Derechos Humanos

PLAN DE DERECHOS HUMANOS

El enfoque basado en los Derechos Humanos se centra en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. Este enfoque a menudo requiere un análisis de las normas de género, de las diferentes formas de discriminación y de los desequilibrios de poder, a fin de garantizar que las intervenciones lleguen a los segmentos más marginados de la población.  

Este plan pretende ser un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano. Desde el punto de vista normativo, se basa en las normas internacionales de derechos y, desde el punto de vista operacional, se orienta a la promoción y protección de los Derechos Humanos. Por ello, durante el gobierno de Nuevas Ideas, será necesario analizar las desigualdades que generan los problemas de desarrollo, corregir prácticas que discriminan y resolver el reparto injusto de poder que obstaculiza el progreso en materia de desarrollo del país. Es así que desde el Estado garantizaremos el desarrollo humano y estableceremos la política social como un derecho de todos. También impulsaremos políticas institucionales para que las personas se apropien de sus derechos y participen de manera activa en su desarrollo social, controlando las acciones públicas en esta área.[1]

Un gobierno con enfoque en los Derechos Humanos

Los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos establecen las bases para la libertad, la justicia y la paz en el mundo, de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.

El enfoque basado en los Derechos Humanos se centra en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación, como: población LGBTI+, pueblos originarios, personas con discapacidades físicas, niñez, mujeres y la población rural.

En este sentido, desde el Estado se debe garantizar el desarrollo de programas que vean en el pleno ejercicio de los Derechos Humanos el fin último del desarrollo, y con ello, que las personas sean consideradas agentes principales de su propio desarrollo, en lugar de receptores pasivos de productos y servicios. Además de ejecutar estrategias que proporcionen empoderamiento, en lugar de negarlo.

Estos programas tendrán como objetivo reducir las desigualdades al empoderar a quienes se han quedado atrás. Las normas de los Derechos Humanos dirigen la formulación de objetivos, metas e indicadores medibles durante la ejecución de los programas.

 

Centralidad humana

Es necesario que las políticas, decisiones y propuestas gubernamentales tengan en su base a las personas, desde el momento de la concepción, de conformidad a la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por el país; para lo cual se requiere el enfoque Derechos Humanos, que atienda a las necesidades diferenciadas de los grupos y poblaciones, con énfasis en quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, a fin de potenciar sus capacidades, su integración social y política, y el desarrollo inclusivo del país. Los Derechos Humanos deben ser el principio rector de la política de desarrollo.

Por eso, es vital superar las visiones estrictamente mercantilistas que no atienden a la centralidad humana, y que pretenden la explotación de las personas y la naturaleza, sin importar los costes sociales y ambientales. Además, se deberá promover el enfoque de Derechos de las Mujeres, así como la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación que atenten contra los derechos de la niñez y adolescencia, las personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, personas LGTBI+, indígenas, migrantes o de cualquier otra índole en condición de vulnerabilidad dentro del país. Para esto es necesaria la educación, la capacitación y la sensibilización del personal estatal, el cuerpo docente y el alumnado público y de centros educativos privados, y de la población en general.

Para el desarrollo de las siguientes propuestas, tomamos como base la Plataforma de Derechos Humanos, presentada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, con el objetivo de responder a las necesidades identificadas por dicha institución.

 

PROPUESTAS:

·       Promover el empoderamiento, la organización y participación ciudadana en los niveles local, municipal y nacional, así como el acceso a información pública, y que se cuente con recursos idóneos y efectivos dentro de la administración gubernamental.

·       Fomentar y facilitar espacios para la organización social y comunitaria de la población, como medio para el control social, la participación en la toma de decisiones para exigir el cumplimiento de derechos y formar parte de la solución de los problemas que le afectan directa o indirectamente.

·       Fortalecer el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos.

·       Sensibilizar a los funcionarios sobre el enfoque de que la administración de la cosa pública no implica brindar soluciones excluyentes a los problemas del país; es decir, brindar respuestas integrales, sostenibles e integradoras, que tomen en cuenta a los diferentes sectores y poblaciones de la sociedad.

Necesidad de sistemas públicos de información estadística

Es necesario contar con un censo nacional actualizado, que incluya a las diferentes poblaciones del país, incluida la población indígena y afrodescendiente, entre otras; así como un software que sistematice toda la información estadística producida por el Estado, y que ayuden a contar con una lectura fidedigna de la realidad, que sustente las medidas y políticas gubernamentales, así como el control social de la administración pública.

Adecuación de mecanismos para la participación política, social y pública

·       Promover la adecuación de las normas, políticas y prácticas gubernamentales para facilitar el acceso a la participación política, social y pública de las diferente poblaciones y grupos de El Salvador, especialmente aquellos históricamente excluidos. De esta manera se procurará la atención de sus necesidades, intereses y condiciones particulares, dando valor a la diversidad e inclusión de los diferentes integrantes de la sociedad salvadoreña en la toma de decisiones a nivel comunitario, municipal y nacional.

·       Promover, para el fomento de la democracia real, el acceso a cargos públicos y de elección popular de representantes de las diferentes poblaciones y grupos del país.

Promover la modificación de patrones socio-culturales excluyentes y discriminatorios

Es necesario realizar un examen exhaustivo a nivel gubernamental de todas las prácticas y conductas que tengan o puedan tener un impacto discriminatorio contra las mujeres y los grupos en condiciones de vulnerabilidad; y adoptar las medidas necesarias para superar la discriminación y los estereotipos que afectan negativamente el ejercicio de sus derechos, así como la sanción y reparación cuando se realicen trasgresiones de los Derechos Humanos, basados en hechos discriminatorios de cualquier naturaleza.

Políticas, asignación presupuestaria y reforma fiscal

Hasta ahora, las políticas y asignación presupuestaria se han visto afectadas por situaciones negativas, tales como la baja asignación presupuestaria al gasto público social; particularmente en lo concerniente a la salud, vivienda, medio ambiente, educación, protección social, entre otros. Al tiempo que persiste la poca coordinación institucional y se continúa con la financiación insuficiente de instituciones o unidades administrativas, así como los planes o programas dirigidos a determinadas poblaciones; lo que deviene en un obstáculo para el goce pleno de los Derechos Humanos, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de la obligación de realizar progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales.

A lo anterior debe agregarse que el presupuesto público no está vinculado a una planificación de largo plazo, y no existen mecanismos de evaluación sobre su eficiencia y efectividad, por lo que se vuelve necesario que se tomen en cuenta las siguientes consideraciones:

·       Revisar y adecuar las políticas públicas, planes y programas, con el objeto de que las acciones que se impulsen contengan el enfoque de Derechos Humanos y mantengan consistencia a lo largo del ciclo presupuestal; asegurando además que dichas acciones cuenten con financiamiento y recursos adecuados.

·       Analizar y reorientar el gasto público del Presupuesto General del Estado a efecto de que la cuantificación del porcentaje destinado brinde efectividad en el cumplimiento de derechos específicos, tales como la protección al medio ambiente, vivienda, servicios, salud, alimentación, actividades recreativas y culturales, educación, protección social, trabajo, entre otros.

·       Realizar, en cada dependencia, una revisión de normas y procedimientos, con el fin de estandarizar y coordinar esfuerzos; que permitan, por una parte, incorporar indicadores que midan su efectividad; y, por otro lado, establecer estrategias de colaboración interinstitucional, cuya actividad concurra respecto de derechos específicos.

·       Efectuar la evaluación sobre la eficiencia y efectividad del Presupuesto General del Estado, con base en el enfoque de Derechos Humanos y los compromisos adquiridos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con miras a garantizar la realización progresiva de los derechos y asegurar el uso eficiente de los recursos disponibles.

·       Implementar y/o reforzar la formación en materia de Derechos Humanos a todo el personal de la administración pública. Esto incluye a personal técnico, administrativo, jurídico, mandos medios y superiores.

·       Proponer un presupuesto para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que se corresponda con el amplio mandato constitucional y legal que le han sido otorgados a esta institución, tal como lo han recomendado distintos organismos y mecanismos de las Naciones Unidas al Estado salvadoreño desde hace varios años.

En concordancia con lo anterior, y para que el gasto público social cuente con cobertura y suficiente presupuesto, es necesario que la política fiscal deje de ser baja y regresiva y se convierta en una herramienta para el desarrollo. En esa lógica, se podrá contribuir a la reducción paulatina del alto nivel de exclusión y desigualdad que afecta principalmente a las mujeres y a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Al respecto, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ha propuesto:

·       Crear de una política nacional de transparencia, combate a la corrupción y gobierno abierto, así como una política de datos abiertos, la cual incluya mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, con el fin de legitimar el quehacer de la administración pública frente a la sociedad.

·       Garantizar el bienestar de la población, a través de la búsqueda de la universalización de los bienes y servicios públicos, además de vincular la planificación con presupuestos por resultados y crear un sistema nacional de inversión pública.

·       Revisar la matriz tributaria actual, a fin de dotarla de simplicidad, efectividad y progresividad.

 

·       Fortalecer la administración tributaria, eliminando los privilegios fiscales injustificados e implementando acciones directas contra la evasión y la elusión.

      I.          Temáticas de especial preocupación

La violencia y la inseguridad generalizada

La situación grave de inseguridad en el país, que actualmente se expresa con especial énfasis en el alto índice de homicidios y feminicidios, extorsiones, presencia y control territorial por parte de las pandillas, crimen organizado, desplazamiento forzado, la situación sumamente crítica de condiciones inadecuadas en el sistema penitenciario y la violencia social generalizada, requiere no solo de planes efectivos de investigación y represión del delito, sino de que los mismos sean elaborados con un enfoque basado en los Derechos Humanos, que privilegien la prevención de las causas que generan dichas problemáticas, con la finalidad de crear ambientes comunitarios de convivencia y de resolución pacífica de los conflictos.

El estándar en esta materia, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, refiere que las políticas de seguridad pública y ciudadana no pueden limitarse al combate frontal contra la delincuencia, sino que deben establecer con prioridad el desarrollo de las labores de prevención, y garantizar de forma efectiva los derechos particularmente afectados por los diversos delitos, como el derecho a la vida; el derecho a la integridad física; el derecho a la libertad; el derecho a las garantías procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes. No está demás decir que esto tiene un impacto positivo en el goce de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales y para un ambiente libre y democrático.

Por otra parte, desde el Estado debe existir la claridad de que los contextos de inseguridad hacen necesario desarrollar:

·       Políticas de protección y atención integral a las víctimas de la violencia y de delitos. Tras su comisión, las acciones Estatales suelen centrarse –con poca efectividad– en la persecución del delincuente, pero muy poca atención se da a la restitución plena de los derechos de la víctima y su familia. Su protección durante los procesos judiciales y el evitar su revictimización deberían ser una prioridad para la administración.

·       La Ley Marco de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, la cual tiene una vocación de aplicación y desarrollo local y comunitario.

·       Un estudio serio sobre la dimensión el fenómeno del desplazamiento forzado a causa de la violencia (que actualmente constituye también una importante causa de la migración irregular), su falta de reconocimiento formal por parte del Órgano Ejecutivo resta efectividad a los pocos mecanismos de protección y asistencia integral a las víctimas diseñados a tal efecto.

·       Replantear las políticas, planes y lineamientos estratégicos para la protección de los mismos; ya que se identificaron múltiples causas para emprender el viaje, entre las que destaca la falta de credibilidad en el funcionamiento efectivo de las instituciones públicas, sobre todo ante la situación de inseguridad (que también fue un factor reiterado por la mayoría de jóvenes). Así como la necesidad de protección de las familias, que por hechos de violencia de grupos de pandillas decidieron migrar para salvaguardar su vida ante la falta de respuesta del Estado.

A partir de este marco, y para garantizar un ambiente de bienestar personal y familiar, en libertad y convivencia pacífica y democrática, nuestro gobierno debe comprometerse a realizar esfuerzos sistemáticos para instaurar condiciones de seguridad ciudadana que permitan el pleno goce de los derechos fundamentales, para ello deberá:

·       Reenfocar los planes y programas de seguridad en la prevención y control de las causas que generan la violencia y la delincuencia, con especial protección en aquellas poblaciones más vulnerables que pertenecen a comunidades pauperizadas, con especial énfasis en niñez, adolescencia y mujeres.

·       Crear políticas basadas en el enfoque de seguridad humana y ciudadana, que permitan el diseño y la implementación de programas especializados de asistencia y atención integral de las personas víctimas de la violencia y de la delincuencia, los cuales deben ser dotados del personal idóneo y del presupuesto suficiente.

·       Establecer mecanismos institucionales de coordinación y atención inmediata a las personas y familias víctimas de desplazamiento forzado interno, que accionen oportuna y positivamente en su asistencia y protección, y en consecuencia, se registren oficialmente los datos estadísticos vinculados a la problemática.

·       Adoptar medidas para el reconocimiento del desplazamiento forzado por la violencia e iniciativas de ley para la protección y atención de las víctimas de este.

·       Reimpulsar y fortalecer la implementación plena de la Ley Marco de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, como un cuerpo normativo que permite el abordaje de las causas de la violencia y la delincuencia mediante un  enfoque e intervención local y comunitaria, para lo cual es esencial crear las políticas y planes para su desarrollo, y dotarlas de un presupuesto específico.

·       Revisión e incorporación de Políticas Públicas Integrales para que los salvadoreños no migren en situación irregular y de riesgo.

Lucha contra la corrupción

Si bien en la actualidad se observan avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad, como la derogatoria de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, la aprobación o fortalecimiento de leyes y políticas relacionadas al acceso a la información pública, transparencia, austeridad, probidad y de ética gubernamental. Aún existen barreras y brechas que el órgano ejecutivo puede contribuir a cerrar, considerando, además, que la corrupción no es un proceso que inicia de manera espontánea dentro de las instituciones del Estado, ni es producto solo del funcionariado público, sino que muchas veces es generada y promovida por agentes externos con fuerte poder e intereses económicos privados.

Los estándares internacionales en la materia refieren que los Estados tienen el deber de adoptar los mecanismos necesarios para crear, reformar o adecuar sus cuerpos normativos, administrativos u otros vinculados, para garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos frente a las vulneraciones y restricciones que produce el fenómeno de la corrupción, y que en todo momento la lucha contra esta grave problemática debe integrar efectivamente el enfoque de Derechos Humanos y no afectar negativamente su disfrute.

Frente a estas problemáticas, y teniendo claridad que la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los Derechos Humanos en su integralidad, el Estado deberá implementar una serie de medidas para prevenir, evitar y desmontar aquellas disposiciones y prácticas que la propicien, entre ellas:

·       Establecer mecanismos efectivos para erradicar la corrupción, lo que pasa por adecuar la reglamentación interna de las instituciones, con fiel apego a las disposiciones de las leyes y políticas relacionadas a la transparencia, el acceso a la información, la probidad y la austeridad. Integrar a dichos mecanismos a actores de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales, a manera de ejercer una mejor contraloría.

·       Se dará un impulso a la lucha contra la corrupción y la impunidad mediante acciones concretas, como la CICIES, que, en consonancia, debe colaborar a fondo, oportuna y exhaustivamente en las investigaciones judiciales o de probidad para determinar la responsabilidad de los funcionarios y de terceros en los actos de corrupción bajo investigación. Para ello, el Presidente solicitará el apoyo a la ONU y OEA, firmando además un convenio con ambas instituciones, y se solicitará a la Asamblea Legislativa que se convierta en ley.

La impunidad y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado

La Constitución de la República, así como diferentes convenciones y tratados internacionales ratificados por El Salvador, consagran el derecho a una garantía judicial específica (como una forma concreta y efectiva de acceder a la justicia) destinada a proteger de manera efectiva a las personas frente a la violación de sus Derechos Humanos.

A partir de este marco, y para garantizar los derechos de acceso a la verdad, la justicia y reparación, nuestro gobierno realizará esfuerzos sistemáticos para dar cumplimiento a lo que establece la constitución y las observaciones, recomendaciones y las sentencias de organismos internacionales:

·       Crear las políticas, planes y programas especializados de reparación, recuperación, restitución y atención integral a las personas víctimas y sus familiares, con participación de las mismas y con enfoque de Derechos Humanos.

·       Creación de un sistema de monitoreo y seguimiento que formule indicadores que contribuyan a determinar los avances, estancamientos o retrocesos en la materia.

Reducción de la pobreza

Las políticas públicas y los programas destinados a erradicar la pobreza deben satisfacer las necesidades básicas sobre la base de la igualdad y la no discriminación. Por lo que se vuelve necesaria la edificación de un nuevo modelo de desarrollo económico y social que permita a toda la población, especialmente la que se encuentra en mayor condición de vulnerabilidad, contar con todas las posibilidades de construir un proyecto de vida digno:

·       Promover ciudades sostenibles, teniendo como punto de partida el derecho a la movilidad. Para eso es necesario trascender de un modelo económico de extracción y consumo masivo de recursos, a otro que no comprometa el medio ambiente y el desarrollo urbano sostenible, tomando en cuenta la opinión de la comunidad.

·       Empoderar a la población, brindando equidad en el acceso a la información de riesgos, reconociendo la diversidad de opiniones y respetando e incorporando a las políticas, planes y programas la cosmovisión de los pueblos.

·       Proyectar el salario mínimo en función de la dignidad de la persona humana, enfocando su cálculo en la canasta básica ampliada, eliminando la brecha actual entre el área urbana y rural.

·       Implementar acciones en el sistema de salud, enfocadas a la infraestructura, insumos, recursos materiales y humanos suficientes; con el fin de brindar atención de calidad y calidez a los pacientes. Además de desarrollar acciones de difusión para que la población  en condiciones de vulnerabilidad identifique los mecanismos a seguir para el acceso a los servicios de salud.

·       Proveer al personal médico, administrativo y de enfermería de los recursos tecnológicos, con el objeto de que faciliten la debida integración del expediente clínico, además de dar cumplimiento a la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Salud. Garantizando que el cambio de una institución pública de salud a otra no afecte la continuidad o pertinencia de la atención y los tratamientos que se reciben.

·       Implementar un programa progresivo de formación y capacitación para el personal médico, administrativo y de enfermería, respecto a la normativa nacional e internacional en materia de derecho a la salud, así como sensibilizar sobre la responsabilidad y ética relacionadas al trato de pacientes, personas usuarias y familiares.

·       Reforzar las campañas de divulgación y sensibilización de los derechos sexuales y reproductivos, enfocándolas principalmente a la niñez y adolescencia.

·       Asegurar el derecho a la educación de calidad, especialmente en lo concerniente al derecho a la educación de la niñez y adolescencia, y a la población que se encuentra en condición de vulnerabilidad; haciendo énfasis en la eliminación de las brechas de educación entre el área rural y urbana.

·       Revisar y promulgar una reforma al sistema de pensiones, acompañada de una reforma fiscal de carácter progresivo, que garantice que no se afecten o limiten los derechos adquiridos.

·       Implementar, fortalecer y supervisar los mecanismos administrativos y jurisdiccionales de control que permitan erradicar las violaciones a los derechos laborales y libertades sindicales, tanto en el sector público como en el privado.

·       Reorientar la política gubernamental, dejando de lado la prevalencia de los programas compensatorios o asistenciales, abordándolos desde un enfoque estructural e integral que permita cumplir las obligaciones mínimas del derecho a un nivel de vida adecuado, teniendo en cuenta que el Estado es responsable de garantizar el acceso a los servicios básicos.

·       Actualizar la normativa sobre derechos culturales y supervisar que se cumpla efectivamente la protección y promoción del patrimonio cultural, el fomento y protección de la propiedad intelectual, la promoción del arte, la ciencia y la cultura; así como la garantía de que la población goce de los beneficios de progreso científico.

·       Destinar recursos para fortalecer los programas de acceso y fomento a la cultura en todas sus manifestaciones.

Medidas de protección y empoderamiento de las poblaciones en condición de vulnerabilidad

La exclusión y la desigualdad son aspectos que se encuentran en la base de muchos de los problemas estructurales del país, y que se evidencian con las crisis sociales y políticas actuales, así como en la escaza participación de las poblaciones y grupos en condiciones de vulnerabilidad en la toma de decisiones en el ámbito público y privado, donde por regla general continúan rezagados o cumpliendo papeles secundarios o subordinados.

La defensa y promoción de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños, desde la primera infancia, Adolescentes, Mujeres, comunidad LGBTI+, pueblos indígenas y afrodescendientes, y otras poblaciones y grupos en situación de vulnerabilidad, es básica dentro de un gobierno que aspira a ser democrático, y es un aspecto que se vincula íntimamente con los principios de igualdad y no discriminación.

De lo anterior se colige que deben eliminarse y evitarse las restricciones discriminatorias y desventajosas que inhiben del ejercicio de Derechos Humanos a personas, sectores o poblaciones específicas, y brindarse condiciones para que todas las personas ejerzan sus derechos y disfruten sus libertades fundamentales sin limitaciones más que las que legítimamente contempla la ley.

Lógicamente, el ejercicio pleno de los Derechos Humanos fortalece la democracia, al igual que la participación efectiva de los distintos integrantes de la sociedad, lo que además legitima las decisiones gubernamentales y favorece la construcción de soluciones duraderas e integrales a los problemas que aquejan a las sociedades.

De ahí que es necesaria la adopción de acciones afirmativas en favor de los grupos que han sido históricamente excluidos, a efectos de incluirles en la toma de decisiones que les afecten. No deben tolerarse ni promoverse restricciones a sus derechos basados en un trato desigual.

Por tal razón, será primordial promover instituciones, normas, políticas y prácticas incluyentes, donde la ciudadanía conozca y exija sus derechos, y el Estado procure los medios necesarios para la protección, garantía y respeto de los Derechos Humanos sin distinción alguna.

Es importante, señalar, además, que para el desarrollo de un país, el factor económico es relevante, pero no constituye el todo. En ocasiones parece que lo social y lo ambiental se ven relegados en orden de importancia, desde las políticas promovidas e implementadas por los gobiernos, dando resultados que posteriormente repercuten negativamente, incluso, en el ámbito económico. En este punto, debe tenerse claro que la parte económica debe estar al servicio de lo social, no a la inversa, ya que esa idea es la que justifica la existencia misma del Estado, y, en el caso de las poblaciones y grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad, los esfuerzos del gobierno serán aún mayores para eliminar esas condiciones desventajosas en las que se encuentran y favorecer el ejercicio pleno de sus derechos y capacidades.