La mujer en El Salvador vive un clima
generalizado de exclusión, violencia y abandono. Aunque han existido ciertos
esfuerzos y proyectos que buscan paliar esta situación, poco o nada se ha
logrado debido a las condiciones de pobreza, a la falta de acceso al sistema de
salud y la carencia de apoyo por parte de las familias y el gobierno.
Nuestras niñas también sufren una de
mala alimentación y, aun siendo menores, algunas deben convertirse en adultas
en plazos inmediatos y velar por la crianza de un bebé, buscar su manutención y
trabajar de lo que sea, sumando los traumas de haber sido abusadas. En el país,
por ejemplo, cada día 2 niñas son abusadas sexualmente y cada año 20,000 niñas
resultan embarazadas. De ellas, solo 1,000 van a la escuela, las demás entran
en condiciones de trabajo informal.
Esas niñas que no logran ir a la
escuela, en la mayoría de casos, tendrán que entrar al trabajo del sector
informal para sobrevivir, con lo que no podrán cotizar al Seguro Social, mucho
menos entran al mundo de los beneficios financieros. Se tendrá una cultura de
supervivencia tanto en la madre, como en el hijo.
En el tema de autonomía económica, por
ejemplo, la mujer está muchísimo más en la informalidad de la cotización, y
como tal es la que más dificultades tiene para poder recibir una pensión de
jubilación que le permita vivir dignamente.
Por ello, el acompañamiento desde el
Estado debe ser permanente para ellas y de carácter generacional. Se debe
garantizar el seguimiento a esta situación, apoyo para disminuir esos índices
y, paralelo a esto, instalar una política muy potente para comenzar a prevenir.
Ambos flancos están considerados en el nuevo gobierno.
Durante años, la clase política de El
Salvador ha prometido que existirá equidad en la representación femenina dentro
del gabinete de gobierno. Y aunque durante los últimos años se ha aumentado la
presencia de mujeres, esta política no representa garantías estructurales para
mejorar la situación de las mujeres salvadoreñas, sobre todo si la constante ha
sido guardar silencio en casos de acoso sexual en el interior de algunas
instituciones y órganos estatales. El no pronunciarse en los casos de abusos
laborales, tanto en el Estado como en las empresas privadas, e impedir que
funcionen préstamos internacionales en beneficio de proyectos para mujeres.
En el nuevo gobierno se ha considerado
tener una política con un enfoque de género en todo su accionar y en todas
áreas: educación, salud, vivienda, espacios públicos, transporte, seguridad
pública, economía y emprendimiento, derechos laborales, migración, niñez y
adolescencia. Esto se traduce a tener un verdadero mecanismo que garantice
alcanzar la igualdad y equidad de género reales y que asegure el pleno
ejercicio y garantía de los derechos de las mujeres como principio y no como
meros discursos electorales.
Debemos instalar una política analítica
y muy acuciosa sobre las causas de exclusión, violencia y desigualdad, incluso
llegando a detalles territoriales, con el fin de aplicar las mejores
estrategias y salir más allá de proyectos puntuales o iniciativas aisladas, ya
que el costo de no invertir en estas áreas es alto para todo el país, y afecta
a todas las aristas posibles: social, económica, productiva, de seguridad, etc.
No queremos tener más generaciones condicionadas e históricamente vulneradas.
Autonomía
económica
En materia de autonomía económica sigue
vigente el reto de la igualdad distributiva, que incluye la superación de la
pobreza de las mujeres, tanto monetaria, como de tiempo; la igualdad salarial,
el fin de la discriminación en el mercado laboral y de los sesgos y déficit en
la protección social.[1]
Cada vez la brecha económica entre
hombre y mujer, lejos de hacerse más corta, se agranda y complejiza. En nuestro
plan también se aborda el trabajo doméstico, de cuidados de aquellas mujeres
que no han sido remuneradas como merecen y que han vivido en el núcleo de la
desigualdad, basada en la división sexual del trabajo, en especial de las
mujeres rurales, indígenas, campesinas y las que pertenecen a hogares con
menores ingresos. Estas son deudas que los gobiernos pasados con las mujeres
debieron saldar, no solo por razones de justicia, sino también como requisito
indispensable para un cambio estructural progresivo. Es un derecho que todas
las mujeres tienen y que merecen que se cumpla.
En este tema del trabajo no remunerado
que ejecutan las mujeres, y que jamás ha sido valorizado en términos
económicos, una mujer que ha estado en su hogar, cuidando de la supervivencia
de sus hijos y de sus familias, no recibe ni un dólar y tampoco cotizan al
sistema de pensiones.
Ante este contexto, se deben buscar
mecanismos que garanticen la seguridad social y autonomía económica como:
Seguro Social, seguro de vida, AFP, acceso a bancas de apoyo financiero,
capacitaciones en línea, descuentos en su movilidad.
La concepción de una política y una
estrategia de género se debe enfocar en las finanzas públicas, los presupuestos
y las proyecciones de inversión y gastos. En todos estos aspectos, creemos que
se debe considerar el beneficio a la mujer salvadoreña, según su situación, su
rol y su ubicación geográfica.
Asimismo, en el tema de sesgo de género
en la tributación el Ministerio de Hacienda, debe liderar una política
financiera del Estado, con enfoque de género, y debe guiar a todo el aparato
del Estado a enfocar estos recursos con igualdad y equidad.
Estas son algunos ejes que nos hemos
propuesto, y que esperamos cumplir en beneficio de todos y todas las
salvadoreñas.
Es necesario realizar un examen
exhaustivo a nivel gubernamental de todas las prácticas y conductas que tengan,
o puedan tener, un impacto discriminatorio contra las mujeres y los grupos en
condiciones de vulnerabilidad; y adoptar las medidas necesarias para superar la
discriminación y los estereotipos que afectan negativamente el ejercicio de sus
derechos, así como la sanción y reparación cuando se realicen trasgresiones de
los Derechos Humanos basados en hechos discriminatorios de cualquier
naturaleza.
Para realizar propuestas efectivas y
realistas, retomamos la Plataforma de Derechos Humanos presentada por la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos a los candidatos presidenciales 2019.
Además, se realizó un proceso de
lectura y reflexión de la Plataforma de Demandas por la Igualdad, Nada sobre
nosotras, sin Nosotras, presentada por la Colectiva Feminista para el
Desarrollo Local, con el objetivo de estar en sintonía con las grandes luchas
que miles de mujeres salvadoreñas han realizado durante años y quienes, gracias
a la sororidad y a la presión social, han logrado conquistar, poco a poco,
derechos en las áreas de salud sexual y reproductiva; derechos económicos;
fortalecimiento de mecanismo de igualdad de género; fortalecimiento de los
gobiernos locales desde la articulación con el gobierno central para la
territorialización de las políticas de igualdad; derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia y la educación inclusiva.
PROPUESTAS
CONCRETAS POR ÁREAS
Salud
sexual y reproductiva
·
Dar
acceso a la atención de salud gratuita y de calidad en el ciclo de vida, y con
ello garantizar derechos sexuales y reproductivos como la Lactancia Materna, la
preparación de las mujeres embarazadas, garantizando el parto humanizado y la
erradicación de la violencia obstétrica. Como también, buscar la prevención de
embarazos en adolescentes.
·
Implementación
de la incapacidad por paternidad por un mes, para apoyar a las madres durante
los primeros días del recién nacido, lo que ayuda al desarrollo vínculos
afectivos en la primera infancia.
·
Incorporación
de enfoques en los programas de atención en salud que orienten una atención
libre de discriminación por identidad y/o expresión de género u orientación
sexual.
·
Creación
de un observatorio de embarazos en adolescentes, con información seccionada por
edad, departamento y municipio de procedencia, siendo una herramienta para la
identificación de la problemática, mejorando la intervención de programas de
prevención.
Derechos económicos de
las mujeres
·
Focalizar
beneficios fiscales para mujeres jefas de hogar, como el Subsidio Universal
para familias por cada hijo e hija que mantengan en el sistema educativo y que
obtengan excelente rendimiento académico, el IVA diferenciado y acceso a
créditos blandos para adquisición de vivienda.
·
Crear
un Programa de Rehabilitación para mujeres privadas de libertad que garantice
la reinserción a la sociedad.
·
Crear
programas para fomentar y fortalecer el cooperativismo y asociatividad de
mujeres del sector informal, que contribuyan a garantizar su autonomía
económica.
·
Desarrollar
y fortalecer los programas que promuevan el acceso a recursos y/o créditos a
bajos intereses para las mujeres productoras de El Salvador, y asegurar la
creación de un fondo de garantía crediticia para mujeres emprendedoras.
·
Establecer
un programa permanente de capacitación vocacional para mujeres a nivel de
municipios, incluyendo localidades medianas y pequeñas, en coordinación con los
gobiernos locales, creando incubadoras de emprendimientos para madres solteras
en cada departamento.
·
Mejorar
las condiciones para el acceso a empleo remunerado y el cumplimiento de garantías
y derechos laborales para las mujeres.
·
Crear
una bolsa de empleo para las mujeres, en el sector de la economía del cuidado,
en coordinación con las organizaciones de mujeres de los municipios.
·
Dar
impulso a la ratificación del convenio 189 de la OIT, facilitando las
modificaciones al Código de Trabajo, para garantizar los derechos laborales de
las trabajadoras del hogar: regulación del contrato verbal o escrito, salario
digno, la incorporación al sistema de pensiones.
·
Impulsar
programas para incorporar a las mujeres al mercado laboral, en condiciones de
igualdad y no discriminación, garantizando el cumplimiento de los derechos
laborales y seguridad social.
Fortalecimiento de
mecanismo de igualdad de género
·
Crear
un Programa Nacional dedicado al descubrimiento del talento femenino en campos
como tecnología, artes, ciencias, deportes para garantizar la igualdad de
género.
·
Crear
políticas basadas en el enfoque de seguridad humana y ciudadana, que permitan
el diseño y la implementación de programas especializados de asistencia y
atención integral de las personas víctimas de la violencia y de la
delincuencia, los cuales deben ser dotados del personal idóneo y del
presupuesto suficiente.
·
Dar
continuidad y mejorar al Programa de Ciudad Mujer.
·
Fortalecimiento
de las capacidades institucionales para desarrollar la función en ente
verificador del cumplimiento de los compromisos del Estado con instancias
internacionales en materia de igualdad y derechos de las mujeres.
Fortalecimiento de los
derechos políticos de las mujeres
·
Mejorar
las condiciones y herramientas que les permitan una intervención política,
jurisdiccional y de control de ejecución presupuestaria de otras instituciones
del Estado, a fin de garantizar que pueda cumplir su papel rector.
·
Promocionar,
en coordinación con los gobiernos locales, la dinamización y creación de
espacios públicos seguros e inclusivos para las mujeres, personas con
discapacidad y LGBTI; incluyendo acciones afirmativas que contribuyan al fortalecimiento
de las condiciones de seguridad para hacer uso de los espacios públicos.
·
Garantizar
los mecanismos transparentes y democráticos para la elección y participación de
mujeres, con idoneidad, en la vida política y el servicio público del país.
·
Evitar
acciones o hechos que constituyan violencia política y/o simbólica hacia las
mujeres durante procesos de campaña, así como la no utilización de niñas, niños
y adolescentes.
Derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia
·
Realización
de una Política Integral de Asistencia a mujeres que han sido víctimas de
violencia de género, desarrollando un sistema de referencia, albergues,
atención psicosocial, asistencia legal, y que se promuevan programas para la
prevención y atención a la violencia contra las mujeres y niñas. Este modelo
deberá ser el resultado de un diagnóstico que recoja experiencias ya
desarrolladas con la visión de mejorarlas y estandarizarlas a nivel de las
instituciones públicas competentes en base a la LEIV.
·
Reenfocar
los planes y programas de seguridad en la prevención y control de las causas
que generan la violencia y la delincuencia, con especial protección en aquellas
poblaciones más vulnerables que pertenecen a comunidades pauperizadas, y con
especial énfasis en la infancia, adolescentes y mujeres.
·
Establecer
mecanismos institucionales de coordinación y atención inmediata a las personas
y familias víctimas de desplazamiento forzado interno, que accionen oportuna y
positivamente en su asistencia y protección, y en consecuencia, se registren
oficialmente los datos estadísticos vinculados a la problemática.
·
Adoptar
medidas para el reconocimiento del desplazamiento forzado por la violencia e
iniciativas de ley para la protección y atención de las víctimas de este.
·
Incluir
a las mujeres en el Plan Nacional para la Prevención de la Violencia en todo su
ciclo vital, así como programas dirigidos a hombres que busquen
concientizarlos, reeducarlos y formarlos para prevenir la violencia contra las
mujeres.
·
Crear
más Oficinas de Atención Especializadas dentro de la PNC y el fortalecimiento
de las mismas, por medio del mejoramiento de capacidades del personal,
incremento de recursos financieros y materiales necesarios para atender
adecuadamente la problemática de violencia contra las mujeres.
·
Crear
un programa integral de atención y seguimiento para los hijos e hijas de las
mujeres víctimas de feminicidio.
·
Crear
el Programa Nacional para la Prevención y atención de casos de acoso y
violencia sexual en los centros escolares, como también se asegure la
reinserción de mujeres y adolescentes sobrevivientes de violencia al sistema
nacional de educación.
·
Crear
una estrategia de prevención del feminicidio y la violencia sexual contra las
mujeres, adolescentes y niñas.
·
Evitar
la difusión de publicidad que transmita imágenes o mensajes visuales,
audiovisuales, multimedia o plataformas informáticas con contenido de odio o
menosprecio hacia las mujeres o la población LGBTI+.
·
Proteger
la imagen de las mujeres en el más amplio sentido conforme a los principios constitucionales
de respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales, y garantice el
cumplimiento de la aplicación de los Códigos de Ética de los medios de
comunicación para prevenir vulneraciones a la integridad de las mujeres.
Educación inclusiva
·
Creación
de una política que asegure la no discriminación de mujeres en campos como:
educación, deporte, salud, tecnología.
·
Promover
la modificación de patrones socioculturales excluyentes y discriminatorios.
·
Impulsar
la educación en paternidad y maternidad responsable, con programas en educación
sexual, afectiva, emocional y psicológica.
·
Desarrollar
un programa de actualización en la formación del personal docente de todo el
Sistema Educativo, para que esté en capacidad de aplicar la Educación Integral
en Sexualidad adaptado a diferentes niveles.
·
Articular
con el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, una estrategia nacional
orientada a bajar los índices de abuso sexual y los embarazos en niñas y
adolescentes.
·
Garantizar
el desarrollo de una educación de calidad e inclusiva a través de una visión
integral de la educación, desde el nivel básico, media, técnica y superior,
dentro del marco de la agenda para la equidad entre mujeres y hombres.
·
Garantizar
la formación obligatoria y permanente a docentes en temas de Derechos Humamos,
educación no sexista, derechos de la población LGTBI+.
·
Mejorar
los controles y mecanismos para la prevención y detección del acoso escolar,
que se aplique en todos los centros escolares y sea monitoreado de manera
permanente.
·
Desarrollar
programas de promoción y acceso de adolescentes, mujeres y hombres a oficios no
tradicionales, desde una perspectiva de ampliación, flexibilización y
diversificación de la vocación de oficios y profesiones.