos en términos de acceso a bienes y servicios básicos para la población. Y que estos se vuelvan accesibles en términos de cantidad y calidad.

Para la estabilización de la situación fiscal se llevarán a cabo esfuerzos en cuanto a la eficiencia con la que se ejecuta el gasto público y la captación de ingresos tributarios. Esto requiere de una comunicación asertiva que permita a los Órganos Ejecutivo y Legislativo alcanzar los acuerdos de nación indispensables para mejorar las condiciones de vida de la población. Además, se realizarán las inversiones necesarias en capital humano e infraestructura para alcanzar un mayor crecimiento económico que a su vez reducirá las presiones sobre las finanzas públicas.

Todas estas acciones no serán posibles si no se impulsa un proceso de gobernabilidad eficiente y transparente, orientada hacia el crecimiento económico y el desarrollo social. En esta línea se busca fortalecer la planificación integral en todas las instancias del gobierno, que permita identificar nodos desencadenantes de desarrollo, asimismo, se busca fortalecer la transparencia institucional y la participación ciudadana. Todo ello con el auxilio de herramientas tecnológicas y territorialidad en la acción gubernamental.

Todos los esfuerzos del nuevo gobierno se verán materializados en el mediano plazo, dado que en los primeros años todos los esfuerzos estarán orientados a ordenar la casa, llevando a cabo un proceso de reorganización del gasto público y una mejor gestión de los ingresos, para volver más efectivo en la atención de las necesidades fundamentales de la población.

Algunos proyectos relacionados

1.     Red de economías locales y alternativas.

2.     Parques de energía renovable.

3.     Redes comunitarias de turismo.

4.    Proyectos de inversión productiva de salvadoreños en el exterior.

5.     Aeropuerto del Pacífico en La Unión.

6.    Desarrollo de infraestructura vial, férrea y carreteras.

7.     Nuevas tecnologías para el tratamiento de desechos sólidos, amigables con el medio ambiente.