Contexto
Ambiental Nacional
A
pesar de su pequeña extensión territorial y de su alta densidad poblacional, El
Salvador mantiene una biodiversidad significativa, con buena representatividad
de ecosistemas y especies y con recursos genéticos de importancia regional y
mundial.
Muchas de las actividades económicas
dependen críticamente de la biodiversidad y el buen funcionamiento de los
ecosistemas, incluyendo la producción agrícola, pesquera y el turismo. De igual
forma, la economía y el bienestar de muchas comunidades locales dependen del
aprovechamiento de los recursos biológicos y los servicios ecosistémicos. De
ahí, que la biodiversidad del país representa un activo vital para la calidad
de vida y el desarrollo presente y futuro. Sin embargo, la mayoría de sistemas
ecológicos enfrentan amenazas como la reducción, el deterioro y la
fragmentación de los hábitats, la sobreexplotación de los recursos y la
contaminación. (Fuente: Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad
para la alimentación y agricultura. CENTA, 2016).
La
degradación de los ecosistemas ha provocado alteraciones en la estructura y
función de los mismos, disminuyendo la oferta de servicios, en particular la
capacidad de regulación hídrica, aumentando el riesgo de inundaciones y
deslizamientos, con graves consecuencias para la sociedad. De igual forma, cada
año, en la época lluviosa, el país recibe un volumen de agua que aumenta
considerablemente el caudal de los ríos, y debido a la pérdida de los bosques
de galería, en muchas ocasiones ocurren desbordamientos de ríos e inundaciones
que causan considerables pérdidas, no solo ambientales sino sociales y
económicos. De acuerdo al Quinto Informe Nacional para el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, las zonas rurales del país la pérdida de biodiversidad
asociada a la degradación ambiental representa una de las mayores amenazas para
la calidad de vida, la seguridad alimentaria y la salud de las poblaciones
locales.
La posguerra, el poco crecimiento
económico, la migración y la pérdida del tejido social sumado a la degradación
ambiental, problemática de saneamiento y escenarios de reducción de ms del 60 %
del agua en nuestros ríos por cambio climático, plantean un enorme desafío para
transformar nuestras ciudades en espacios sostenibles, resilientes y habitables;
promoviendo el desarrollo a través del aprovechamiento sostenible de recursos
naturales mientras se mejora la capacidad adaptativa. Actualmente, más del 70 %
de la población del país habita en zonas urbanas, y se espera que para 2050
incremente a más del 80 %, de acuerdo a World Urbanization Prospects 2018.
(Fuente: Perspectivas del Medio Ambiente: América Latina y el Caribe. Programa
de las Naciones Unidos para el Medio Ambiente (PNUMA)).
Amenaza, vulnerabilidad y riesgo
Los
impactos directos e indirectos de los desastres originados por fenómenos de
origen natural son cada vez más evidentes. De acuerdo al Informe de Percepción
de Riesgos del Foro Económico Global, los eventos meteorológicos extremos y los
desastres naturales dominan los principales riesgos globales, al considerar
tanto los posibles impactos como la probabilidad de ocurrencia de los mismos.
Entre 2005 y 2014, a nivel mundial, los desastres naturales ocasionaron pérdidas
del orden de USD 1.4 billones, 1.7 mil millones de personas afectadas y 0.7
millones de muertes (UNISDR).
El
Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres
(GAR2015) estimó para El Salvador un promedio histórico anual de pérdidas por
desastres, desde 2001, equivalentes a casi el 60 % promedio anual de la
inversión pública en el mismo período. Asimismo, de acuerdo al informe de Indicadores
de Riesgo de Desastre y de Gestión de Riesgos (BID, 2015), para los eventos
extremos máximos en 500 años de periodo de retorno para todos los años
evaluados y de 100 años de periodo de retorno para 2000 y 2005, el Índice de
Déficit por Desastre (IDD), el cual refleja el riesgo del país en términos
macroeconómicos y financieros ante eventos catastróficos probables, es superior
a 1.0, lo que indica que el país no tendría recursos suficientes, o por
transferencia o financiación factible para afrontar las pérdidas y realizar la
reposición del stock de capital afectado.
Lo
anterior tiene fuertes implicaciones para el desarrollo sostenible del país, no
solo por las pérdidas directas ocasionadas por los desastres, sino por los
impactos secundarios asociados a los mismos, generando impactos económicos,
sociales y ambientales, limitando la inversión y fuentes de empleo, exacerbando
la vulnerabilidad existente y los factores subyacentes del riesgo, como la
pobreza y la desigualdad económica y social.
Se
considera que más del el 85 % del territorio salvadoreño es zona de riesgo,
y sobre esa superficie se asienta más del 95 % de la población, lo que lo
hace uno de los países más vulnerables del mundo (INERV 2017). Por su ubicación
y condiciones hidrometeorológicas y geológicas, el país se encuentra expuesto a
múltiples amenazas, como terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis,
deslizamientos, exceso de lluvia e inundaciones o sequías. En los últimos 50
años, desastres asociados a estos fenómenos han generado pérdidas superiores a
los USD 6,000 millones, de los cuales, más del 50 % han sido ocasionados
por los terremotos (EM-DAT 2018).
El terremoto de 1986 generó pérdidas
superiores al 20 % del PIB, y los sismos del 2001 superaron el 12 %.
Fenómenos hidrometeorológicos como la Depresión Trópical
del 12 de enero (DT12E), en 2011, y el huracán IDA en 2009, generaron perdidas
del orden del 4.2 % y 1.1 % del PIB respectivamente, mientras que las
pérdidas ocasionados por el huracán Mitch superaron el 6.4 % del PIB.
(Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016-2026. Ministerio de Hacienda, Gobierno
de El Salvador).
La
comprensión del riesgo, fundamentada en el monitoreo continuo y sistemático,
estudios de amenaza, exposición, vulnerabilidad y riesgo, es fundamental para
el establecimiento de políticas apropiadas para la reducción del mismo en el
corto, mediano y largo plazo, así como para el establecimiento de medidas que
permitan prepararnos y reaccionar adecuadamente para las condiciones de riesgo
prevalente. Eventos pasados han evidenciado las consecuencias del desordenado
proceso de urbanización, la falta de planificación y de definición de políticas
para la prevención y reducción del riesgo, y de continuar, eventos futuros
causarán efectos catastróficos. Los impactos potenciales de los fenómenos
naturales deben ser adecuadamente evaluados y minimizados.
Invertir
en la reducción del riesgo de desastres de manera integral, con nuevos
mecanismos de planificación y protección financiera, incremento de la
resiliencia y protección de la infraestructura crítica es fundamental,
especialmente en un clima cambiante. Es
necesario que los países logren sinergias para alcanzar reducciones
significativas en los niveles de riesgo actuales y futuros, que dirijamos
acciones estratégicas y potenciemos políticas y acuerdos que nos permitan
avanzar hacia un verdadero desarrollo sostenible.
Enfoque
integral y principales retos
Los elevados niveles de riesgo por
fenómenos naturales y la degradación ambiental están íntimamente relacionados
con el desordenado proceso de crecimiento y desarrollo, la falta de
planificación territorial y normativas que no consideran la amenaza existente
de manera adecuada. Los factores subyacentes del riesgo, como los altos índices
de pobreza, resultan en asentamientos precarios altamente susceptibles a los
impactos de distintos fenómenos naturales, y una capacidad de respuesta y
recuperación prácticamente inexistente. La falta de planificación del
desarrollo incrementa no solo los niveles de exposición al riesgo, sino las
amenazas mismas, generando pérdida de infiltración en zonas de recarga e
incremento de la escorrentía superficial, inundaciones urbanas por drenajes
inadecuados y mal manejo de sedimentos y deshechos, deslizamientos en cortes y
rellenos, afectación de los microclimas e islas de calor, etc.
La
alta vulnerabilidad de las construcciones, generada por normativas y códigos de
construcción deficientes, sistemas o materiales precarios, malas prácticas
constructivas, falta de control de calidad y falta de políticas para la revisión,
demolición o reforzamiento estructural de edificaciones dañadas por sismos
previos, resulta en capacidades limitadas, pocas o nulas en algunos casos, para
resistir las solicitudes impuestas por las distintas amenazas y, por tanto, en
desastres potenciales. No es posible reducir los niveles de riesgo sin atacar
de raíz la elevada vulnerabilidad de las construcciones, tanto existentes como
futuras.
La
atención, respuesta y recuperación ante desastres puede verse afectada también
por factores de vulnerabilidad social. La pobreza o limitaciones económicas,
desigualdad social y de género, falta de acceso a la información, falta de
acceso a infraestructura y servicios básicos, entre otras cosas, limitan la
capacidad de las comunidades de enfrentar y sobreponerse ante un evento
adverso, exacerbando cada vez más las causas subyacentes del riesgo.
Para
poder gestionar adecuadamente el riesgo, es necesario, antes que nada,
conocerlo. Esto implica fortalecer los mecanismos para la evaluación de la
amenaza, vulnerabilidad y riesgo a escala local, la observación sistemática, el
análisis científico y la investigación aplicada. Debe existir una apuesta clara
por fortalecer la ciencia y tecnología, y el desarrollo y formación en CTIM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemática) a todos los niveles.
La
falta de información ambiental, la información ambiental incompleta y
segregada, complejiza la identificación y solución a los principales problemas
ambientales e identificación de oportunidades.
Los
problemas ambientales no se pueden abordar sin una visión holística, la gestión
ambiental debe ser un tema transversal al desarrollo. Para mejorar la calidad
del aire en las ciudades deben implementarse políticas de transporte limpio
adecuadas, combustibles bajos en azufre, transporte público de calidad
(transporte verdaderamente público) y planes de movilidad urbana sostenible,
apostando por situar en el centro de la planificación a las personas y
garantizando un ambiente sano donde se pueda caminar y pedalear por itinerarios
accesibles y seguros. El problema de tráfico en las principales ciudades debe
ser solventado. El aprovechamiento de los recursos hídricos no puede ser
solucionado si no se abordan propuestas de saneamiento de aguas superficiales.
Reforestaciones a gran escala, serán efectivas para mejorar la biodiversidad
del territorio si se aborda de manera integral el manejo de los desechos
sólidos.
Debe
considerarse un enfoque de ciclo de vida y cadena de valor, en donde la calidad
medioambiental no solo sea importante para revertir la degradación ambiental,
sino que económicamente se vuelva vital para mitigar impactos a la salud y calidad
de vida de las personas. Se deben crear condiciones que promuevan un tipo de
desarrollo que garantice la equidad, y un crecimiento económico sin socavar
funciones ecológicas o de recursos críticos, o el bienestar y los medios de
vida de la población.
Evolucionar
hacia un modelo de desarrollo de Ciudades Sostenibles es fundamental. Hace 100
años solo 2 de cada 10 personas vivían en las ciudades, ahora casi la mitad de
la población mundial vive en áreas urbanas, y para el año 2050 la proporción de
personas viviendo en nuestras ciudades será 8 de cada 10.
De
acuerdo con la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador,
para el año 2030 habrá casi 30,000 nuevas familias, que necesitarán consumir
decenas de miles de metros cúbicos de agua y generarán cientos de miles de
toneladas desechos sólidos y decenas de miles de metros cúbicos de aguas
residuales. Estos retos pueden ser transformados en oportunidades para
construir un nuevo modelo de ciudades, en donde se protejan ambientes naturales
a fin de preservar los servicios ecosistémicos que finalmente sostienen la vida
en nuestro país.
Debemos
construir espacios ambientalmente adecuados para vivir y desarrollar nuestras
actividades económicas. Las propuestas de nuevos proyectos deben estar
orientadas a la gestión sostenible de los recursos naturales, concebidas para
la adaptación al cambio climático con cobeneficios,
especialmente en aquellos sectores y territorios altamente vulnerables;
buscando impulsar el desarrollo de una economía y sociedad ambientalmente
sustentable, baja en carbono y resiliente a los riesgos de origen natural y
cambio climático.
Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), considerados un llamado universal
para la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, cuentan con una
fuerte dimensión ambiental; basados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
incluyen nuevas dimensiones, como el cambio climático, el consumo sostenible,
la desigualdad económica, entre otros. Más de 100 indicadores de los ODS
corresponden al dominio estadístico ambiental.
Principales apuestas
1.
Independizar el observatorio de
amenazas naturales y garantizar su naturaleza científico-técnica. El observatorio no debe responder a
intereses políticos y debe servir a distintos sectores, más allá del medio
ambiente. La generación de información es clave para el desarrollo de políticas
de reducción de riesgo y la operación de los sistemas de alerta temprana.
2.
Asegurar la sostenibilidad y
fortalecimiento de las redes nacionales de monitoreo, es un tema prioritario para
garantizar el adecuado funcionamiento durante eventos extremos, así como para
extender la vida útil de las mismas. Es necesario fortalecer los sistemas de
comunicación, a fin de garantizar la obtención de la información base de las
estaciones de monitoreo y el traslado de la información procesada a los actores
clave.
3.
Ciencia y tecnología para el análisis
de riesgo por fenómenos de origen natural.
La observación sistemática de los fenómenos naturales debe estar acompañada de
un importante y continuo desarrollo científico y tecnológico, tanto para la
obtención de información de las variables climáticas, hidrológicas, geológicas
y oceanográficas que permitan analizar y comprender los fenómenos, metodologías
y sistemas para su procesamiento y análisis, así como herramientas para la
difusión de información. También se deben fortalecer las capacidades en los
territorios para capturar, procesar y enviar información local, y aprovechar el
desarrollo tecnológico y las redes sociales para el levantamiento y análisis de
información (crowdsourcing).
4.
Fortalecer los sistemas de alerta
temprana y atención a las emergencias.
Los sistemas de alerta temprana, fundamentados tanto en la observación
sistemática y análisis de los fenómenos naturales, como en las capacidades
locales y nacionales para la respuesta, deben fortalecerse y ampliarse.
Información más confiable y precisa, que pueda ser fácilmente comprensible y
que facilite la toma de acciones locales es fundamental. Para lograr una mayor
efectividad, y salvaguardar más vidas humanas, se debe migrar hacia el
establecimiento de los SAT, centrados en las necesidades de los territorios
bajo una perspectiva multiriesgo, considerando las
particularidades de cada sector. Los sistemas de alerta temprana operados por
entidades de carácter nacional deben estar concebidos como un sistema de
carácter interinstitucional, que abarque a actores de las comunidades
vulnerables y sociedad civil de manera activa. Se deben fortalecer además las
capacidades técnicas e institucionales de la dirección general de Protección
Civil y de las comisiones del sistema, incluyendo las comisiones técnicas
sectoriales, para asegurar la toma de decisiones basada en la evidencia, que
responsa a las necesidades de la población.
5.
Fortalecer del análisis científico y la
investigación aplicada. La
valoración del riesgo es el punto de partida para la definición de líneas de
acción que permitan avanzar hacia una gestión integral del mismo, incluyendo
tanto medidas de prevención (gestión correctiva y prospectiva – ej. planes de
ordenamiento ambiental del territorio, códigos de diseño,) como de preparación
(gestión reactiva y protección financiera). Se debe fomentar la investigación y
generación de información en las distintas componentes del riesgo, mapeo de
amenazas, exposición y vulnerabilidad. La información de estadística y censos
debe ser ampliada para considerar variables que intervienen en la determinación
de la exposición y riesgo ante fenómenos naturales (habitantes, tipología, etc.)
6.
Crear la unidad nacional para la
reducción de riesgo de desastres.
La unidad debe articular y coordinar con los distintos actores nacionales, la
creación e implementación de políticas de reducción de riesgos, considerando
medidas correctivas y prospectivas (normativas y códigos), que permitan reducir
los niveles de riesgos existentes y futuros en el país y, por tanto, los
impactos ante futuros desastres. Tomando
una línea base del riesgo, se deben establecer metas de reducción de riesgo
anuales, considerando activos prioritarios, seleccionados sobre la base del
nivel de riesgo e impactos socioeconómicos potenciales. Se deben tener
políticas de reconstrucción BBB (Build Back Better) que eviten reconstruir en zonas con altos
niveles de exposición al riesgo (ej. zonas inundables) o con sistemas
vulnerables. Actualmente, la Dirección
General de Protección Civil es el ente rector de la Gestión de Riesgos en El
Salvador, pero en la práctica no realiza acciones sistemáticas de reducción de
riesgo, su accionar se limita prácticamente a la preparación y respuesta ante
emergencias.
7.
Acceso libre a la información. La información es poder, y un acceso
libre a información de calidad, sin violentar derechos constitucionales,
permitiría fomentar estudios en investigaciones en beneficio de la información.
No basta decir que la información es de libre acceso, deben generarse
mecanismos y desarrollarse sistemas que faciliten la generación,
sistematización y el acceso a información e intercambio de información con los
usuarios, garantizando información de calidad para los procesos de toma de
decisión (enfoque de inteligencia de negocios)
8.
Establecer políticas de protección
financiera, seguros paramétricos
y créditos contingentes, que permitan al país contar con los recursos
necesarios para enfrentar y recuperarse de un desastre. Estas políticas deben
tener en cuenta el compromiso del estado con la atención y recuperación de los
estratos socioeconómicos bajos. Debe existir un enfoque solidario, tales como
seguros colectivos que permitan cubrir las zonas de bajos recursos.
9.
Fortalecer la academia y el desarrollo
científico y tecnológico,
promoviendo una oferta académica en temáticas relacionadas a la valoración de
la amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Debe promoverse el desarrollo de
posgrados, maestrías y doctorados, que permitan generar conocimiento local.
10. Planes
de movilidad urbana sostenible y establecimiento de un centro de monitoreo y
control del tráfico, que
permitan implantar formas de desplazamiento más sostenibles en el espacio
urbano, como caminar, pedalear o utilizar transporte público, reduciendo las
emisiones contaminantes y mejorando la calidad de vida de la población. Los
planes de movilidad urbana sostenible deben estar centrados en el ser humano y
garantizar un ambiente sano y seguro para poder caminar y pedalear o utilizar
transporte público. Debe establecerse un sistema de monitoreo del tráfico
centralizado, que permita despejar rutas e identificar zonas críticas de manera
rápida, sin generar inconvenientes en otras áreas.
11. Ecotecnología. Un modelo de desarrollo
ambientalmente sustentable debe incluir un proyecto de desarrollo tecnológico
orientado a garantizar el uso de recursos naturales de manera limpia,
integrando la ecología y la tecnología, minimizando el impacto ambiental por la
actividad humana, en sus procesos y operación, y reduciendo la huella
ambiental. Establecer incentivos para fomentar la adopción de tecnologías que
nos permitan reducir el impacto ambiental de las obras es esencial para
transitar hacia un desarrollo sostenible. Desarrollo, adaptación y adopción de
técnicas de bioconstrucción, captación pluvial, naturación
urbana, aprovechamiento de energía solar, biofiltros, etc., permitirían reducir
el daño al medio ambiente, mejorar el microclima en las ciudades, reducir inundaciones
urbanas y mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos. Se deben
integrar las políticas públicas con enfoque triple E (Eficiencia, Efectividad y
Eficacia)
12. Mejorar
la calidad y el aprovechamiento del agua superficial. En el país hay agua, pero no puede ser
aprovechada, principalmente por la mala calidad de los cuerpos de agua
superficiales y por falta de mecanismos captación, lo que obliga a que la
gestión y aprovechamiento del recurso hídrico se enfoque sobre el agua
subterránea, limitando el desarrollo productivo y beneficio social. Un
saneamiento adecuado, que implicaría inversiones sustanciales para tratar las
aguas domiciliares, permitiría gestionar el recuso
hídrico de una mejor manera, utilizando el agua superficial como insumo principal
y el agua subterránea como un reservorio natural, que pudiera ser explotado en
casos de eventos extremos, cada vez más frecuentes, como las sequías.
13. Simplificación
de trámites y descentralización de la evaluación ambiental por actividad
económica. La descentralización
de la evaluación ambiental es fundamental para agilizar el proceso, mejorar el
conocimiento en áreas específicas y reducir la discrecionalidad. Se deben
establecer mecanismos para fomentar la acreditación de organismos de evaluación
y de inspección del cumplimiento ambiental, que comprueben y garanticen su
competencia y capacidad técnica y un adecuado sistema de gestión de la calidad.
Esto permitiría mejorar la calidad de los estudios que se presentan, mejorar
las capacidades y que reporten de manera sistemática al ente rector.
14. Adaptación
y mitigación con cobeneficios. Las políticas de mitigación basada en
adaptación con cobeneficios permiten orientar las
acciones de reforestación y restauración para obtener impactos en adaptación, tales
como la regulación hídrica, mejoramiento climático y de microclimas, mejoramiento
del suelo, entre otros; y generar cobeneficios
sociales, para la salud, producción, etc. El análisis de cobeneficios
permite integrar la agenda climática y la agenda de desarrollo sostenible.
15. Programa
de gestión de plásticos para la generación de materiales. Hay mucho que trabajar para una
adecuada gestión de los residuos sólidos, en especial, los plásticos, que
cubren las playas y ríos, y afectan los drenajes y obras hidráulicas,
desencadenando inundaciones. El programa permitirá gestionar los plásticos y
generar productos útiles para las comunidades, estableciendo puntos de
recolección a lo largo de las principales ciudades y zonas costeras, y
programas de reciclaje y producción de materiales de construcción (no
estructurales), mobiliario para escuelas, y otros insumos útiles para las
comunidades. Diseñar programas de investigación para la construcción
sismorresistente utilizando bloques o lozas de plástico reciclado, permitiría
evolucionar el programa hacia la construcción de vivienda mínima
sismo-resistente.
16. Creación
de la Banca de Créditos Ambientales (BCAES) de El Salvador. Con el objetivo de promover el
desarrollo económico y mantener la integridad ecológica y biodiversidad, se
propone la creación de la Banca de Créditos Ambientales (BCAES) de El Salvador,
el cual estaría basado en un esquema que provee un valor monetario a los servicios
ambientales, situación que en el pasado dejo en desventaja al Medio Ambiente frente al Desarrollo
Económico. BCAES sería un mecanismo voluntario de créditos ambientales, basado
en una metodología objetiva de evaluación que busca un equilibrio entre
políticas, planes o proyectos de inversión, y la gestión sostenible de los
recursos naturales. Con este cambio de paradigma se pueden mejorar los valores
ambientales a través del desarrollo de proyectos de inversión; es decir, que es
posible lograr la protección, manejo y mejoramiento de la biodiversidad en las
áreas de compensación ambiental de por vida, mientras se dinamiza el desarrollo
de proyectos públicos o privados.
Otras
iniciativas
§ Desarrollo de la construcción eficiente
(vital para reducir los efectos del cambio climático)
§ Implementación de estrategias de diseño
bioclimático y eficiencia energética (Passive House)
§ Uso de tecnología ecointeligentes
(Impresión 3D)
Protección
ambiental, del agua y saneamiento
Las condiciones ambientales y
climáticas actuales han llevado al planeta a una encrucijada, así como al
cuestionamiento de un sistema en el que las formas de producción y consumo
llevan a la explotación exacerbada de recursos, la generación de desechos y
emisiones de CO2 insostenibles y que amenazan no solo la vida humana, sino la
de otras especies y la integridad de los bienes naturales de los que nos
abastecemos.
El Salvador debe impulsar y desarrollar
medidas para reducir los impactos y consecuencias de las prácticas y actividades
de la industria, el aparato estatal y la población, que alteran negativamente
el ambiente.
Indudablemente, el fortalecimiento
institucional y normativo es importante, pero también lo son los cambios de
actitud y la conciencia de cómo nuestras decisiones individuales, colectivas,
políticas, privadas e institucionales pueden marcar pautas para continuar en la
lógica actual, o redefinir un rumbo sustentable para las presentes y las
futuras generaciones.
Bajo la idea de sustentabilidad, el
fortalecimiento de la sociedad civil y el fomento de su organización se vuelven
un mecanismo para defender y promover los derechos ambientales, para el control
social de las políticas, medidas y decisiones gubernamentales, que deben
atender a las necesidades y realidades de cada población y territorio. La unión
de lo institucional, lo normativo, así como una población empoderada de sus
derechos, permitirá que se prevengan trasgresiones ambientales y que, cuando
estas ocurran, exista la posibilidad real de activar los mecanismos para
reparar los daños producidos y evitarlos en el futuro.
Es indispensable recordar que la
protección, conservación y restauración de los elementos ambientales dentro del
territorio salvadoreño también requiere de la adopción de otras medidas a nivel
regional. Los bienes compartidos con los países vecinos llaman a la adopción de
medidas de conservación y gestión igualmente compartidas y en beneficio de sus
diversas poblaciones, por lo que hablar de acuerdos, políticas y acciones a
nivel del istmo centroamericano debe ser un estandarte del gobierno,
especialmente al describirnos como un país agua-dependiente.
Principales apuestas
Del
agua y el saneamiento:
·
Impulsar,
desde las carteras e instituciones de gobierno, el reconocimiento expreso del derecho
humano al agua y al saneamiento, consignada en la Constitución de la República,
en razón de la importancia del que él mismo reviste y por las condiciones
particulares del país en materia hídrica, que se caracterizan por la falta de
acceso, escasez y contaminación del agua.
·
Diseñar un
modelo urbano hídricamente sostenible, a través de la gestión holística del
recurso hídrico en todo su ciclo de vida y cadena de valor, que incluye el
abastecimiento de agua, el manejo de aguas pluviales y servidas, gestionando
cantidad y calidad de agua.
·
Promover,
desde el Ejecutivo, el desarrollo normativo del derecho al agua y el
saneamiento, por medio de una Ley General de Agua que contemple un enfoque de
cuenca, los usos prioritarios del agua de acuerdo a los estándares
internacionales, una autoridad rectora eminentemente pública y la prohibición
de cualquier modalidad privatizadora del agua en el país; así como a través de
una Ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento. Atendiendo de esta forma a
los llamados que los comités y relatores de Naciones Unidas han realizado de
manera reiterada al Estado salvadoreño.
·
Promover a
nivel de los países del istmo medidas legislativas y de otra naturaleza para el
manejo compartido de las cuencas transfronterizas, considerando especialmente
el caso de la cuenca compartida del Río Lempa, principal fuente de
abastecimiento de agua de la población salvadoreña.
·
Promover
el uso racional de los recursos hídricos, adoptar medidas para la protección y
recuperación de las cuencas, y sancionar los casos de contaminación hídrica.
Transitar
del modelo extractivista y de consumo masivo hacia el desarrollo y las
prácticas sustentables:
·
Generar
conciencia ambiental para el cambio de actitudes en la población, la empresa
privada y los servidores públicos, por medio de la educación, la información,
los incentivos y las campañas a favor de la protección y conservación del medio
ambiente.
·
Mantener
la posición de prohibición de explotación minera metálica y de cualquier actividad
extractiva, o de explotación de bienes naturales, que conlleve la pérdida de
biodiversidad, la contaminación del agua, aire, suelo, y afectaciones a la
salud de las personas.
·
Procurar
la consulta previa, libre e informada de cualquier actividad, obra o proyecto
de impacto ambiental, local o nacional, y promover la ampliación del plazo de
consulta púbica para expresar opinión sobre los estudios de impacto ambiental,
que contempla el artículo 25 de la Ley de Medio Ambiente, y que no se ciñe a
los parámetros del plazo razonable.
·
Promover
la investigación científica y el desarrollo de tecnologías innovadoras para
encontrar soluciones sustentables a los problemas ambientales del país, que
favorezcan el cambio de patrones de producción y consumo insostenibles. Esto
con el fin de transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable que
contribuya, al mismo tiempo, a la superación de la pobreza rural y urbana.
·
Promover,
principalmente, a la reducción de desechos o residuos, y luego la reutilización
y el reciclaje en lo comunitario, municipal, privado y gubernamental.
·
Desarrollar
el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, de conformidad al Acuerdo
de París y la Ley de Medio Ambiente.
·
Fomentar
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de conformidad a
los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de París (2015), entendiendo que el
consecuente cambio climático produce pérdidas agrícolas, de biodiversidad,
sequías, aumenta las probabilidades de ocurrencia de desastres y la
vulnerabilidad de las poblaciones.
Estrategia de mejora de los plazos de
respuesta en el proceso de emisión de permisos ambientales
El
desarrollo sostenible se sustenta en la búsqueda de un equilibro entre aspectos
ecológicos y económicos, aspirando siempre a equidad. La emisión de permisos ambientales,
para la realización de procesos de evaluación ambiental, consiste en un
conjunto de procedimientos, que permite al Estado, con base en un estudio de
impacto ambiental, estimar los efectos y consecuencias que la ejecución de una
determinada obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el ambiente. Esto
permite asegurar la ejecución y seguimiento de las medidas que puedan prevenir,
eliminar, corregir, atender, compensar o potenciar, según sea el caso, dichos
impactos. Sin embargo, este proceso ha sido siempre engorroso y extremadamente
burocrático, lo que ha provocado la pérdida de competitividad y atrasos en a la
inversión en el país. Esto situación ha quedado plasmada en las consultas realizadas
por el organismo de mejora regulatoria a principios del año 2017, en donde el
permiso ambiental, la factibilidad de ANDA y el tramite con OPAMSS han sido
identificados como las principales dificultades para hacer negocios en El
Salvador.
La
falta de infraestructura, capacidad técnica, instrumentos, herramientas y un
confuso marco regulatorio, sumados a requisitos sin base legal, han sido el
caldo de cultivo para favorecer la burocracia y la corrupción en dentro y fuera
de las instituciones involucradas en los trámites administrativos que derivan
en la emisión de los permisos.
Con
el propósito de mejorar el proceso de emisión de permisos ambientales, con un
enfoque de efectividad, eficacia y eficiencia, se proponen las siguientes
acciones estratégicas:
Sistema Integrado de Permisos (SIP)
El
SIP funcionaría con un enfoque de proceso en paralelo, en lugar del enfoque
tradicional secuencial. Esto significa una revolución para erradicar la
burocracia en todas las instituciones vinculadas a la emisión de permisos de
construcción y funcionamiento.
El
sistema debe garantizar la privacidad y la integridad de la información, a
través de la creación de un software de manejo centralizado, pero almacenado en
las instituciones donde fue creado, evitando la duplicación datos.
El SIP
funcionaría de manera que las oficinas de gobierno que requieran información de
otras oficinas puedan acceder a través de este software. Por ejemplo, el
proceso de emisión de resolución ambiental del MARN depende de la información
de otras instituciones como ANDA, OPAMSS, MISAL, MICULTURA, OPLAGEST, VMDVDU,
MINES. Así se evitaría el exceso de costos y esfuerzos en la creación de
documentos, además de un importante ahorro de tiempo.
Principios:
·
Fácil
acceso a los datos por las autoridades competente (niveles de acceso, tracking).
·
Garantía
de integridad de la información.
·
Confidencialidad.
Componente del SIP
·
Para el
funcionamiento del sistema se requiere al menos:
·
Plataforma
de intercambio de datos funcionando.
·
Infraestructura
digital.
·
Firma Digital
implementada.
·
Servicio End-to-End- Encryption operativo.
·
Sistema (software)
de monitoreo y control creado.
·
Marco
regulatorio armonizado.
·
Oportunidades
Coyunturales
Tomar
ventaja de los recientes cambios al marco jurídico vinculante a la emisión y/o
denegatoria de permisos ambientales tales como:
·
Ley de
eliminación de Trámites Burocráticos, 2018
·
Tribunal
de eliminación de trámites burocráticos, 2018
·
Ley de
Mejora Regulatoria, 2018
·
Ley de
Procedimientos Administrativos, 2018
·
Ley de
Agilización de trámites (proceso de revisión), 2018
·
Ley de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 2017
Implementación del proceso de
certificación
La
reducción del tiempo de respuesta pasa por l estandarización de los requerimientos,
así como las garantías de las competencias de los involucrados en el proceso de
obtención del permiso ambiental, tanto al interior del MARN, como los
profesionales que aspirar a ser prestadores de servicios ambientales.
Los
elementos claves son:
·
Organismo
de certificación acreditado
·
Requerimientos
de ISO 17024 completados
·
Esquema de
certificación diseñado
·
Banca de
Créditos Ambientales (BCAES)
·
BCAES para
agilizar la emisión de permisos ambientales
Con
el objetivo de promover el desarrollo económico y mantener la integridad
ecológica y biodiversidad, se propone la creación de la Banca de Créditos
Ambientales (BCAES) de El Salvador, el cual estaría basado en un esquema que
provee un valor monetario a los servicios ambientales, situación que en el
pasado dejo en desventaja al Ambiente frente al Desarrollo (económico).
BCAES
sería un mecanismo voluntario de “créditos” ambientales, basado en una
metodología objetiva de evaluación que busca un equilibrio entre políticas, planes
o proyectos de inversión, así como la gestión sostenible de los recursos
naturales.
Con
este cambio de paradigma se pueden mejorar los valores ambientales a través del
desarrollo de proyectos de inversión. Es decir, que es posible lograr la
protección, manejo y mejoramiento de la biodiversidad en las áreas de
compensación ambiental de por vida, mientras se dinamiza el desarrollo de
proyectos públicos o privados.
BCAES
funciona como un mercado en donde se pueden generar, comprar y retirar unidades
ambientales llamados Créditos Ambientales.
La
finalidad primordial de este esquema es la Protección, Gestión y Mejoramiento
de la biodiversidad en las áreas de compensación ambiental de por vida. Al mismo
tiempo que estandariza el criterio de compensación ambiental, al tiempo que
provee una plataforma transparente para que todo aquel interesado pueda acceder
a la información.
BCAES
permitiría no solo mejorar los procesos de evaluación ambiental, sino también
establecer un equilibrio entre la implementación de Proyectos de Inversión y el
mejoramiento de los valores ambientales en las áreas de Compensación Ambiental.
Ventajas competitivas
·
La
protección, manejo y mejoramiento de la biodiversidad en las áreas de
compensación ambiental de por vida.
·
El
otorgamiento de permisos ambientales para el desarrollo de proyectos públicos o
privados.
·
La
reducción de trámites burocráticos.
·
La
estandarización del criterio de compensación ambiental.
Implementación de la Evaluación
Ambiental y Social Estratégica Regional (EASE)
El
enfoque de evaluación ambiental a escala de proyecto, sin considerar aspectos
de desarrollo y potencial estratégico a nivel de regiones al interior del país,
han provocado un desgaste al Estado por el uso ineficiente e inefectivo de los
recursos institucionales. Esto podría cambiar, si se realizara una evaluación
ambiental y social estratégica que identifique los activos ambientales, y que
favorezca el potencial de desarrollo en diferentes zonas del país. El enfoque
de la EASE difiere del enfoque poco efectivo de las zonificaciones ambientales
actualmente vigentes y del poco provecho por parte del Estado de la Evaluación
Ambiental Estratégica plasmada en Ley del Medio Ambiente.
Fortalecimiento institucional
Una
de las mayores oportunidades que existen para mejorar la calidad, la
pertinencia y los plazos de respuesta institucional pasa por el fortalecimiento
institucional, con las siguientes acciones:
·
Instrumentos
técnico-administrativos.
·
Actualización
de los procedimientos administrativos.
·
Elaboración
de guías técnicas.
·
Capacitación
del personal técnico.
·
Establecimiento
de plazos máximos de respuesta.
·
Implementación
de sistema de monitoreo y control interno, a fin de verificar los tiempos de
respuesta.
·
Implementación
de herramientas de análisis y geoprocesos.
·
Mejora del
Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).
·
Redundancia
de servidores y sistema dedicado.
Sequías en el país
El planeta Tierra está cubierto de una
capa acuosa líquida, océanos, ríos, lagos, lagunas, humedales, la mayor parte
de sus rasgos superficiales están constituidos por agua.
La vida misma en la Tierra se forma,
desarrolla y existe a merced de la presencia de este líquido imprescindible.
Desde el espacio o desde las profundidades de su envoltura gaseosa, este es un
mundo de agua. Sin embargo, a pesar de la abundancia global, los seres humanos
estamos teniendo problemas de escasez de agua, cada vez más frecuentes, cada
vez más intensos, cada vez más devastadores.
En El Salvador, según registros de los
últimos 30 años, hay precipitación pluvial que oscila entre los 1600 y 1800
mm/año, distribuido en 6 meses de mayo a octubre de cada año, razón por la cual
el vial líquido escasea, considerando además que solamente un 8 a 10 % cae
en los meses de noviembre a abril, generando una desestabilización en cuanto a
este vital recurso.
Cabe mencionar, además, que por las
condiciones de clima de nuestro país, hay fenómenos de “canícula” entre los
meses de junio a agosto de cada año, que son períodos con poca o ninguna
precipitación, que duran de 2 y hasta 4 semanas en el oriente del territorio,
que hacen aún más difícil el manejo y la distribución del agua.
Estrategias
·
Desarrollar
agricultura con enfoque de cuencas hidrográficas y ordenamiento territorial en
base a mapeo hidrográfico.
·
Educación
y sensibilización a la protección y conservación de este vital recurso; incidiendo
en estudiantes desde los primeros niveles.
·
Tecnologías
limpias para evitar la contaminación, y buen manejo de desechos desde los
asentamientos urbanos, colonias, barrios y comunidades.
·
Promover
el pago por servicios ambientales, en los pocos bosques que aun conservamos,
bosque cafetero y reservas forestales, por mencionar algunos.
Líneas de acción
·
Asistencia
técnica dirigida a pequeños, medianos y grandes agricultores, mediante
ordenamiento y mapeo de cuencas; implementando actividades culturales de
conservación y protección del recurso en todos los segmentos productivos de la
agricultura y ganadería.
·
Incluir en
los programas educativos, módulos de protección y conservación de los recursos
naturales desde la primaria. Además de programas de sensibilización de
protección del agua dirigida a adultos, con énfasis a ser impartidos en
directivas comunales, ADESCOS y otras organizaciones que representen a la
población.
·
Generar
normativas leyes o poner en práctica las ya existentes, de protección de los
recursos, que incidan directamente en toda actividad para utilizar tecnologías
limpias –renovables, para el buen uso y manejo del agua.
·
Según
información de áreas registradas en CNR, de cultivos permanentes, reservas
forestales y áreas naturales, asignar estímulos y/o pago por servicios
ambientales, según normativas coordinadas con el MARN.
Contaminación
Contaminación es toda acción humana,
inorgánica, permanente y continuada que altera las condiciones del medio
ambiente provocando efectos negativos sobre la salud, los ecosistemas y los
seres vivos. Se llama contaminación a la transmisión y difusión de humos o
gases tóxicos a medios como la atmósfera y el agua, como también a la presencia
de polvos y gérmenes microbianos, provenientes de los desechos de la actividad
del ser humano. Así como desechos sólidos y líquidos vertidos, en su gran
mayoría desde las grandes urbes, sin ningún o poco control y concientización a
la protección de los recursos.
Todo tipo de industria, realizada sin
sensibilización ambiental, es un foco de contaminación, y El Salvador no es la
excepción donde podemos observar que una parte de los causantes de la
contaminación son las mismas personas, día a día se está destruyendo la naturaleza
ya sea conscientemente o inconscientemente.
Con el transcurso del tiempo en el país
la naturaleza sigue siendo víctima de la humanidad, en el país la contaminación
es muy notoria, uno de tantos ejemplos sería los tiraderos de basura en las calles
y carreteras que posteriormente son arrastrados por la escorrentías y quebradas
hacia los ríos y luego al océano, uso inapropiado de agroquímicos y
fertilizantes, el transporte, etc.
Estrategias
El Salvador requiere de varios aspectos
a considerar de emergencia: la contaminación de suelos por agroquímicos y
tóxicos; manejo inadecuado de desechos sólidos y peligrosos; sistemas obsoletos
de alcantarillado sanitario; aguas residuales domésticas e industriales sin
tratar; rastros municipales insalubres, entornos comunitarios insalubres, por
mencionar algunos.
·
Regulación
del uso y manejo de agroquímicos, para bajar la contaminación del suelo, y con
ello mejorar la calidad del agua.
·
Manejo
integrado de desechos sólidos en las zonas urbanas y rurales, mejorando así, de
forma directa, la calidad del aire y ambiente en los cascos urbanos.
·
Tratamiento
y manejo en la disposición final de aguas residuales, en las zonas industriales
y conglomerados urbanos, promoviendo su reciclaje.
Líneas de acción
·
Para toda
iniciativa y ejecución de estrategias es imprescindible la participación
ciudadana, para elaborar las normas, recibir información, mejorar las
capacidades humanas en torno a la protección de los recursos y son los actores
directos de cada una de las acciones.
·
Cumplir
las leyes y normas para el uso de agro químicos, pesticidas y/o fertilizantes.
·
Separación
de desechos desde los barrios y colonias, en coordinación con las empresas
vendedoras de productos y servicios, que generen estos y creación de áreas para
composteras comunitarias.
·
Construcción
de fosas oxidantes para el tratamiento de vertidos residuales, para bajar el
impacto contaminante e inducir a la reutilización o reciclaje de las aguas.
Biodiversidad
Al igual que en la región y el mundo,
en El Salvador la degradación ambiental y los factores que la generan, junto al
cambio climático, son las principales amenazas a la biodiversidad.
A pesar de tener poco territorio como
nación, por estar en la franja tropical del globo terráqueo, contamos con una
diversa y compleja gama de microorganismos en los diversos ecosistemas, razón
por la cual es necesario, evitar la degradación ambiental y el cambio
climático, para poder mantener la biodiversidad, que tan importante es para la
sostenibilidad de las cadenas biológicas.
Estrategias
·
Identificar
y dar prioridad a los diferentes ecosistemas, mediante actividades culturales
de conservación y protección de la vida.
·
Manejo
integral de vertidos líquidos antes de llegar al océano, ríos y lagos, para la
protección y conservación de los ecosistemas acuáticos.
·
Evitar la
ruptura e invasión de la frontera del bosque salado, disminuyendo así cambiar
el uso de los suelos y dar sostenibilidad en el tiempo a los ecosistemas
costero marinos vitales para la pesca.
Líneas
de acción
·
Implementar
asistencia técnica específica para el agro ecosistema, el cual significa la
mayor parte del uso del suelo, y su impacto sería de gran magnitud para la
conservación de la vida silvestre y microorganismos.
·
Construcción
de fosas oxidantes para el tratamiento de vertidos residuales, para bajar el
impacto contaminante e inducir a la reutilización o reciclaje de las aguas y
dar calidad en el agua para la biodiversidad.
·
Delimitar,
proteger e incluso incrementar el bosque salado y con ello proteger la biodiversidad
de la franja costero/marina.
Ley de Protección de Vida Silvestre y
Protección Animal
La vida silvestre se refiere a los
animales que no domesticados; pero esto también incluye todas las especies de
plantas y organismos que crecen y se desarrollan en un área natural, sin haber
sido interferida por los seres humanos.
Se puede encontrar en todo ecosistema
algún rastro de vida silvestre. Todos los trópicos naturales como los bosques,
desiertos e incluso áreas urbanas, poseen vida salvaje. Aunque se suele decir
que el término habla de los animales que no han sido tocados por el hombre; se
está de acuerdo que la vida silvestre está influenciada de alguna manera por la
actividad de la raza humana.
El objeto principal de la ley es la
protección restauración, manejo, aprovechamiento y conservación de la vida
silvestre. Esto incluye la regulación de actividades como la cacería,
recolección y comercialización, así como las demás formas de uso y
aprovechamiento de este recurso.
Estrategias
Aplicar, de forma efectiva y eficaz, la
Ley de Protección y Conservación de la vida silvestre: Art. 5. El Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales será responsable de la aplicación de la
presente ley en lo que respecta a la protección, restauración, conservación y
el uso sostenible de la vida silvestre. La regulación de las actividades de
comercialización del mencionado recurso es atribución del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, quien para tal efecto podrá dictar normas específicas
por medio de Acuerdos Ejecutivos.
Líneas
de acción
Art. 6. Corresponde a El Ministerio
del Medio Ambiente y Recursos Naturales de conformidad a su acuerdo de
creación: Hacer valer la Ley, de los ítems
desde el “A” hasta el “K” del presente artículo.
Enfocar, además, las políticas públicas
en función de la protección, cuidado y respeto por los animales domésticos;
además de la implementación de clínicas
públicas para atender a los perros y gatos callejeros.
Cambio
climático y emisiones de gas
Antecedentes
Las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del cambio
climático, especialmente las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los
sectores de producción de energía y transporte en los países desarrollados y
países en desarrollo más industrializados, continúan incrementando las causas
del cambio climático a nivel global, resultando en un agravamiento de este
problema y en la magnificación de sus manifestaciones e impactos negativos
actuales y futuros a escala global, regional, nacional y local.
La
vulnerabilidad ante el cambio climático en El Salvador tiene sus principales
causas en:
·
La vigencia de un modelo de crecimiento económico caracterizado por
patrones insostenibles de extracción-producción-consumo-desecho.
·
Dinámicas de uso de la tierra y cambio de uso de la tierra que conllevan
a más pérdida de ecosistemas y biodiversidad, contaminación y degradación
ambiental.
·
Implementación de políticas públicas e iniciativas que, lejos de
aumentar la resiliencia y capacidad de adaptación, crean condiciones económicas
y socio-ambientales de menor tolerancia ante la variabilidad y cambio del
clima.
·
Incumplimiento sistemático de la normativa ambiental vigente, incluyendo
la legislación nacional y los tratados internacionales sobre cambio climático y
los vinculados a este.
Políticas públicas
El marco
de medidas de respuesta y políticas públicas sobre cambio climático que el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha propuesto desarrollado,
se basa en la Política Nacional de Medio Ambiente (PNMA, 2012); la Estrategia
Nacional de Cambio Climático (ENCC, 2013); el Plan Nacional de Cambio Climático
(PNCC, 2015); la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC, 2017), y los
programas y planes para la restauración y reforestación de ecosistemas y
paisajes (PREP, 2012; PRREP 2016 y PAREP 2017). Sin embargo, no constituye un
marco idóneo de acción climática para la adaptación apropiada y oportuna de los
diferentes sectores socio-económicos, sistemas naturales, humanos y poblaciones
ante las manifestaciones e impactos del cambio climático a escala nacional y
territorial-local del país. Además, el marco vigente es incompatible con una
contribución nacional a la mitigación global real y efectiva de las causas del
cambio climático, y reducción en la emisión de carbono que sea adicional,
permanente, mensurable y verificable, sin fugas y sin doble conteo de carbono.
El desarrollo de este marco de políticas ha carecido de un proceso efectivo de
participación de los pueblos, actores y sectores no gubernamentales, durante
todas las etapas.
Marco normativo
Hay que
destacar las atribuciones más relevantes que la Asamblea Legislativa tiene,
además de legislar, para la definición y seguimiento de la eficacia del marco
normativo nacional en materia de cambio climático:
Dirimir
sobre la ratificación de los tratados o pactos que el Órgano Ejecutivo celebre
con otros Estados u organismos internacionales. Esto corresponde a los casos de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Convención),
ratificada en 1995; el Protocolo de Kioto (Protocolo), en 1998 para el primer
período de compromisos (2008-2012); y el Acuerdo de París (Acuerdo), el 27 de
marzo de 2017, en vigor desde el 26 de abril de 2017, y a implementarse a
partir de 2020. Estas son Leyes de la República, por lo que los compromisos y
obligaciones adoptados en estos tratados conforman el marco normativo
internacional (ONU) que debe orientar y sustentar el marco normativo nacional
para enfrentar el cambio climático.
Dar
seguimiento a la eficacia en la implementación y cumplimiento de la legislación
ambiental vigente, incluyendo los compromisos y obligaciones emanados de los
tratados anteriores sobre cambio climático; los elementos vinculados al cambio
climático del Convenio sobre la Diversidad Biológica; la Convención de Lucha
contra la Desertificación; la Convención relativa a los Humedales de
importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas
(Ramsar), y los tratados internacionales relativos a los Derechos Humanos; y en
el ámbito nacional, principalmente la Ley de Medio Ambiente de El Salvador
(LMA), entre otras, cuyas estipulaciones recaen en mandatos y responsabilidades
del MARN especialmente.
Dar
estructura y funcionamiento a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático
(CMACC), la cual debe jugar un papel proactivo en lo siguiente: estudiar y
analizar los temas relativos al medio ambiente y cambio climático, en pro de la
biodiversidad. Facilitar, a través de la legislación pertinente, el desarrollo
sostenible y la protección, conservación, aprovechamiento racional y restauración
de los recursos naturales. Dictaminar leyes que favorezcan al desarrollo y
sustentabilidad del medio ambiente, de manera integral, en cuanto a la
preservación de la vida. Concientizar a los demás órganos e instituciones del
Estado para que implementen lo estipulado en las leyes vigentes, y tomen
acciones encaminadas a restaurar el deterioro ambiental, y dictaminar sobre el
informe de labores del MARN-MAG-MINSAL- MINED-MINEC.
En este
contexto, se ha considerado de manera marginal, simplista y ambigua las
acciones para el cumplimiento y fortalecimiento de la legislación ambiental
para enfrentar el cambio climático y conservar la biodiversidad, constatándose:
i.
Una perspectiva puramente economicista, en función del aumento de la
productividad, la generación de empleo, la competitividad e inserción en las
cadenas de valor y mercados globales, bajo un enfoque antropocéntrico y
utilitario, que visibiliza la legislación ambiental sólo al servicio de los
sistemas productivos, consumistas y de desarrollo empresarial.
ii.
Propuestas paralelas contraproducentes a la mitigación y adaptación, por
ejemplo: las Zonas Económicas Especiales y Zonas geográficas de interés
nacional en detrimento de normativas nacionales para la sustentabilidad
ambiental, y la simplificación de trámites en detrimento de los Estudios de Impacto
Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica.
iii.
Una desvinculación a los mandatos legislativos antes mencionados, como
es el caso de dar seguimiento oportuno al cumplimiento de la legislación
vigente relativa al cambio climático por parte del órgano ejecutivo, y
fiscalizar en el marco de sus competencias constitucionales la labor de los
funcionarios públicos correspondientes.
iv.
No definir explícitamente la orientación, el enfoque y los alcances de
la llamada Ley Marco de Cambio Climático o de la legislación ambiental para el
cambio climático, en términos de la integración idónea de la adaptación y
mitigación que deben quedar bajo un enfoque de integridad ecológica y
sustentabilidad ambiental.
v.
No incorporar información pertinente a los aspectos de sustentabilidad
ambiental e impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático,
inherentes a los sectores y sistemas involucrados en las reformas, propuestas y
aprobaciones de nuevas leyes, impulso de disposiciones e iniciativas, ya sea
estas de tipo social, económica o ambiental.
Se está inviabilizando la
sustentabilidad presente y futura del país:
El tema
ambiental, y específicamente el cambio climático, ha sido considerado solo de
manera adicional, ornamental, mediática, foránea, decorativa, manipuladora, y
de conveniencia populista y electoral. Además de haber sido abordado esporádica
y aisladamente en el trabajo histórico de la Asamblea Legislativa, y con bajo
nivel de sensibilización y conocimiento por parte de los legisladores y
legisladoras respecto a las implicaciones del cambio climático en los
diferentes sectores socio-económicos, sistemas naturales y humanos, así como
poblaciones y territorios del país, especialmente los más vulnerables.
Siendo
el medio ambiente la base de la sustentabilidad; los impactos del cambio
climático, la degradación de la biodiversidad; la contaminación y el deterioro
de los entornos naturales de los territorios y comunidades, estarán minando la
aplicación de políticas públicas, medidas o esfuerzos de tipo ambiental, social
y económico desde el Órgano Ejecutivo, y comprometiendo la viabilidad de nuevas
leyes o leyes vigentes del ámbito económico-productivo, laboral, educativo, agropecuario-agroindustrial,
energético, tecnológico, de la salud, seguridad pública y transparencia.
(Fuente: Documento presentado por la Mesa de Cambio Climático de El Salvador a
la legislatura electa para el período 2018-2021 para una acción climática
idónea y efectiva)
Como
mandato de la Ley de Medio Ambiente (LMA), no incluye un diagnóstico o contexto
nacional que aborde las manifestaciones, efectos e impactos del cambio
climático. No plantea la contribución del país a las causas del cambio
climático desde sectores y fuentes emisoras, ni propone el potencial nacional
de mitigación y adaptación, ni los medios de implementación requeridos. Al
evadir los criterios, directrices y herramientas técnico-científicas y
metodológicas, resulta incumpliendo el marco normativo de compromisos derivados
de la Convención y los alcances estipulados por la LMA.
Mejorar
la Contribución Prevista Determinada a nivel Nacional (INDC), presentada en
2015 de forma improvisada sin la anuencia del MARN, por hacerlo en el plazo
establecido, y con serias deficiencias conceptuales, metodológicas y de contenido,
de tal forma que no cumple con los criterios de idoneidad, eficacia, exactitud
y exhaustividad, aumentar el nivel de ambición y evitar la doble contabilidad
del carbono; ni con los requisitos de ser clara, comprensible y transparente.
Los
vacíos de instrumentos de política y brechas de información en materia de
mitigación, como el Primer Informe Bienal de Actualización (BUR) para notificar
el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI); las Acciones
Nacionales de Mitigación Apropiadas (NAMA) y los Sistemas Nacionales de
Medición, Notificación y Verificación (MRV) de las NAMA; la Estrategia Nacional
de Desarrollo bajo en Carbono a presentarse antes de 2020 y que debería
encontrarse en proceso de preparación. En materia de adaptación, los vacíos y
brechas incluyen la falta de un Plan Nacional de Adaptación (PNAD) y su
notificación oficial mediante la Tercera Comunicación Nacional de Cambio
Climático, que ya debería haber sido presentada; además de las Comunicaciones
Nacionales sobre Adaptación (CNAD) para la aplicación del Acuerdo. Todos los
anteriores con base en los escenarios climáticos, socio-económicos y
ambientales actuales y futuros, y las evaluaciones y estrategias de impactos,
vulnerabilidad y adaptación.
Por el
contrario, pasivamente, se ha dado aval al MARN para que el abordaje de la
adaptación al cambio climático en el PNCC y la NDC se rebaje al tema de
“Pérdidas y Daños”; lo cual es inviable mientras el país no cuente con los
escenarios de cambio climático (obligación del MARN según la LMA) y los
estudios de impactos, vulnerabilidad y adaptación que demuestren que las
pérdidas y daños son resultado del cambio climático y no de la variabilidad
natural del clima.
Al mismo
tiempo, hay una modalidad de comercialización del agua, el suelo y la
biodiversidad; inefectivo para la mitigación global del cambio climático;
inapropiado para la adaptación; generador de mayor vulnerabilidad, como es el
caso de la pérdida de soberanía alimentaria y territorial, y la creación de
conflictos territoriales y comunitarios; así como un negocio altamente
riesgoso. Se ha admitido silenciosamente que este negocio y concesión sea
promovido por el MARN, ante otros funcionarios, órganos del Estado,
organizaciones no gubernamentales, pueblos indígenas, comunidades, territorios,
actores sociales, municipalidades y la población en general, oculto bajo el
atractivo concepto de la “Restauración y reforestación de ecosistemas y
paisajes”, y con la mascarilla del enfoque amorfo de “Mitigación basada en Adaptación”.
Se ha pasado por alto los procesos de consulta inclusiva, transparente y
vinculante, que debió dirigirse desde la Asamblea Legislativa y su CMACC, bajo
el “Principio del consentimiento libre, previo, informado y de buena fe” con
los diferentes pueblos, actores y sectores no gubernamentales. En las
plataformas legislativas 2018-2021 de los partidos políticos no hay mención a
las comunidades ni pueblos indígenas, omitiéndose hacer mención de la necesaria
ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, referido al derecho de los pueblos
indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones
propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les
afectan.
Compromisos
De tal
manera que se reoriente el marco actual de políticas sobre cambio climático y
se corrija su ineficacia, hacia la acción climática idónea y efectiva en El
Salvador; para lo cual se debe:
Se debe
asumir las competencias constitucionales en materia de seguimiento a la labor
pública, para el logro de la eficacia de las leyes vigentes, dando mandato a la
CMACC y a otras comisiones permanentes, para que incluyan en sus planes de
trabajo el seguimiento y evaluación de la implementación plena y eficaz de la “Ley
del Medio Ambiente”, “Ley de Áreas Naturales Protegidas”, “Ley de Conservación
de Vida Silvestre”, “Ley Forestal”, “Ley de Protección Civil, Prevención y
Mitigación de Desastres”, “Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial”, “Ley
de Prohibición de la Minería Metálica” y sus reglamentos respectivos, así como
de la Convención, el Acuerdo, y otros tratados multilaterales ambientales.
Recibir,
analizar, aprobar o desaprobar los informes de labores del ejecutivo vía los ministros
y otros funcionarios, e interpelar, investigar y fiscalizar su labor según sea
necesario. Lo anterior, especialmente al MARN, pero también a otras entidades
del órgano ejecutivo con mandatos en materia de cambio climático, como los ministerios
de Agricultura (MAG); Obras Públicas; Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano
(MOPTVD); Educación (MINED); Gobernación y Desarrollo Territorial (MINGOB);
Economía (MINEC); Turismo (MITUR) y Salud (MINSAL), y cualquier otro. Lo
anterior, con base en:
i.
La verificación y fiscalización exhaustivas del grado de cumplimiento de
sus responsabilidades y mandatos derivados de la legislación nacional e
internacional en materia ambiental y de cambio climático.
ii.
El análisis y debate en comisiones y el pleno legislativo sobre el
desempeño del MARN y las otras entidades en términos de avances, logros e
impactos de la política y acción climática.
iii.
Designación de equipos especiales y asesoramiento de expertos en el tema
ambiental y de cambio climático, dentro de las comisiones permanentes para que
realicen investigación y análisis a profundidad de dichos informes respecto a
lo estipulado en los marcos normativos.
iv.
Elaboración por parte de la CMACC, de dictámenes sobre tales informes
para su debate en el pleno, incluyendo recomendaciones de interpelación o
destitución de funcionarios/as si así fuese el caso.
Incorporar
en los debates y discusiones de las comisiones permanentes, especialmente la
CMACC, y en las sesiones plenarias: el enfoque de integridad ecológica y sustentabilidad
ambiental; los principios de justicia social y ambiental, derechos humanos y
derechos de la naturaleza; y los criterios de reducción de la vulnerabilidad
climática, y medidas de respuesta idóneas y efectivas de mitigación y
adaptación ante cambio climático; con el propósito de evaluar la idoneidad y
eficacia de las leyes vigentes en todos los ámbitos, y justificar la
pertinencia de su continuidad, derogatorias, modificaciones, reformas,
aprobaciones, creaciones y establecimiento de disposiciones e iniciativas, a
partir de lo propuesto en las plataformas legislativas para el tema ambiental y
de cambio climático:
Dar
seguimiento al cumplimiento de calidad, de los compromisos y obligaciones
emanados de la Convención y el Acuerdo, especialmente aquellos que se enmarcan
en la acción climática para el período anterior al 2020, que aún son vigentes,
pero que el MARN ha estancado en un conjunto de vacíos de instrumentos de
política y brechas de información, ya enumerados.
Mejorar
sustantivamente las falencias conceptuales, metodológicas y de contenido de la
Primera NDC, en términos de idoneidad, eficacia, exactitud, exhaustividad,
nivel de ambición y contabilidad del carbono, para que la Segunda NDC se
elabore urgentemente y se presente a la Secretaría de la Convención lo antes
posible, cumpliendo con los requisitos de ser clara, comprensible y
transparente de conformidad al Acuerdo. Así mismo, que la Segunda NDC sea el
punto de referencia y de partida para las mejoras futuras, y se constituya en
la base para la acción climática en adaptación, mitigación, medios de
implementación (financiación, transferencia de tecnología y fomento de la
capacidad), participación social e integración del cambio climático en las
estrategias, planes y acciones de desarrollo y legislación.
Dar
seguimiento a los compromisos emanados de la LMA, especialmente en cuanto a la
actualización quinquenal sobre adaptación al cambio climático, que incluye la
revisión exhaustiva del primer informe de seguimiento bianual del PNCC,
presentado en 2018 pero que debió haberse presentado en 2017. Este informe
debería resumir los logros, obstáculos y propuestas en la implementación del
PNCC, el cual, paradójicamente, carece de indicadores de seguimiento apropiados
para evaluar y rendir cuentas sobre los avances de la acción climática en el
país.
Realizar
la recomposición, en calidad y completitud, del marco nacional de políticas de
cambio climático. Lo anterior, para prevenir y rechazar opciones de política
inefectivas para la mitigación del cambio climático y políticas que pudiesen
contrarrestar los objetivos de adaptación y generar mayor vulnerabilidad, como
es el caso de los programas, proyectos e iniciativas de REDD Plus y mecanismos
de compensación por destrucción de biodiversidad; la privatización del agua; la
minería metálica y no metálica; la expansión del cultivo de la caña de azúcar y
su respectiva quema y de plantaciones arbóreas de una sola especie; la
introducción de cultivos de especies transgénicas y foráneas, y cualquier otra
medida de degradación ambiental.
Fomentar
y fortalecer la cultura de la participación ciudadana en el proceso de
formación, reformas o derogatorias de leyes, asegurando la aplicación plena del
“Principio del consentimiento libre, previo, informado y de buena fe”; de los
pueblos, actores y sectores no gubernamentales del país relevantes en los temas
pertinentes, incluyendo a la Mesa de Cambio Climático de El Salvador.
En el
tema ambiental y de cambio climático; dichos procesos serán:
Con
amplia inclusión de los diferentes pueblos, sectores y actores sociales
relevantes;
Garantes
de la incorporación de un enfoque eco-céntrico y de derechos de la naturaleza;
Practicantes
de la perspectiva de derechos humanos, equidad inter-generacional; y
Con
respeto y reconocimiento de las diversas expresiones de saberes y
conocimientos: ancestral, local, técnico y científico en relación a la
sostenibilidad de ecosistemas.
Propuestas:
·
Normar la
emisión de gases adecuadamente utilizando la legislación vigente.
·
Reemplazar
el sistema actual de transporte público o modificarlo para disminuir o eliminar
la contaminación por monóxido de carbono.
·
Desarrollo
de investigación científica y un diagnóstico ambiental real con un plan
científico a corto, mediano y largo plazo para convertirnos en carbono cero. No podemos conocer lo que no conocemos.
·
Gestionar
procesos de traspase de uso de leña a biodigestores ecológicos (Se deforestan
actualmente 14 millones de árboles al año para cocinar con leña ONU-GIZ).
·
Gestionar
la disminución de procesos de quema agrícola, y eliminar esos y otros procesos
no sostenibles relacionados a la quema de rastrojos, desechos entres otros y la
zafra.
·
Cumplir
las leyes ambientales aplicando la legislación vigente la cual no se cumple a
conveniencia de unos pocos sectores.
·
Hacer
cumplir la ley de ordenamiento territorial junto a los municipios y planes
territoriales claros afines holísticamente a una reducción de carbono en sus
actividades.
·
Hacer una
efectiva protección, restauración y uso sostenible de nuestros bosques salados
y zona costera la cual representa a los ecosistemas más importantes en la
absorción de carbono.
·
Reforestación
general con árboles que produzcan alimento y resiliencia al cambio climático
(Por ejemplo, el ojushte, el bambú, etc.) y
recuperación de bosques salados que absorben la mayor cantidad de carbono
(manglares, hemos perdido el 60 % de nuestro bosque de mangle en los últimos
años, actualmente nos quedan 37 mil hectáreas de 100 mil que teníamos en 1980).
·
Generar
investigación científica e incentivos para la resiliencia de cultivos de café y
cacao al cambio climático, propiciando el mejoramiento de la biodiversidad.
·
Protección
y uso sostenible de arrecifes y ecosistemas costero-marinos ya que representan
los recursos más importantes para la soberanía alimentaria y reducción de
carbono.
·
Regular
hasta eliminar el uso de pesticidas que afectan los mantos acuíferos.
·
El mar es
el principal metabolizador de carbono. Para ello, se generarán granjas
familiares y granjas comunitarias marinas con cultivos de ostiones, ostras,
conchas entre otras especies captadoras de carbono y mejoraremos la calidad de
vida de los más necesitados generando soberanía alimentaria en las comunidades
costeras.
·
Apoyar las
instituciones como MARN, CENDEPESCA entre otras relacionadas, fortaleciéndolas
con enfoque holístico de conservación de ecosistemas naturales para mejorar la
calidad de vida de la población, recuperando ecosistemas de sostenibilidad
social, dándoles un uso adecuado para la reproducción de especies comestibles y
comercializables por la población (Bosques, manglares, arrecifes entre otros
que producen componentes de vida y alimento)
·
Cultivo de
bambú, apoyado por Programa Nacional del Bambú, para recuperar suelos
degradados y cuencas de ríos; disminuyendo o eliminando el asolvamiento de
manglares y arrecifes, metabolizando más rápido el carbono de la atmosfera y
generando materia prima para mejorar la calidad de vida de la población y
producción de viviendas dignas.
·
Apoyar a
los gobiernos locales a enfocar esfuerzos en la adaptación al cambio climático,
a través de procesos de disminución de carbono en sus municipios (Biodigestores,
manejo integrado de desechos sólidos, reforestación, educación ambiental, etc.)
utilización sostenible de recursos naturales, planes de control y monitoreo de
nuestra flora y fauna que le dan la vida a los ecosistemas.
·
Generar
granjas marinas de algas comestibles captadoras de carbono. (en 10 km2 de mar
se puede producir alimento para la población del país.)
·
Desarrollar
procesos educativos y de concientización pública claros y efectivos
relacionados al cambio climático y reducción de efecto invernadero en el país.
·
Desarrollar
un sistema financiero para facilitar procesos de inversión verde reductoras de
carbono (Economía forestal, caficultura, cacao, etc.)
·
Generar
procesos de pago por bonos de carbono en la sociedad civil cuando generen
proyectos de reforestación, recuperación de ecosistemas o mantenimiento de
bosques actuales particulares.
Fondos
Uso de cooperación internacional.
(USAID, GIZ, entre otras)
Fondo de adaptación al Cambio
Climático. (ONU)
Fondo de Medioambiente Global environment Fund (GEF)
Fondo Verde del Clima. (ONU)
Banco Mundial
Banco Interamericano de Desarrollo
Mantos
acuíferos
Llamamos manto acuífero a la
acumulación de agua en una roca permeable, debido a la presencia de otra roca
impermeable, que la confina en aquel. De ahí la importancia de la estructura
geológica, que determina la división en:
A) Mantos libres, que son los que se
encuentran en una roca alimentada en toda su superficie exterior; es decir, el
terreno que lo forma no está recubierto en ningún punto por una roca
impermeable, que impida la llegada directa de la infiltrada en la superficie. Los
mantos libres, en los que el agua llega cerca de la superficie y que pueden ser
fácilmente alcanzables por los pozos domésticos, se llaman mantos freáticos.
Éste es el caso de las aguas contenidas en los aluviones del fondo de los
valles.
B) Mantos cautivos, que son los que están
recubiertos por terrenos impermeables o de permeabilidad notoriamente inferior,
de forma que la alimentación solo puede realizarse por una parte de su
superficie. En ellos, en general, el agua se mantiene bajo presión debido al
techo impermeable, y en una sección vertical del terreno puede observarse que
se encuentran en las mismas condiciones que en una conducción forzada. Además
podemos conceptualizar como: Estrato o formación geológica permeable, compuesta
de grava, arena o piedra porosa, que permite la circulación y el almacenamiento
del agua subterránea por sus poros o grietas. Los acuíferos contienen las aguas
que provienen de la infiltración en el terreno de las aguas, lluvias o de lagos
y ríos, que después de pasar la franja capilar del suelo, circulan y se
almacenan en formaciones geológicas porosas o fracturadas.
Estrategias
·
Protección
y conservación de las áreas recubiertas por lava volcánica, manteniendo
delimitada las zonas como espacios de recogimiento de aguas lluvias que
alimentas directamente y con calidad los mantos acuíferos.
Líneas de acción
·
Crear
normas en la legislación que den sostenibilidad a estas zonas, para evitar así
la contaminación y la sobre explotación de material pétreo.
Carbono Neutral
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de El Salvador (MARN) es la institución gubernamental encargada de la
gestión ambiental del país. El MARN tiene como misión revertir la degradación
ambiental, generar la política nacional de medioambiente y reducir los riesgos
socio-ambientales.
El Ministerio de Medioambiente y
Recursos naturales, como autoridad es el encargado de emitir permisos
ambientales o autorizaciones para
ejecutar actividades económicas específicas, estos permisos se otorgan en la dinámica
de la evaluación ambiental.
En El Salvador, los antecedentes de
protección al medio ambiente se remontan al establecimiento del llamado “Servicio
de Parques Nacionales y Vida Silvestre”, en 1981, la cual inició como una
unidad especializada de la Dirección General de Recursos Naturales del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, y nació con el objetivo de Planificar y
Coordinar el Desarrollo Económico y Social para un medioambiente sano y con
mejor calidad de vida para la población.
Para
el año de 1994 se aprobó la Ley de Conservación de Vida Silvestre; ese mismo
año se creó la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente (SEMA), adscrita al
Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social
(MIPLAN).
El Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales fue establecido mediante Decreto Ejecutivo no. 27 del 16 de
mayo de 1997, publicado en Diario Oficial No. 88 Tomo No.335 de la misma fecha.
En 1998, por Decreto Legislativo de fecha 2 de marzo, fue aprobada la Ley del
Medio Ambiente, publicada en Diario Oficial No. 79, Tomo No. 339 de fecha 4 de
mayo de 1998.
Así, a través del tiempo, se percibió
estancamiento en los procesos administrativos ambientales deteniendo proyectos
de desarrollo socioeconómico del país o alargando su tramitología volviéndola
engorrosa y lenta. Con el objetivo de reducir y agilizar trámites
medioambientales de gestiones administrativas con el Ministerio de
Medioambiente y Recursos Naturales y que otras instituciones de gobierno hagan
sinergia y coadyuven acciones para un mejor desempeño y efectividad en las
evaluaciones, permisos, diagnósticos entre otros componentes necesarios para
una gestión ambiental fluida y lógica.
Impulsaremos políticas de Estado para
lograr convertir a El Salvador en un país Carbono Neutral para el año 2029,
para ello es urgente iniciar con acciones concretas que permitan ponernos en la
ruta para este logro.
Políticas
de transporte:
a) Fomentar el uso de vehículos
eléctricos, para lo cual se creará una dispensa absoluta de gastos e impuestos
de importación, así como de primera matrícula para vehículos eléctricos, tanto
de transporte privado como público.
b) Impulsar la conversión del transporte
público de diésel a eléctrico, creando las condiciones financieras adecuadas
para ello, buscando los beneficios internacionales que nos permitan reconvertir
todo el parque de transporte público para el año 2022, generando beneficios
tangibles, tanto a los empresarios como a los usuarios del sistema de
transporte público.
c) Crearemos un sistema de transporte
alterno, moderno, eficaz y de baja emisión, mediante la unión con los
empresarios privados, descongestionando de esta manera las carreteras y
ciudades y generando emisiones bajas y alta movilidad, así como ahorro al
usuario.
Políticas
de generación eléctrica
Impulsaremos el desarrollo del sector
eléctrico sostenible, con el fin de llevar el 100 % de nuestra matriz
energética a energía verde:
a) Fomentar la generación geotérmica
mediante la inversión privada y/o asocios público privados, generando las
políticas de beneficios económicos, fiscales, medioambientales tanto para la
sociedad como para las empresas.
b) Fomentar la generación fotovoltaica
tanto individual como comercial, generando las políticas de beneficios
económicos, fiscales, medioambientales tanto para la sociedad como para las
empresas e individuaos que inviertan en ello.
c) Potenciar la producción de energía
hídrica mediante inversiones estatales aprovechando las condiciones
internacionales para tal fin.
Políticas
de sustitución de consumo de energía
a) Potenciaremos el uso de iluminación led
en el alumbrado público de todos los municipios del país, para lo cual se
crearán las condiciones necesarias vía financiamientos a los municipios y
fortalecimiento de sus ingresos a través del FODES.
b) Potenciaremos la autogeneración
fotovoltaica en la zona rural.
c) Reconvertiremos todo el aparato público
para que autogenere y disminuya el consumo de energía, mediante la sustitución
de aparatos y luminarias de alto consumo por similares de bajo consumo.
Políticas
de generación de oxígeno y captación de CO2
a) Impulsaremos la reforestación del
parque cafetero, a fin de subir el índice de emisiones totales de GEI (kt CO2eq).
b) Se impulsará la creación de parques
forestales, tanto en las reservas estatales como en el sector privado, con
leyes de fomento a la producción forestal, medibles, supervisarles, que nos
devuelvan la sostenibilidad ambiental y la recuperación de los mantos acuíferos.
c) Considerando que tanto el suelo mismo
como sus cultivos son captadores de CO2, impulsaremos el uso productivo de la
tierra, utilizando el 100 % de las tierras cultivables de nuestro país,
creando las políticas financieras y de soporte técnico profesional,
garantizando de esta manera la sostenibilidad alimentaria como la recuperación
hídrica y bajar los niveles de CO2 en el ambiente.
Antecedentes
Herramientas
El MARN cuenta con direcciones y
unidades específicas las cuales funcionan para apoyar gestiones relacionadas a
las obligaciones y asignaciones institucionales. Estas direcciones son
actualmente y han mutado según los rectores institucionales que han llegado a
través del tiempo.
Unidad de Planificación, Seguimiento y
Evaluación.
Unidad de Cooperación Internacional y
Convenios Ambientales.
Unidad de Desechos Sólidos y
Peligrosos.
Unidad de Cultura Ambiental.
Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Dirección General de Ciudadanía y
Territorio.
Dirección General de Gestión Hídrica y
Ordenamiento Ambiental del Territorio.
Dirección General de Patrimonio
Natural.
Dirección General de Gestión Ambiental.
Dirección General del Servicio Nacional
de Estudios Territoriales.
Propuesta
La verificación y fiscalización
exhaustivas del grado de cumplimiento de las responsabilidades y mandatos en
cada dirección o unidad.
Designación de equipos especiales y
asesoramiento de expertos en el tema ambiental en las diferentes unidades y
direcciones con el objetivo de generar información técnica profesional del
estado actual.
Desarrollar los planes de ordenamiento
adecuados que impiden el desarrollo de gestiones en las diferentes regiones
geográficas del país.
Cumplir la normativa ambiental que la
ley exige a través de técnicos responsables y peritos en su área de trabajo.
Reasignar dentro de las direcciones y
unidades equipos multidisciplinarios para cubrir temas sociales, económicos y
medioambientales en las gestiones y evaluaciones técnicas de campo y
administrativas con el personal idóneo.
Asignar planes de trabajo anuales de
labores, alcances, metas, controles, monitoreo en territorios vinculantes y
trabajar holísticamente con otras dependencias, direcciones o unidades
institucionales.
Reincorporar la dirección técnica
financiera y la dirección de proyectos y planificación.
Hacer una evaluación de capacidades
técnicas específicas y reorientarlas a sus áreas originales de trabajo o
experticia.
Realizar un control riguroso de
procesos viciados y auditar las evaluaciones de proyectos asignados en áreas no
permitidas por las leyes vigentes. (ley de ordenamiento territorial entre
otras).
Incorporar técnicos especializados
acreditados, capacitados en las diferentes áreas ambientales del país.
Aumentar la cantidad, evaluar y hacer
cumplir las auditorías internas.
Incorporar un plan de control y monitoreo
real, metódico, lógico y efectivo en relación al manejo de procesos y usos de
recursos naturales de permisos otorgados o por otorgar.
Modernizar procesos administrativos,
legales, técnicos, de evaluación, control y monitoreo de gestiones y proyectos,
fortaleciendo capacidades.
Incorporar una unidad o dirección de
recaudación de fondos para financiar proyectos de desarrollo socio ambiental.
Reorientar la visión y misión basada en
la asistencia técnica, el control y monitoreo, la concientización publica,
legislación y alcances legales, un desarrollo sostenible, la conservación,
recuperación y uso adecuado de los recursos naturales, investigación
científica, procesos de educación
ambiental especialmente en la adaptación al cambio climático generando las
condiciones para la soberanía alimentaria de la población , propiciando
recursos naturales viables, descontaminados que puedan ofrecer una mejor
calidad de vida a la gente.
Bibliografía
·
Plataforma de Derechos
Humanos presentada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
a los candidatos a presidenciales 2019.
·
Informe nacional sobre
el estado de la biodiversidad para la alimentación y agricultura. CENTA, 2016.
·
Quinto informe
nacional para el convenio sobre la diversidad biológica, El salvador.
Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN).
·
Perspectivas del Medio
Ambiente: América Latina y el Caribe. Programa de las Naciones Unidos para el
Medio Ambiente (PNUMA).
·
Marco Fiscal de
Mediano Plazo 2016-2026. Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador.
·
Documento presentado
por la Mesa de Cambio Climático de El Salvador a la legislatura electa para el
período 2018-2021 para una acción climática idónea y efectiva.