Mujer

La mujer en El Salvador vive un clima generalizado de exclusión, violencia y abandono. Aunque han existido ciertos esfuerzos y proyectos que buscan paliar esta situación, poco o nada se ha logrado debido a las condiciones de pobreza, a la falta de acceso al sistema de salud y la carencia de apoyo por parte de las familias y el gobierno.

Nuestras niñas también sufren una de mala alimentación y, aun siendo menores, algunas deben convertirse en adultas en plazos inmediatos y velar por la crianza de un bebé, buscar su manutención y trabajar de lo que sea, sumando los traumas de haber sido abusadas. En el país, por ejemplo, cada día 2 niñas son abusadas sexualmente y cada año 20,000 niñas resultan embarazadas. De ellas, solo 1,000 van a la escuela, las demás entran en condiciones de trabajo informal.

Esas niñas que no logran ir a la escuela, en la mayoría de casos, tendrán que entrar al trabajo del sector informal para sobrevivir, con lo que no podrán cotizar al Seguro Social, mucho menos entran al mundo de los beneficios financieros. Se tendrá una cultura de supervivencia tanto en la madre, como en el hijo.

En el tema de autonomía económica, por ejemplo, la mujer está muchísimo más en la informalidad de la cotización, y como tal es la que más dificultades tiene para poder recibir una pensión de jubilación que le permita vivir dignamente.

Por ello, el acompañamiento desde el Estado debe ser permanente para ellas y de carácter generacional. Se debe garantizar el seguimiento a esta situación, apoyo para disminuir esos índices y, paralelo a esto, instalar una política muy potente para comenzar a prevenir. Ambos flancos están considerados en el nuevo gobierno.

Durante años, la clase política de El Salvador ha prometido que existirá equidad en la representación femenina dentro del gabinete de gobierno. Y aunque durante los últimos años se ha aumentado la presencia de mujeres, esta política no representa garantías estructurales para mejorar la situación de las mujeres salvadoreñas, sobre todo si la constante ha sido guardar silencio en casos de acoso sexual en el interior de algunas instituciones y órganos estatales. El no pronunciarse en los casos de abusos laborales, tanto en el Estado como en las empresas privadas, e impedir que funcionen préstamos internacionales en beneficio de proyectos para mujeres.

En el nuevo gobierno se ha considerado tener una política con un enfoque de género en todo su accionar y en todas áreas: educación, salud, vivienda, espacios públicos, transporte, seguridad pública, economía y emprendimiento, derechos laborales, migración, niñez y adolescencia. Esto se traduce a tener un verdadero mecanismo que garantice alcanzar la igualdad y equidad de género reales y que asegure el pleno ejercicio y garantía de los derechos de las mujeres como principio y no como meros discursos electorales.

Debemos instalar una política analítica y muy acuciosa sobre las causas de exclusión, violencia y desigualdad, incluso llegando a detalles territoriales, con el fin de aplicar las mejores estrategias y salir más allá de proyectos puntuales o iniciativas aisladas, ya que el costo de no invertir en estas áreas es alto para todo el país, y afecta a todas las aristas posibles: social, económica, productiva, de seguridad, etc. No queremos tener más generaciones condicionadas e históricamente vulneradas.

Autonomía económica

En materia de autonomía económica sigue vigente el reto de la igualdad distributiva, que incluye la superación de la pobreza de las mujeres, tanto monetaria, como de tiempo; la igualdad salarial, el fin de la discriminación en el mercado laboral y de los sesgos y déficit en la protección social.[1]

Cada vez la brecha económica entre hombre y mujer, lejos de hacerse más corta, se agranda y complejiza. En nuestro plan también se aborda el trabajo doméstico, de cuidados de aquellas mujeres que no han sido remuneradas como merecen y que han vivido en el núcleo de la desigualdad, basada en la división sexual del trabajo, en especial de las mujeres rurales, indígenas, campesinas y las que pertenecen a hogares con menores ingresos. Estas son deudas que los gobiernos pasados con las mujeres debieron saldar, no solo por razones de justicia, sino también como requisito indispensable para un cambio estructural progresivo. Es un derecho que todas las mujeres tienen y que merecen que se cumpla.

En este tema del trabajo no remunerado que ejecutan las mujeres, y que jamás ha sido valorizado en términos económicos, una mujer que ha estado en su hogar, cuidando de la supervivencia de sus hijos y de sus familias, no recibe ni un dólar y tampoco cotizan al sistema de pensiones.

Ante este contexto, se deben buscar mecanismos que garanticen la seguridad social y autonomía económica como: Seguro Social, seguro de vida, AFP, acceso a bancas de apoyo financiero, capacitaciones en línea, descuentos en su movilidad.

La concepción de una política y una estrategia de género se debe enfocar en las finanzas públicas, los presupuestos y las proyecciones de inversión y gastos. En todos estos aspectos, creemos que se debe considerar el beneficio a la mujer salvadoreña, según su situación, su rol y su ubicación geográfica.

Asimismo, en el tema de sesgo de género en la tributación el Ministerio de Hacienda, debe liderar una política financiera del Estado, con enfoque de género, y debe guiar a todo el aparato del Estado a enfocar estos recursos con igualdad y equidad.

Estas son algunos ejes que nos hemos propuesto, y que esperamos cumplir en beneficio de todos y todas las salvadoreñas.

Es necesario realizar un examen exhaustivo a nivel gubernamental de todas las prácticas y conductas que tengan, o puedan tener, un impacto discriminatorio contra las mujeres y los grupos en condiciones de vulnerabilidad; y adoptar las medidas necesarias para superar la discriminación y los estereotipos que afectan negativamente el ejercicio de sus derechos, así como la sanción y reparación cuando se realicen trasgresiones de los Derechos Humanos basados en hechos discriminatorios de cualquier naturaleza.

Para realizar propuestas efectivas y realistas, retomamos la Plataforma de Derechos Humanos presentada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a los candidatos presidenciales 2019.

Además, se realizó un proceso de lectura y reflexión de la Plataforma de Demandas por la Igualdad, Nada sobre nosotras, sin Nosotras, presentada por la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, con el objetivo de estar en sintonía con las grandes luchas que miles de mujeres salvadoreñas han realizado durante años y quienes, gracias a la sororidad y a la presión social, han logrado conquistar, poco a poco, derechos en las áreas de salud sexual y reproductiva; derechos económicos; fortalecimiento de mecanismo de igualdad de género; fortalecimiento de los gobiernos locales desde la articulación con el gobierno central para la territorialización de las políticas de igualdad; derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la educación inclusiva.

 

PROPUESTAS CONCRETAS POR ÁREAS

Salud sexual y reproductiva

·         Dar acceso a la atención de salud gratuita y de calidad en el ciclo de vida, y con ello garantizar derechos sexuales y reproductivos como la Lactancia Materna, la preparación de las mujeres embarazadas, garantizando el parto humanizado y la erradicación de la violencia obstétrica. Como también, buscar la prevención de embarazos en adolescentes.

·         Implementación de la incapacidad por paternidad por un mes, para apoyar a las madres durante los primeros días del recién nacido, lo que ayuda al desarrollo vínculos afectivos en la primera infancia.

·         Incorporación de enfoques en los programas de atención en salud que orienten una atención libre de discriminación por identidad y/o expresión de género u orientación sexual.

·         Creación de un observatorio de embarazos en adolescentes, con información seccionada por edad, departamento y municipio de procedencia, siendo una herramienta para la identificación de la problemática, mejorando la intervención de programas de prevención.

Derechos económicos de las mujeres

·         Focalizar beneficios fiscales para mujeres jefas de hogar, como el Subsidio Universal para familias por cada hijo e hija que mantengan en el sistema educativo y que obtengan excelente rendimiento académico, el IVA diferenciado y acceso a créditos blandos para adquisición de vivienda.

·         Crear un Programa de Rehabilitación para mujeres privadas de libertad que garantice la reinserción a la sociedad.

·         Crear programas para fomentar y fortalecer el cooperativismo y asociatividad de mujeres del sector informal, que contribuyan a garantizar su autonomía económica.

·         Desarrollar y fortalecer los programas que promuevan el acceso a recursos y/o créditos a bajos intereses para las mujeres productoras de El Salvador, y asegurar la creación de un fondo de garantía crediticia para mujeres emprendedoras.

·         Establecer un programa permanente de capacitación vocacional para mujeres a nivel de municipios, incluyendo localidades medianas y pequeñas, en coordinación con los gobiernos locales, creando incubadoras de emprendimientos para madres solteras en cada departamento.

·         Mejorar las condiciones para el acceso a empleo remunerado y el cumplimiento de garantías y derechos laborales para las mujeres.

 

·         Crear una bolsa de empleo para las mujeres, en el sector de la economía del cuidado, en coordinación con las organizaciones de mujeres de los municipios.

·         Dar impulso a la ratificación del convenio 189 de la OIT, facilitando las modificaciones al Código de Trabajo, para garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar: regulación del contrato verbal o escrito, salario digno, la incorporación al sistema de pensiones.

·         Impulsar programas para incorporar a las mujeres al mercado laboral, en condiciones de igualdad y no discriminación, garantizando el cumplimiento de los derechos laborales y seguridad social.

Fortalecimiento de mecanismo de igualdad de género

·         Crear un Programa Nacional dedicado al descubrimiento del talento femenino en campos como tecnología, artes, ciencias, deportes para garantizar la igualdad de género.

·         Crear políticas basadas en el enfoque de seguridad humana y ciudadana, que permitan el diseño y la implementación de programas especializados de asistencia y atención integral de las personas víctimas de la violencia y de la delincuencia, los cuales deben ser dotados del personal idóneo y del presupuesto suficiente.

·         Dar continuidad y mejorar al Programa de Ciudad Mujer.

·         Fortalecimiento de las capacidades institucionales para desarrollar la función en ente verificador del cumplimiento de los compromisos del Estado con instancias internacionales en materia de igualdad y derechos de las mujeres.

Fortalecimiento de los derechos políticos de las mujeres

·         Mejorar las condiciones y herramientas que les permitan una intervención política, jurisdiccional y de control de ejecución presupuestaria de otras instituciones del Estado, a fin de garantizar que pueda cumplir su papel rector.

·         Promocionar, en coordinación con los gobiernos locales, la dinamización y creación de espacios públicos seguros e inclusivos para las mujeres, personas con discapacidad y LGBTI; incluyendo acciones afirmativas que contribuyan al fortalecimiento de las condiciones de seguridad para hacer uso de los espacios públicos.

·         Garantizar los mecanismos transparentes y democráticos para la elección y participación de mujeres, con idoneidad, en la vida política y el servicio público del país.

·         Evitar acciones o hechos que constituyan violencia política y/o simbólica hacia las mujeres durante procesos de campaña, así como la no utilización de niñas, niños y adolescentes.

Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

·         Realización de una Política Integral de Asistencia a mujeres que han sido víctimas de violencia de género, desarrollando un sistema de referencia, albergues, atención psicosocial, asistencia legal, y que se promuevan programas para la prevención y atención a la violencia contra las mujeres y niñas. Este modelo deberá ser el resultado de un diagnóstico que recoja experiencias ya desarrolladas con la visión de mejorarlas y estandarizarlas a nivel de las instituciones públicas competentes en base a la LEIV.

·         Reenfocar los planes y programas de seguridad en la prevención y control de las causas que generan la violencia y la delincuencia, con especial protección en aquellas poblaciones más vulnerables que pertenecen a comunidades pauperizadas, y con especial énfasis en la infancia, adolescentes y mujeres.

·         Establecer mecanismos institucionales de coordinación y atención inmediata a las personas y familias víctimas de desplazamiento forzado interno, que accionen oportuna y positivamente en su asistencia y protección, y en consecuencia, se registren oficialmente los datos estadísticos vinculados a la problemática.

·         Adoptar medidas para el reconocimiento del desplazamiento forzado por la violencia e iniciativas de ley para la protección y atención de las víctimas de este.

·         Incluir a las mujeres en el Plan Nacional para la Prevención de la Violencia en todo su ciclo vital, así como programas dirigidos a hombres que busquen concientizarlos, reeducarlos y formarlos para prevenir la violencia contra las mujeres.

·         Crear más Oficinas de Atención Especializadas dentro de la PNC y el fortalecimiento de las mismas, por medio del mejoramiento de capacidades del personal, incremento de recursos financieros y materiales necesarios para atender adecuadamente la problemática de violencia contra las mujeres.

·         Crear un programa integral de atención y seguimiento para los hijos e hijas de las mujeres víctimas de feminicidio.

·         Crear el Programa Nacional para la Prevención y atención de casos de acoso y violencia sexual en los centros escolares, como también se asegure la reinserción de mujeres y adolescentes sobrevivientes de violencia al sistema nacional de educación.

·         Crear una estrategia de prevención del feminicidio y la violencia sexual contra las mujeres, adolescentes y niñas.

·         Evitar la difusión de publicidad que transmita imágenes o mensajes visuales, audiovisuales, multimedia o plataformas informáticas con contenido de odio o menosprecio hacia las mujeres o la población LGBTI+.

·         Proteger la imagen de las mujeres en el más amplio sentido conforme a los principios constitucionales de respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales, y garantice el cumplimiento de la aplicación de los Códigos de Ética de los medios de comunicación para prevenir vulneraciones a la integridad de las mujeres.

Educación inclusiva

·         Creación de una política que asegure la no discriminación de mujeres en campos como: educación, deporte, salud, tecnología.

·         Promover la modificación de patrones socioculturales excluyentes y discriminatorios.

·         Impulsar la educación en paternidad y maternidad responsable, con programas en educación sexual, afectiva, emocional y psicológica.

·         Desarrollar un programa de actualización en la formación del personal docente de todo el Sistema Educativo, para que esté en capacidad de aplicar la Educación Integral en Sexualidad adaptado a diferentes niveles.

·         Articular con el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, una estrategia nacional orientada a bajar los índices de abuso sexual y los embarazos en niñas y adolescentes.

·         Garantizar el desarrollo de una educación de calidad e inclusiva a través de una visión integral de la educación, desde el nivel básico, media, técnica y superior, dentro del marco de la agenda para la equidad entre mujeres y hombres.

·         Garantizar la formación obligatoria y permanente a docentes en temas de Derechos Humamos, educación no sexista, derechos de la población LGTBI+.

·         Mejorar los controles y mecanismos para la prevención y detección del acoso escolar, que se aplique en todos los centros escolares y sea monitoreado de manera permanente.

·         Desarrollar programas de promoción y acceso de adolescentes, mujeres y hombres a oficios no tradicionales, desde una perspectiva de ampliación, flexibilización y diversificación de la vocación de oficios y profesiones.