Modernización del Estado
1. Introducción
Durante los últimos 30 años, los diferentes gobiernos han conducido el país ignorando
los avances académicos y tecnológicos que ofrecen herramientas para mejores
prácticas de gobernanza; la modernización no ha sido una prioridad o política pública y los esfuerzos que se han realizado para avanzar en el tema han sido aislados, porque no existe una política pública que dé seguimiento a las pautas establecidas en cuanto a
planes, programas o estrategias.
Los escasos destellos de modernización son empujados por los compromisos internacionales (préstamos) que condicionan los desembolsos a la
implementación de acciones específicas en temas concretos. Así, temas como la transparencia, participación
ciudadana, gobierno digital,
profesionalización del servicio civil, acceso a la información pública y la actualización regulatoria, han sido acciones
dispersas incomunicadas entre sí, que limitan el impacto positivo en la
prestación de bienes y servicios públicos.
Todos los gobiernos deben considerar la modernización como el punto de partida y su implementación requiere la concurrencia de tres grandes
actores: la sociedad civil (ciudadanos), los servidores públicos y empresa
privada.
2. Rediseño
del Órgano Ejecutivo
Una de las tareas prioritarias del gobierno de Nuevas Ideas es realizar una profunda revisión del sistema institucional existente, con el
objetivo de otorgar al Órgano Ejecutivo un carácter moderno, articulado,
eficiente, promotor del desarrollo sustentable por medio de la transformación, modernización y fortalecimiento de las instituciones existentes para que estén a la altura de las necesidades
nacionales. El rediseño del Estado, que partirá de los aportes recibidos de los
sectores participantes en la conformación del Plan de Nación, incluye coherencia y legitimidad a la gestión pública, erradicando feudos
institucionales, que consuman recursos públicos sin lograr concretar políticas públicas en forma integral, participativas y equitativas.
Elementos como la profesionalización del sector público, la
reducción de la tramitología, la facilitación de las inversiones y la generación de empleos, etc.,
son elementos coadyuvantes a la modernización del estado. No son fines en sí
mismos y eso deberá reflejarse al momento de hacerse transversales, en las
propuestas sectoriales. La modernización del Estado significa poner el aparato estatal acorde al nuevo
momento de refundación de la sociedad salvadoreña.
3. Hacia
la modernización del Estado
Esporádicamente, El Salvador ha realizado algunos esfuerzos para modificar el diseño institucional del Estado, principalmente respondiendo a presiones políticas y sociales.
Las medidas por las que se rige vienen de modelos
agroexportadores y estados intervencionistas, que se han acumulado y han
consumido recursos que podrían destinarse a la
inversión pública. Por eso se hace necesario un nuevo
gobierno, resultado de un movimiento social amplio que niegue el bipartidismo.
De ahí la necesidad de construir un modelo de Estado que responda a los nuevos momentos y
supere la obsolescencia del pasado, la propuesta de Nuevas Ideas de Modernización ha seguido el proceso lógico siguiente:
•
Diagnóstico de la institucionalidad existente. Solo conociendo lo que existe se puede mejorar, depurar,
eliminar, reducir, ampliar o crear nuevas formas de
institucionalidad. Esta etapa es permanente y
avanzará paralelamente durante el primer año de ejercicio del nuevo gobierno.
Se tomarán en cuenta las propuestas de los sectores, los resabios de los
modelos económicos anteriores, las instancias creadas con
fines partidaristas, etc. en todo el proceso, se
garantizará el respeto a los derechos laborales, priorizando el bien común y el
interés nacional.
•
Definición de una nueva estructura del Órgano Ejecutivo. Moderno, sinérgico y conectado con la población con
un proceso de planificación, monitoreo y evaluación por resultados.
• Puesta en marcha de la nueva institucionalidad. Con énfasis en la
probidad, eficiencia, eficacia, transparencia y profesionalismo de los
servidores públicos.
4. Objetivo
El objetivo de nuestro próximo
gobierno será la reconstrucción de un Estado moderno, eficiente y transparente al servicio de las personas que
permita impulsar reformas estructurales para la construcción.
Quienes más requieren del Estado son aquellas personas de escasos recursos. Esta es la fundamentación de la exigencia constante
de eficiencia y eficacia en la gestión pública, que logre
llegar a la población más vulnerable, un Estado que no solo asegure el mínimum vital, sino que esté comprometido con el aseguramiento del pleno desarrollo humano.
El Gobierno de Nuevas Ideas asumirá el compromiso con la
modernización como un eje transversal en toda la organización, con la convicción de que a mayor
modernización mayor transparencia y participación ciudadana en la actividad pública. En
consecuencia, menor espacio a la corrupción por medio
de la reingeniería de los sistemas de gestión institucional, con la vista
puesta en la prevención de ese tipo de delitos, combate frontal al mal gobierno
y el despilfarro.
El Salvador se encuentra sumido
en la hipertrofia regulatoria, los grandes problemas
que nos aquejan no vienen principalmente de la falta de regulación, sino de su
ineficiencia, y de su falta de voluntad para cumplirlas y hacerlas cumplir, o
bien por su utilización arbitraria y corrupta.
La falta de un plan nacional ha
sido la principal falencia histórica en la conducción del país y es el reto que
el nuevo gobierno estaría asumiendo, proponiendo un rumbo para la construcción
de un país cohesionado, incluyente, sustentable y sin
violencia, con las capacidades necesarias para
alcanzar su pleno desarrollo.
En esta tarea, proponemos los siguientes ejes de acción, para iniciar
una profunda reingeniería de la gestión
gubernamental:
·
Eje 1: Gestión de recursos públicos / profesionalización del sector
público
Las históricas deficiencias del Estado tienen impacto en
muchos ámbitos de la vida de los ciudadanos y de las actividades económicas
empresariales, estos a su vez, en su efecto cascada, tienen consecuencias
negativas en el bienestar de las personas, en el clima de inversión y en la legitimidad de los gobiernos.
Todo ello impacta en la credibilidad de sus instituciones.
Lo anterior justifica la creación de una política
integradora de modernización de la gestión de los recursos públicos para asegurar que todas las
entidades en los diferentes niveles del Ejecutivo actúen de manera articulada y
consistente, en dirección de mejorar el desempeño general del Estado en la
prestación de Servicios Públicos y propiciar un buen clima de inversión.
Por ello, se concibe en la gestión de recursos públicos una
prioridad, la profesionalización del sector público significa disponer de un
recurso humano en la función pública que sea capaz, comprometido, eficiente y profesional, cuya actividad se desarrolle en dos perspectivas: por una parte, reivindicar la función pública y, por otra, garantizarle a la ciudadanía un servicio eficiente.
o Propuesta
1: Creación de una verdadera entidad formadora y normadora
del sector público
Dentro de este componente se
propone el fortalecimiento y articulación de todos
los institutos de formación con los que cuenta el actual gobierno, comenzando
por convertir en un verdadero ente rector a la Escuela Nacional de Formación Pública (ENAFOP), con el objetivo de brindar la formación inductiva, básica,
especializada, de actualización y desarrollo a los nuevos recursos para
incorporarse al sistema, con lo que se pretende encausar y apropiar a las
personas en el servicio público, así como dar la
debida inducción en los procesos administrativos que deberá ejecutar para impregnarse de la mística del
trabajo que se deberá desempeñar.
La profesionalización implica la creación y reconocimiento
legal de una carrera administrativa en el sector público, entendida esta como
un proceso que inicia desde
la selección del empleado, la identificación de sus habilidades, capacidades,
competencias y potencialidades, la estimulación del buen desempeño y su
superación profesional, el reconocimiento moral y material de su trabajo y la
garantía de sus derechos
laborales.
Se impulsará el estudio de la Ley de la Función Pública y se propondrá
una nueva Ley del Servicio Civil (la actual data de 1960 y ya no responde a la
realidad).
o Propuesta
2: Armonización de funciones
Con este subcomponente se pretende
lograr la armonización de las funciones que realizan
los empleados públicos administrativos y sus perfiles de puestos, con el
objetivo de establecer las mejores prácticas, así como sistematizar los
procedimientos administrativos y operativos y crear los manuales paso a paso de los
procesos a realizar en cada una de las tareas. Esto permite realizar mejoras
constantes en los procesos administrativos, en función de eficacia y eficiencia
de los recursos humanos y financieros del Estado.
Conscientes de la coexistencia de distintas normativas laborales, es necesario un marco
legal que toque trasversalmente al recurso humano y su vinculación laboral con
el Estado, teniendo presente su carácter heterogéneo, se buscará la estandarización de los aspectos
críticos de una adecuada
gestión de recursos humanos. Ello implica una adecuada política de contratación de personal,
determinación de perfiles de puestos y el número óptimo de profesionales
requeridos por cada perfil, bajo un enfoque de carga laboral e idoneidad.
o Propuesta
3: Estandarización de puestos y plazas
Dentro de este subcomponente se contempla mejorar las
condiciones laborales de los empleados públicos, a efecto de asegurar la mejor
atención de la población, mediante la formalización de mecanismos de diálogo entre la administración y los
trabajadores organizados y no organizados; mediante un proceso de homologación
de la reglamentación laboral de las distintas instituciones del Gobierno, y la
nivelación de la escala salarial por medio de una tabulación estandarizada, logrando finalmente la
eliminación de las brechas salariales. Una vez completada la estandarización de
puestos y plazas, y junto al componente anterior, la armonización de funciones,
es posible lograr la uniformidad en la escala salarial y hacer más justas las remuneraciones
por las mismas actividades administrativas a realizar, así como las
valoraciones del desempeño y resultados esperados y los debidos incentivos
morales y económicos.
·
Eje 2: Gobierno abierto
La democracia que se aspira a consolidar supone el establecimiento y la puesta en
práctica de pautas y estándares internacionales en relación al conocimiento del
manejo público por parte de la población. En tal sentido, la transparencia y
sus mecanismos derivados son una de las herramientas principales que, puestas en las manos de los ciudadanos,
contribuyen al control del Estado.
La visión de gobierno
abierto supone el fortalecimiento, mejora y masificación de mecanismos que han
ido cobrando vida en la última década, tales como el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Si bien se ha
abierto camino en estos tres mecanismos, la apertura del Estado hacia la ciudadanía presenta desafíos tales como el diálogo efectivo y permanente con la
sociedad civil organizada y no organizada en temas públicos de su interés.
Así mismo, ofrecer datos o información no necesariamente
permite conocer la efectividad del Estado. Por ello se aspira a conducir al
Estado hacia la fiscalización social y auditoría permanente por medio de la apertura y disposición de datos en formatos de datos abiertos, teniendo como referente los estándares internaciones y
compromisos establecidos ante la Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Partnership)
La rendición de cuentas se
visualiza como una práctica cotidiana e institucionalizada que debe realizarse no solo por
obligación, sino por convicción de parte del servicio público. En tal sentido,
este mecanismo requiere de mejoras sustanciales que incluyan el establecimiento
de un marco regulatorio, pero también el compromiso de desarrollar las rendiciones de cuenta más allá de lo formatos ex post o de la participación mayoritaria o absoluta de
funcionarios públicos. La asistencia y participación de las contrapartes
ciudadanas será uno de los lineamientos para darle a
la rendición de cuentas su carácter participativo y
deliberativo.
o Propuesta
1: Plataforma de participación ciudadana
En este componente se propone la creación de una
herramienta tecnológica que permita que los ciudadanos
puedan registrarse en una plataforma en la que se
opinen sobre temas de participación ciudadana, con el objeto de que pueda
discutir libremente sobre temas importantes de los municipios y departamento.
El registro de la información personal en esta plataforma
les permite ser incluidos en las actividades que
lleva acabo el gobierno central y local con el objeto de tener una mayor
participación ciudadana y cercanía a las personas.
o Propuesta
2: Levantamiento del Velo Societario
El nuevo gobierno está comprometido con la trasparencia. Por ello,
se someterá a un estricto régimen de escrutinio a cualquier actor privado que
reciba recursos públicos o preste servicios públicos, por medio de concesiones. Los
problemas de corrupción aparecen no solo desde el Estado, también fuera de él. De manera que la información concerniente a su actividad es también información pública. Se emprenderán acciones para propiciar los cambios legales que sean
necesarios para hacer prevalecer el principio de máxima publicidad.
El levantamiento del velo
societario es un mecanismo efectivo para contrarrestar el abuso de la
personalidad jurídica de la sociedad anónima realizada por accionistas de esta.
El objetivo es penetrar al sustrato de la sociedad para conocer a los
accionistas que la integran,
lo cual se hará posible en aquellos casos en los que hayan abusado de la
personalidad jurídica de ella.
Para ello propondremos las reformas legales necesarias al
Código de Comercio para que sea incluido en su texto los casos en los cuales aplicará.
o Propuesta
3: Control del gasto público (GASTO INTELIGENTE)
El control del gasto público será una
prioridad. Se parte de la premisa de que los recursos son limitados y que el
desafío es "hacer más con menos", lo cual implica maximizar los servicios prestados y minimizar
los insumos, manteniendo la calidad.
El gasto público como tal está compuesto de tres elementos claves: el costo de las
adquisiciones de bienes y servicios, el costo de
los salarios de los servidores públicos, y el costo de los subsidios que están afectados por
filtraciones que favorecen a personas que no pertenecen a grupos vulnerables de
la población.
Esta propuesta se dirige al control del gasto público en la
adquisición de bienes y servicios, pues constituyen un imán para las ineficiencias en la gestión
y para la corrupción.
Por ello, se implementará una reforma en la gestión de las
compras públicas con énfasis en el uso de las herramientas tecnológicas, no
solo informativas, sino también transaccionales. Se uniformarán los criterios de aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas, se realizarán con mayor
celeridad los procesos de compra, poniéndolos a tono con las necesidades del día a día, basados en
los principios de
transparencia, competencia y la integridad.
Se tomará la firme decisión de
hacer pública la información de los planes anuales de adquisiciones, se
mejorarán los mecanismos de rendición de cuentas, no solo de la administración pública sino también de las entidades contratantes. Se emprenderá un análisis de las competencias y alcances
de la UNAC (Unidad Nacional de Adquisiciones y Contrataciones) adscrita en el
Ministerio de Hacienda, con el objeto de volverla una entidad ágil y rectora de
los procesos de compra.
Se usará el mecanismo
de Subasta Inversa para
productos estandarizados, es decir aquellos que sean requeridos periódicamente por más de una
entidad pública. La transparencia será un eje transversal en todas las estrategias. Se
avanzará hacia la participación de todos los actores, incluidos los potenciales proveedores, por medio
del libre acceso a la información sobre las adquisiciones públicas.
·
Eje 3: Gobernanza, la gestión
pública del territorio
Durante los últimos 30 años de gobiernos, se ha privilegiado la estrategia de poder,
repartiendo cuotas y
generando feudos, dejando de lado una estrategia de orden, que posibilita el
funcionamiento armonioso de un aparato gubernamental.
El gobierno de Nuevas Ideas dirigirá la atención hacia la
transformación de la manera en cómo se toman las decisiones, se establecen las prioridades de acción, de cómo se diseñan las políticas públicas y se evalúan sus impactos, por medio de la
institucionalización de mecanismos de gobernanza. Lo anterior, junto a la tarea
inaplazable de profesionalizar el sector público, se constituirá en principios rectores de la nueva forma de gobierno,
estableciendo una administración comprometida e incorruptible.
Por ello, se establecerá un marco de reglas, instituciones
y prácticas que ajusten los límites y los incentivos para el comportamiento de los individuos,
organizaciones y las empresas en su relación con el Gobierno.
La aspiración del nuevo gobierno será que el Estado
responda a las demandas económicas y sociales de eficiencia y transparencia,
con la capacidad técnica de ofrecer respuestas sistemáticas y permanentes.
Se instaurarán los espacios
institucionales para acordar conjuntamente los diferentes actores sociales, las
reglas del juego que permitan la consolidación de estos consensos y garanticen
su estabilidad, lo que implicará recoger demandas y generar mayor acceso a la información pública, transparentar procesos, rendición de cuentas, evaluación
y control ciudadano de las políticas públicas.
o
Propuesta: Equipos de Gobierno
Equipo de
Bienestar social
En más de 60 años en El Salvador
una inmensa mayoría de la población no ha tenido acceso, ni siquiera a lo mínimo para tener una vida digna:
·
Acceso al agua potable y
a energía eléctrica
·
Educación
·
Salud
·
Transporte y movilidad
·
Vivienda digna
·
Espacios públicos
·
Canasta básica
El estado le ha fallado a los
salvadoreños, al no garantizar las mínimas condiciones para vivir.
Este equipo es el único que garantizará, desde el
inicio, una mejor vida para esta generación y para las que están por venir.
Apostamos por la creación de un gran compromiso entre un gobierno responsable y eficiente, y
una ciudadanía empoderada.
Equipo de Seguridad
Es el equipo que procurará equilibrar la balanza en función
de la prevención, combate y la rehabilitación/reinserción.
Las causales de inseguridad en el país ahora son múltiples; en función de esto, el trabajo de
este equipo tendrá especial énfasis en los disminuir los factores de
desigualdad y desintegración social, el combate de la violencia es vital, pero
no lo es todo. Esto nos deja en claro que urge la modernización de las instituciones que velarán por ejecutar
estas tres acciones.
Equipo de Migraciones y Trabajo
El objetivo de
este equipo será tratar de manera ad hoc, el tema de la migración legal e
indocumentada, salvadoreños residentes en otros
países de manera permanente o con estatus temporal.
Esto permitirá fortalecer y actualizar los servicios a los salvadoreños, a
través de las embajadas y consulados.
Se implementará una bolsa de empleo y negocios en el
exterior y se apostará en la repatriación de talentos al país con el objetivo de aprovechar de
experiencias de los salvadoreños que durante años han estado fuera de su patria
y quieran ser servidores públicos.
Así mismo, este equipo coordinará un plan de inversiones conjuntas con los salvadoreños en el Exterior, y ejecutará portafolios transnacionales para
buscar inversores y aliados internacionales.
Equipo Internacional
Su objetivo será traer inversiones, cooperación,
alianzas estratégicas, acuerdos e intercambios,
además de atender a los salvadoreños en el exterior y
promover al país a nivel internacional en el área de turismo.
Actualmente el cuerpo diplomático salvadoreño tiene
presencia en 39 Embajadas y 89 consulados que durante años se han dedicado
a la vida social, es hora que se implemente un proactivo plan de búsqueda de inversionistas.
Equipo de Industria, Producción y Tecnología
El fin último de este equipo será otorgar apoyo a los
productores públicos o privados, su trabajo será establecer una red de relaciones y negocios a nivel local e internacional de productos, servicios, agricultura y
pesca, talento humano, industria naranja y tecnología.
Equipo de Economía, Beneficios sociales y finanzas
Este equipo será el tanque de pensamiento y estrategia
sobre la ruta económica del país, va a administrar los subsidios y apoyos a la sociedad, atendiendo
con especial énfasis a mujeres, adultos mayores, jóvenes, personas con
discapacidad, poblaciones vulnerables e históricamente discriminadas, como
también a y entidades organizadas (PYMES y emprendedores).
Van a manejar las finanzas del estado, ejercerán
contraloría al sistema financiero, a inversiones, apoyos, créditos y
cooperaciones del exterior.
Equipo de Fomento y Obras Públicas
Equipo de profesionales que velarán
por la planificación y programación estratégica
de las inversiones relacionadas a la infraestructura pública (de movilidad y
transporte, espacios públicos y acceso a servicios básicos como el agua,
energía eléctrica, etc).
Equipo de Desarrollo Territorial
Su objetivo será el ordenamiento y planificación territorial, como también las acciones
estratégicas en el territorio. Será el encargado directo de la ejecución del
Plan 262, establecerá la red de relaciones con sectores, alcaldes y actores en
territorio. Una de sus misiones será implementar una estrategia de sostenibilidad ambiental, como
de gestión del patrimonio natural y cultural.
o Propuesta
2: Descentralización y desconcentración
La gestión gubernamental
debe ser ágil, lo cual implica acercar las instituciones al territorio. Sobre esta premisa, se tomarán las
decisiones necesarias para que esta reingeniería de la gestión pública permita la reorganización territorial de los municipios, agrupándolos por zonas de intervención.
Se impulsará el anteproyecto de Ley Marco de
Descentralización de Servicios, Atribuciones o
Competencias del Órgano Ejecutivo hacia los municipios y se propondrán las reformas al Código Municipal para transferir los
recursos financieros, juntamente con las competencias, para que sean prestados
por ellos sin la intermediación del Gobierno Central,
bajo la vigilancia permanente de la ciudadanía.
o Propuesta
3: Inventario de recursos gubernamentales
Dentro de las principales funciones de este componente es
la creación de una base de datos de todos los elementos, mobiliario y equipo que intervienen en el municipio en beneficio de la
población: salud, protección civil, educación, etc.,
con el objetivo de contar con un detallado inventario de todas estas
instituciones para poner al servicio de la población todos estos recursos
de forma inmediata.
Se creará un sistema
de control de los recursos del Estado para su máximo aprovechamiento,
evitando el uso indebido de los bienes y que los mismos estén a disposición de
las necesidades de las distintas instituciones del Ejecutivo, las municipalidades y las comunidades.
o Propuesta
4: Instituciones u organismos para la Gestión Pública desde el territorio
La Gestión Pública desde el territorio pretende crear los organismos zonales
de gestión territorial, como espacios de consulta, deliberación y con poder de decisión, coordinados desde las
gobernaciones e incluyendo representantes de
las principales instituciones públicas, las municipalidades y los distintos
sectores de la sociedad civil, tales como comunidades, empresa privada,
cooperativas, campesinos, profesionales, sindicatos,
oenegés nacionales y organismos de cooperación internacional,
presentes en el territorio.
Este organismo será el espacio donde se tomarán decisiones sobre la
priorización de la atención de las necesidades de los territorios, la gestión de recursos y la articulación de las
distintas iniciativas de desarrollo impulsadas en el
territorio.
o Propuesta
5: Mesa fiscal para la cooperación
La creación de este componente tiene como finalidad poder
identificar todas las fuentes de financiamientos de
cooperación externas que están en función del departamento, municipio o comunidad para que
puedan ser incluidas dentro del presupuesto general de la nación y resignadas.
o Propuesta
6: Reingeniería de los sistemas de gestión institucionales
La gestión de las
decisiones de la cosa pública ha estado sujeta a luchas de protagonismo por
parte de los funcionarios de turno, mientras estos pulsos se desarrollan, los
ciudadanos sufren la ineficiencia y falta de efectividad, generando demoras y desviaciones en la prestación de
un servicio público.
Una firme
reingeniería de la gestión cierra las oportunidades de corrupción,
eficiencia, despilfarro y mal gobierno, a través de transparencia en los
procesos, no solo la información sino de auditorías internas contra indicadores de
gestión que
demuestran cumplimiento con el plan a ejecutar.
Una de nuestras más importantes decisiones será el
involucramiento en tiempo real de instituciones contraloras del erario público.
Con ello se cerrarán los portillos de la corrupción y
de la desviación de la actividad estatal.
o Propuesta
7: Regulación de los Servicios Públicos
Uno de los problemas más recurrentes que preocupan a este
gobierno es la falta de calidad en la prestación de los servicios públicos. Por
ello es necesaria la creación de una Entidad
Reguladora de Servicios Públicos, que vele por el interés público ante la prestación de servicios públicos deficientes, contratos dañinos para el interés público, regulación de asocios público-privados.
La ausencia de institucionalidad
que vele por el interés del Estado y de sus ciudadanos por encima de intereses de empresas privadas o entidades públicas que
prestan servicios deficientes es uno de los causantes de las fundadas quejas
ciudadanas.
·
Eje 4: Gobierno inteligente, ciudadanos conectados
La ciencia y la tecnología deben estar al servicio de todos
y todas, y en el Estado no debe ser la excepción. La visión de nación en
cuanto al uso de la tecnología para el desarrollo de los procesos, así como la
facilitación de los servicios, supone la articulación, coordinación y enlace de todas las unidades
organizativas de desarrollo tecnológico de cada una de las dependencias del
Estado.
Inicialmente se partirá de la articulación de los
ministerios y autónomas, a razón de unificar esfuerzos y elaborar planes
de innovación en las Tecnologías e Información y
Comunicación (TIC), con el objetivo de optimizar recursos y esfuerzos.
Uno de los objetivos será llevar al Estado a un gasto
mínimo en software propietario e impulsar la gestión pública hacia el uso de software libre.
La carga financiera en este tema es cada vez mayor y poco se traduce en
beneficios directos para los empleados o la ciudadanía.
Así mismo, la visión de un gobierno inteligente busca la
estandarización de infraestructura de sistemas
operativos para el sector público, la integración de registros púbicos, la
disponibilidad de los recursos tecnológicos mínimos necesarios para cada servidor
público tales como computadora, cuenta de correo institucional, acceso a internet y las herramientas tecnológicas que su cargo demanda.
De cara al ciudadano, que es el objeto final de la gestión pública, el gobierno inteligente concibe el uso de las tecnologías de información y comunicación hacia el desarrollo
de sistemas de información a la medida de cada
dependencia, permitiendo unificar información e integrar bases de datos
dispersas en cada uno de los ramos, a razón de hacer más eficientes el trabajo técnico-administrativo, reducir la generación de
documentos, los tiempos de cada trámite y mejorando
los servicios prestados.
En esta visión, se concibe también el uso de las TICS a
partir de la identificación de necesidades en las cuales estas puedan ser una solución en tiempo real, ya sea como parte de
mecanismos de alerta o control. Algunas aplicaciones
podrían ser el control de la calidad del transporte público, de la calidad del
aire y del agua, el registro de multas, control de privados de libertad, de vehículos nacionales, entre otros.
Para ello, el componente gobierno abierto contempla el apoyo en la
creación de startups, la creación de incentivos y espacios de innovación tecnológica en las universidades del país, específicamente para
contribuir a la solución de problemas públicos como
los ya mencionados.
Un gobierno inteligente también se orienta al desarrollo de esfuerzos
permanentes y progresivos de difusión y capacitación de herramientas tecnológicas a personal administrativo para lograr mejores
competencias en su utilización diaria.
Así mismo, el
impulso del desarrollo de los procesos
administrativos y sus respaldos documentales mediante procesos en formatos
digitales, de manera de ir reduciendo la brecha
digital, y disponer de información en tiempo real que pueda ser pública de manera inmediata.
o Propuesta
1: Factura electrónica y firma electrónica
La facturación electrónica se visualiza como un mecanismo
tecnológico y automatizado para proveer de
información y control en tiempo real sobre las empresas, principalmente para
temas como el pago de impuestos, su actividad comercial,
el cumplimiento de regulaciones varias, la comparativa con los reportes
financieros en caso de auditorías y, por supuesto,
las eficiencias y ahorro de tiempo en los procesos internos de recepción de
facturas, así como en la propia emisión de facturas
del gobierno hacia las empresas o el mismo consumidor.
Al tener en funcionamiento la firma electrónica, también se puede aprovechar el uso de la factura electrónica. A través de este
mecanismo, el país incrementará sus niveles de eficiencia y agilidad en la tramitología para pagar un servicio o bien, dado por
la empresa privada. Las muchas ventajas de avanzar
por esta senda se pueden enumerar las siguientes:
·
Reduce los
tiempos administrativos.
·
Provee
seguridad en el intercambio de información, ya que con
la firma electrónica se evita la falsificación de información.
·
La factura
electrónica a corto plazo permitirá ahorrar en gastos
de papelería, almacenaje y envíos. El almacenaje de la información de la
transacción se guarda en un archivo digital, haciendo
que finalmente la empresa reciba su factura por medio de un correo electrónico.
·
Con la factura
electrónica se facilitaría los procesos de auditoria,
ya que permitiría la búsqueda y localización rápida de la información fiscal.
·
Permite a la
empresa, o al prestador de servicios, obtener
información en tiempo real.
·
Al ser un
sistema en línea, con la emisión de la factura
electrónica se llevará un control de aquellas empresas que evaden el pago de
impuesto, y el contrabando de mercadería no declarada. Se estará fomentando la trasparencia contable y fiscal.
·
Ahorro de
costes, derivados de la eliminación de papel, de las
gestiones manuales y reducción de errores por la automatización de los
procesos.
·
Agilidad en
los trámites gracias a la automatización de las operaciones.
Se tomará la firme decisión, desde el Ejecutivo, de que
todo servicio o bien que se adquiera sea pagado por medio de la factura
electrónica. De esa manera se estaría impulsando al gobierno a adaptarse a las
nuevas gestiones administrativas 2.0, donde la tecnología será la
herramienta que se estará explotando para la sistematización y automatización
de los procesos. La emisión de la factura electrónica estará centralizada por
el ministerio de Hacienda, entidad encargada de generar esta información.
Factura Electrónica
Ser un gobierno inteligente no sólo requiere de la
necesaria incorporación de tecnologías de última generación sino de construir un gobierno orientado
al ciudadano, con capacidad para generar resultados, con la creatividad para
generar riqueza en el
territorio, con recursos humanos profesionalizados, donde la accesibilidad, la
eficiencia, el control de gestión, la configuración de equipos, el
establecimiento de indicadores claves, sean los valores de la gestión de
gobierno y den paso a un
verdadero gobierno inteligente en el que se generen soluciones innovadoras y
simplificación en la interacción con el ciudadano.
Uno de los grandes problemas que se tiene en las arcas del
Estado es el alto grado de evasión fiscal y el impago del IVA por parte de las empresas, o de las
personas naturales. Un estudio socio económico del departamento de Economía de
la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), reveló que la evasión y la elusión fiscal privan al Estado
salvadoreño de ingresos por más de $1,513 millones anuales. Es por eso que, por medio de
esta medida, se busca hacer más eficiente la recaudación de este dinero, como
también llevar el registro de las facturas que se van generando por cada
empresa. Y con la implementación de la firma digital se garantizará el registro preciso de quien es la
persona o empresa que está generando la factura.
Por medio de la implementación de la factura electrónica el
ministerio de Hacienda tendrá un mayor control de las retenciones y pagos de
IVA por parte de las
empresas. Debido a que la factura será emitida de manera directa desde esta
entidad, y así mismo será guardada en la bases de datos donde estará almacenada la información.
Al tener un mecanismo de factura electrónica, el gobierno
central comenzará a
fortalecerse en los siguientes aspectos:
·
Decremento en
la evasión fiscal.
·
Mayor
recaudación de impuestos.
·
Respuesta más
eficiente a las compras que hace el Estado.
·
Menos demora
en pagos a proveedores.
o Propuesta
2: Digitalización de documentación gubernamental
La digitalización está altamente relacionada con la innovación, y fomenta el
uso más inteligente y ecológico de los recursos humanos, naturales y
económicos. Es un instrumento para el desarrollo que trastoca todos los ámbitos
de la vida de un país: la pobreza, la educación, los servicios de salud, servicios gubernamentales,
actividades económicas, y en general, la vida cotidiana de los ciudadanos. Por
lo que es primordial integrar los desarrollos tecnológicos al servicio de la
transformación del gobierno en beneficio de todas las personas.
Actualmente se cuenta con un portal de transparencia,
administrada por el IAIP, pero la información que se encuentra publicada en el
portal está desactualizada, debido a que existe poco interés para disponer de
manera inmediata la información
para que la población pueda utilizarla.
Algunas fortalezas de implementar la digitalización de la
información del Estado son las siguientes:
·
Mejor gestión
interna.
·
Modernización
de la gestión pública.
·
Integridad.
·
Eficiencia.
·
Eficacia.
·
Transparencia.
Algunas de las determinantes estructurales existentes por
la falta de una política de
digitalización de documentos
son las siguientes:
·
Grandes
cantidades de consumo de papel.
·
Gastos grandes
de alquileres para el almacenamiento de la
información.
·
Información extraviada de años anteriores.
·
Nula
participación para hacer pública la información, debido a que se encuentra en
papel.
Mediante la modernización del Estado y los datos abiertos
de la información se pretende convertir el historial
y la nueva información que vaya surgiendo de manera
digital. De esta manera, el Estado tendrá un mejor flujo de material
informativo que se genera de cada entidad gubernamental.
Es necesario dotar a cada institución de equipo informático
(como impresoras que tengan capacidad de convertir información física a digital por medio del escaneo de la data), porque son
estándares internacionales. Adquisición de Servidores para almacenar una buena cantidad de
información de manera local y accesible para la población.
o Propuesta
3: Portal de Gobierno 2.0 PAPEL-LESS
El Gobierno de El Salvador tiene una arraigada cultura del
uso del papel para documentar todos sus procesos y almacenar sus archivos.
Como consecuencia de esta cultura podemos observar variedad
de copias de los mismos documentos, diferencias en la fidelidad entre el documento original
versus las copias; imposibilidad de recuperación de la información en el caso
de pérdida, deterioro o destrucción del papel; necesidad de la presencia física
del usuario o de un funcionario público para la legalidad o efectividad de ciertos actos;
incremento excesivo de la burocracia y tramitología; bajos niveles de seguridad
en la custodia de la información, y, finalmente, altos costos en papel, tinta y
almacenamiento de documentos.
La cultura del papel está tan enraizada que se encuentra
institucionalizada en mucha normativa, especialmente en materia administrativa
y judicial, como la recién aprobada Ley de Procedimientos Administrativos de
febrero de 2018, en la cual se considera el uso de los medios electrónicos pero como un respaldo de los documentos “originales” en papel.
Esta situación queda en evidencia al momento de ver las
iniciativas de digitalización, que en muchos casos consiste en escanear los
documentos previamente impresos, cumpliendo las
formalidades previstas para garantizar su registro y correspondiente trámite.
El Gobierno de Nuevas Ideas creará una institución que
dirija la investigación, desarrollo e innovación de las tecnologías, de la
información y comunicación de todo el gobierno central. Se realizará una revisión de todos los portales web del Estado y se pondrán al servicio de la
ciudadanía, para que en la medida de lo posible no necesiten presentarse físicamente para realizar ciertos trámites. Por ejemplo, los trámites para la declaración de importaciones y
exportaciones para facilitar el comercio internacional, la
implementación de la factura electrónica para facilitar la declaración de
impuestos y eliminar la elusión fiscal, el expediente
médico único, el monitoreo y control del
servicio de transporte colectivo, la
implementación de sistemas digitales automatizados en
las oficinas de atención al público en todas las instituciones del gobierno.
o Propuesta
4: Reingeniería de dirección de innovación y tecnológica
La estructura propuesta pretende enlazar todas las unidades
organizativas de desarrollo tecnológico, de cada uno
de los ministerio y autónomas, a razón de unificar
esfuerzos y elaborar planes de innovación con las TIC para cada uno de los
ministerio y autónomas, optimizando los recursos con
los que se recibirán de la actual gestión. Con ello se pretende ejercer apoyo continuo y seguimiento en cada uno de los
proyectos definidos y aprobados, así como retomar esfuerzos de las anteriores
gestiones que pueden ser de utilidad y complemento
para el desarrollo de las tecnologías de la información de manera plena en el Estado.
Entre las muchas propuestas que se pueden hacer a nivel de
tecnología para todo el aparato de Estado podemos mencionar:
·
Estandarización de infraestructura de sistemas operativos para el sector
público.
·
Desarrollo de
sistemas de información a la medida de cada uno de
los ministerios, permitiendo unificar información e integrar bases de datos
dispersas en cada uno de las ramas, a razón de hacer
más eficientes el trabajo técnico-administrativos en cada uno de los ministerio
y autónomas.
·
Realizar
esfuerzos en conjunto entre todas las divisiones de tecnología de cada uno de
los ministerios, esto porque se cuenta con limitado recursos humanos capacitados en TIC, así como infraestructura y presupuesto
asignados.
·
Iniciar
esfuerzos de difusión y capacitación de herramientas
tecnológicas a personal administrativo, para lograr un mayor nivel de
compresión en herramientas de utilización diaria como paquete de ofimática, acceso a sistemas de información
diseñados para automatización de procesos, entre
otras acciones.
·
Impulsar cada
vez más el respaldo de todos los procesos en formatos digitales para ir
acortando la brecha documental en físico a formatos electrónicos
y portable, con lo que se contribuirá a la reducción en gasto de papel y tinta,
así como también contar con data que puede ser
compartida y divulgada de una mejora forma por los canales oficiales de
rendición de cuentas, mejorando la transparencia al
acceso de la documentación de los procesos que cada institución realiza.
·
Todas estas medidas y acciones internas se traducen en mejoras
sustanciales a la población, ya que contar con información de manera más
inmediata e integral, se convierte en tiempos de
espera más cortos por parte del usuario final, así como en menor cantidad de
errores en los procesos que día a día se realizan de
forma manual, lo que a su vez se traduce en una atención con más calidad.
DIAGRAMA:
5.
Algunos proyectos a descatar:
o
Iniciar la
adecuación de los planes estratégicos y operativos a
los objetivos del Plan de Nación del presidente Nayib Bukele.
o
Identificar
los procesos administrativos en marcha, sus fuentes de financiamiento, la
disponibilidad presupuestaria y su nivel de ejecución.
o
Iniciar la
instalación de ventanillas únicas de trámites en las gobernaciones departamentales.
o
Adoptar
medidas de simplificación de trámites.
o
Instruir a las
dependencias la identificación de procesos, en los cuales se puede sustituir el papel.
o
Proponer
fusiones institucionales, delegaciones de competencias y administrativas.
o
Retomar el
impulso de la Ley de Descentralización de Servicios
Públicos en favor de las municipalidades.
o
Revisar el pénsum de estudios y perfiles de los
servidores capacitados por las escuelas de funcionarios públicos, ENAFOP.
o Diseñar e implementar una Política Nacional de
Recursos Humanos.
o
Impulsar la
profesionalización y estandarización de la labor de los servidores públicos.
o
Impulsar la
implementación de la firma electrónica.
o
Impulsar una
estrategia de uso del software libre en todo el Ejecutivo.
o
Iniciar la
digitalización de los archivos públicos, el primer
paso hacia el expediente electrónico personal.
o
Iniciar con el
proceso para transparentar los procesos de compra de
bienes y servicios públicos.
