Seguridad
I.
INTRODUCCIÓN
La problemática de los grupos
criminales que atentan contra la Seguridad Pública no puede ser tratada
exclusivamente desde una óptica de combate a la delincuencia, ya que es un
problema social donde la falta de oportunidades y opciones de vida comienzan a
producir el círculo vicioso de la pobreza, el crimen y la violencia.
El Salvador se encuentra
asediado por problemas de criminalidad que lo mantienen entre los países con
los peores índices de violencia en el mundo. Sabemos que la sociedad reclama un
cambio de paradigmas en el combate al crimen; principalmente porque ha
presenciado cómo los grupos criminales han crecido y se han fortalecido, a
pesar de todos los planes de mano dura, súper dura, tregua y medidas
extraordinarias que han sido efectuados por las administraciones anteriores.
Esto plantea elevar el tema de seguridad a nivel de una Secretaria de Estado,
que coordine, dinamice y garantice la eficiencia y efectividad de los planes a
corto, mediano y largo plazo.
En los últimos años, el país ha
sido testigo del destape de esquemas de corrupción institucionalizada en el
gobierno, la cual se extendió al sector privado por vía de los partidos
políticos. La corrupción y el crimen organizado son unas de las principales
causas de la falta de oportunidades y de los bajos niveles de bienestar, que, a
su vez, impulsan a los salvadoreños a emigrar hacia otros países.
Por todo lo anterior, el pueblo
se encuentra exigiendo la implementación de Nuevas Ideas en la gestión pública
y específicamente en el ramo de la seguridad, con políticas de Estado a largo
plazo.
II.
VISIÓN
En este Plan de Seguridad
Pública proponemos Nuevas Ideas en tres líneas de acción: prevención, combate
al crimen y reinserción a la vida productiva.
En el área de Prevención,
es imperativo brindar oportunidades y protección a la niñez y a la juventud
vulnerable, que se encuentra en peligro de ingresar a estructuras criminales.
Así, nuestro enfoque consiste en brindar a los jóvenes múltiples opciones de
desarrollo personal y profesional que sustituyan el deseo de incorporarse a
dichas estructuras. Las Nuevas Ideas traen consigo planes de inversión en
infraestructura cultural, deportiva, educativa y de habilidades productivas a
nivel de las comunidades más afectadas y desde la edad más temprana.
En materia de Combate al
crimen, las Nuevas Ideas implican adoptar el compromiso de innovar en las
tácticas actuales, adquiriendo nuevas tecnologías para facilitar la
investigación y brindar mayor seguridad a quienes la llevan a cabo. Esto no
solo permitirá combatir el crimen más efectivamente, sino que también abre el
camino a la implementación de dos políticas de Estado:
a)
Dignificar
la situación laboral y personal de los elementos de la Policía Nacional Civil y
Fuerza Armada.
b)
Fortalecer
las herramientas tecnológicas y legales que coadyuven a articular las
estructuras organizacionales del área de Seguridad Pública.
Dichas políticas facilitan el
desarrollo de las instituciones del Estado encargadas de implementar las tres
líneas de acción que este plan propone.
Adicionalmente, sabemos que,
debido al alcance internacional que tiene la corrupción y por su efecto nocivo
en el desarrollo del país, el pueblo está solicitando que este problema sea
resuelto con el acompañamiento de organismos internacionales. Las Nuevas Ideas
en este plan también incluyen la Creación de una Comisión Internacional Contra
la Impunidad y la Corrupción para El Salvador (CICIES).
En cuanto a la Reinserción
integral, se vuelve necesario contar con estrategias para la rehabilitación
social y reinserción productiva a la población en riesgo y la privada de
libertad.
La reinserción incluye estos
dos grupos.
1.
La
niñez y juventud que ha estado forzada a involucrarse en actividades criminales
2.
La
población privada de libertad
Las ideas de nuestras tres
líneas de acción se implementarán tomando en cuenta las siguientes premisas:
1.
Las
Nuevas Ideas no duplicarán proyectos existentes.
2.
Las
Nuevas Ideas no descartarán, sino que mejorarán, aquellos proyectos que han
sido exitosos.
3.
Las
Nuevas Ideas significarán un ahorro al Estado y buscarán producir efectos
positivos al más corto plazo, los que deberán ser medibles por indicadores
utilizados por las buenas prácticas internacionales.
4.
Las
Nuevas Ideas serán tratadas de manera transversal, porque incluirán a todos los
componentes y actores involucrados en las problemáticas y soluciones.
5.
Las
Nuevas Ideas son multidimensionales, porque se aproximan a los problemas con
soluciones de políticas públicas que están articuladas entre sí, con las múltiples
instituciones del Estado a cargo de estas soluciones, y con los actores de la
sociedad civil que las gestionan y gozan de los beneficios de las mismas.
6.
Para
alcanzar el éxito, las Nuevas Ideas incluirán tecnologías y programas
innovadores, que integrarán software
y hardware con la
infraestructura del Estado, para facilitar el accionar policial y judicial.
7.
En
lo que respecta al recurso humano, las Nuevas Ideas buscan velar por el
bienestar individual, dignificar las condiciones laborales y fortalecer las
capacidades del personal e instituciones a cargo de nuestras tres líneas de
acción: Prevención, Combate al crimen, Rehabilitación y reinserción.
Todo lo expresado en este
documento está basado en que un Gobierno con Nuevas Ideas dará un tratamiento
integral a las líneas de acción que enmarcan nuestro Plan de Seguridad Pública,
con el objetivo de establecer, asegurar y fomentar las condiciones que brinden
oportunidades y bienestar a los ciudadanos para encaminar a El Salvador hacia
una Cultura de Paz, tal y como ésta se encuentra definida por la Organización
de las Naciones Unidas.
Se pretende resolver la
problemática de seguridad con un enfoque de Plan de Nación a largo plazo, con
la participación de la sociedad civil, empresa privada, sector público y con la
infusión de Nuevas Ideas en la vida política nacional.
ARTICULACIÓN ENTRE CARTERAS DE
ESTADO PARA LA PREVENCIÓN: DEPORTE Y CULTURA
Obedeciendo a que las Nuevas
Ideas en carácter de seguridad pública son multidimensionales y transversales,
este plan está diseñado para integrarse con los proyectos provenientes de otras
carteras de gobierno que estén destinados a la prevención del crimen y a recobrar
el control de territorios a través de la reconstrucción del tejido social. Esta
integración de seguridad con todos esos proyectos se llevará a cabo por dos
vías:
Primero, el Plan de Seguridad
Pública (PSP) tendrá un componente de coordinación interinstitucional para
brindar seguridad, tanto de manera directa con presencia policial como de
manera indirecta con la instalación de la red de protección tecnológica, para
asegurar que imperen las condiciones que faciliten el desarrollo normal de las
actividades de reconstrucción del tejido social en el terreno.
Segundo, como un principio de
política pública, el PSP articulará sus programas y proyectos con los esfuerzos
de otras carteras de gobierno. Las Nuevas Ideas implican compartir el fin común
de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y brindar perspectivas
reales de vida y desarrollo humano para sustituir la opción negativa de que la
juventud ingrese al círculo vicioso de los grupos delincuenciales. Por ello, el
PSP incluirá sus recursos humanos y materiales de planificación a manera de
contribución para el diseño e implementación de los programas y proyectos que
tengan este fin. Aquí hablamos de experticia, experiencia y recursos académicos
y analíticos siendo puestos a disposición del bien común.
El PSP integrará sus recursos y
articulará sus políticas con el Plan Nacional de
Desarrollo Deportivo 2019-2030 y el Plan de Cultura.
ARTICULACIÓN
CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEPORTIVO
En el caso del Plan Nacional de
Desarrollo Deportivo 2019-2030 (PNDD), este aspira a ser una alternativa de
prevención de la violencia, a través de procesos sistemáticos de trabajo en el
territorio y con grupos etarios clave como la niñez, adolescencia y juventud
salvadoreñas. El PNDD pretende llevarse a cabo cimentando una nueva cultura de
actividad física que se vincule al desarrollo humano y sirva para sustituir las
opciones ofrecidas por la violencia. El PNDD también reconoce el potencial que
tiene para acrecentar el bienestar y las capacidades sociales de la población
al establecer y estrechar los vínculos con la comunidad. Todos estos son
objetivos y metas de políticas públicas compartidas por el Plan de Seguridad
Pública que son explicados desde la perspectiva de seguridad en las próximas
secciones.
Por otra parte, el PNDD
reconoce que, para alcanzar sus metas, debe unir esfuerzos con otras carteras
de Estado, dada la importancia que tienen la educación física, el deporte y la
recreación como elementos clave para el desarrollo humano de la sociedad
salvadoreña. Asimismo, estima que es esencial diseñar la reconstrucción del
tejido social, brindando los recursos necesarios para minimizar factores de
riesgo y violencia en los proyectos de transformación de espacios públicos, con
un rol activo de todas las partes interesadas que deben participar en la
creación de una visión estratégica que determine las opciones y prioridades en
materia de políticas. Considerando todo lo anterior, y dentro de su
competencia, el Plan de Seguridad Pública está diseñado para coordinar y articular
de manera interinstitucional la puesta en marcha de la reconstrucción del
tejido social para tener mayores opciones de alcanzar una cultura de paz en el
país.
Articular con las entidades a
cargo del PNDD es parte del diseño de esta oferta electoral, dado que el mismo
expresa que, para obtener resultados, es necesario establecer alianzas con
socios estratégicos en construcción y desarrollo de infraestructura a nivel
nacional.
ARTICULACIÓN
CON EL PLAN DE CULTURA
Para este fin, retomamos la
oferta hecha por el Plan de Seguridad Pública por medio de la cual brindará una
cobertura de seguridad a los proyectos de cultura destinados a la prevención,
como por ejemplo:
1. Revitalización de cincuenta
Centros Históricos
2. Revitalización del sitio
arqueológico de Quelepa
3. Revitalización de los
teatros nacionales
4. Revitalización del Parque
Zoológico Nacional
5. Fortalecimiento de más de
100 casas de la cultura
Por otra parte, también
retomamos la oferta de poner a la disposición de los proyectos del Plan de
Cultura un intercambio de recursos y experticia, proveniente de las entidades
gubernamentales involucradas en la seguridad pública a fin de mejorar el
alcance de esos proyectos entre las poblaciones donde se realizarán. En el
marco de la oferta cultural, articularemos estos proyectos:
1. Para la creación de 14
orquestas sinfónicas —una en cada departamento del país— y la formación
artística de 6,000 niñas y niños a nivel nacional, los destacamentos militares
pondrán a disposición sus instalaciones, músicos e instructores, así como sus
instrumentos musicales, con la finalidad de iniciar la gestión de este programa.
2. Para el fortalecimiento de
más de 100 casas de la cultura se articularán las entidades de Seguridad
Pública para darle valor agregado. Una oportunidad para ello yace en la
elaboración de talleres de prevención de violencia, liderados por las Delegaciones
Modelo de la PNC. También aseguraremos la Participación de la Policía Rural y
de la Policía Comunitaria donde sea correspondiente, en la elaboración de
estrategias de construcción de resiliencia a la violencia, entre otras labores
posibles.
III.
DIAGNÓSTICO DE PROBLEMÁTICAS
A.
DIAGNÓSTICO:
GRAN CORRUPCIÓN (GC)
La Gran Corrupción ha
sido definida como aquellos actos ilícitos que son perpetrados por funcionarios
públicos y que, por la cantidad de montos de dinero involucrada, mina la confianza
en los sistemas democráticos y tiene un efecto nocivo que impide el desarrollo
sostenible de los países y, para efectos de este Plan, también tiene un impacto
negativo en la habilidad del Estado para combatir la criminalidad y sus
efectos.
Antecedentes
El Salvador ha sido víctima de
este tipo de corrupción, principalmente por vía de la denominada “partida
secreta”, que ha sido administrada por Casa Presidencial durante décadas y que
ha servido para lubricar la maquinaria de corrupción que incluía pagos por
sobresueldos a funcionarios públicos, compra de voluntades a altos funcionarios
y gastos suntuarios de lujos provistos para los presidentes de turno, sus
familiares y allegados.
Un estudio calcula los montos
de corrupción en al menos 37 mil millones de dólares (Salvador Arias, El Libro
Negro de la Corrupción, 2017), mientras que acciones legales recientes y otros
estudios más conservadores documentan un comportamiento histórico de Gran
Corrupción, cometido por vía de la “partida secreta”, durante las diferentes
presidencias de la república desde 1989 a la fecha:
Fuente:
El Faro 5 de marzo, 2017.
Impacto en los Planes de
Seguridad
La corrupción vulnera las
instituciones democráticas cuando violenta las reglas del juego y cuando crea y
mantiene redes de funcionamiento dentro de, sobre y al margen de las
instituciones del Estado. También, la corrupción desacredita a las instituciones
que combaten la criminalidad y a sus integrantes en todos los niveles cuando
pone en tela de juicio la capacidad del sistema para brindar justicia a la
ciudadanía.
PROPUESTAS
GC1 Gestionar la creación y
funcionamiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad y la
Corrupción en El Salvador (CICIES). Lo
anterior con el acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la finalidad de
asegurar la transparencia y la observancia por los países de la región y la
comunidad internacional.
GC1-M1 Ordenar a todas las entidades del Ejecutivo a que coadyuven a que
las observaciones y recomendaciones emitidas por la CICIES, como resultado de
su mandato, sean aplicadas en el país.
GC2 La Vicepresidencia de la
República creará las condiciones para la instalación y funcionamiento de la
CICIES y para ser el representante del Ejecutivo ante dicha comisión, con la
finalidad de asegurar la participación del Gobierno de la República al más alto
nivel ejecutivo.
B. DIAGNÓSTICO: NARCOTRÁFICO (NCT)
Descripción del problema
El Salvador está catalogado
como uno de los países corredores del narcotráfico - el comercio ilegal de
drogas tóxicas en grandes cantidades -, gracias a nuestra ubicación geográfica.
La diversificación de las
actividades de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en el Triángulo
Norte ha llevado a los actores internacionales a establecerla como parte y,
también, consecuencia de la debilidad de los Estados de esta región.
Específicamente, en El Salvador, se le suman los altos índices de impunidad,
infiltración y colaboración de algunos elementos de las fuerzas de seguridad.
No obstante, es la juventud la más utilizada por estos criminales, como lo
detalla la siguiente tabla, donde es explícito que el 82.14% de los detenidos
por tráfico, posesión y tenencia de drogas son jóvenes entre los 15 y los 29
años.
Con relación a las personas
detenidas por infracciones a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a
las Drogas, en el año 2016 se detuvo a un total de 4,855 personas, de las
cuales el 52.7 % fue por delitos de posesión y tenencia de marihuana, el 42%
por el delito de tráfico ilícito de marihuana, y el 5 % por posesión y tráfico
ilícito de cocaína, crac y metanfetamina.
Por otra parte, dentro de la
problemática, están las incautaciones de cocaína que registraron un gran
aumento en el año 2016 alcanzando la cifra de 9,718 kilogramos, más del 200%
con respecto al año anterior. Esta droga era traficada por vía marítima
procedente de Colombia.
Fuente:
Informe Nacional del CNA 2017 - Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
PROPUESTAS
Para combatir efectivamente el
narcotráfico y poder detectar la incursión de carteles internacionales al país,
es necesario dotar a las fuerzas a cargo de esa tarea de recursos, tácticas y
habilidades que puedan responder a este desafío. Dos grandes líneas de acción
son discernibles:
NCT1- Dotación de recursos
tecnológicos a las autoridades que combaten el tráfico ilícito y los actores
del control aduanal en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas. Ejemplos:
NCT1-M1 Implementación del Plan
Protección de Fronteras de manera coordinada e integrada
interinstitucionalmente, PNC, Aduanas, Migración y Fuerza Armada de El
Salvador, para aumentar la capacidad de resguardo y vigilancia de las fronteras
(Límite Político Internacional-LPI) y las aguas territoriales.
NCT1-M2 Monitoreo estratégico –
Vigilancia e inteligencia. Equipamiento y entrenamiento de personal para
vigilancia y monitoreo aéreo por drones en mar y fronteras terrestres.
NCT2- Aumento de las
capacidades técnicas, tácticas y operativas de los organismos involucrados,
para asegurar un eficiente combate a estos grupos delincuenciales que están
utilizando a El Salvador como un corredor para el tráfico ilícito de drogas.
Ejemplos:
NCT2-M1 Implementar un plan de capacitación
y desarrollo de los miembros de todos estos organismos, ampliándolo en su
currículo y en su alcance estratégico en función de adaptarlo para lidiar con
la adaptabilidad del narcotraficante.
NCT2-M2 Mayor desplazamiento y
utilización de unidades equipadas con detectores de narcóticos en carreteras y
puntos fronterizos.
C.
DIAGNÓSTICO:
EVASIÓN Y ELUSIÓN DE IMPUESTOS (EEI)
Descripción del problema
Luego de la implementación de
la Ley de Lavado de Dinero y Otros Activos en nuestro país, la evasión fiscal
es catalogada como delito y es castigada con cárcel, porque su gran impacto. Es
importante recalcar que el financiamiento de los diferentes planes de acción
para el futuro, ya sea en materia de seguridad u otra área, necesita recursos.
Esto una realidad que también hay que tomar en cuenta para tomar decisiones
correctas al incorporar medidas de acción.
Antecedentes
En nuestro país el tema de
evasión y elusión fiscal es un grave problema para el gobierno, pues afecta sus
finanzas. Se definen de la siguiente manera:
Elusión: acción que permite reducir la
base imponible mediante operaciones que no se encuentran expresamente
prohibidas por disposiciones legales o administrativas.
Evasión: acción que se produce cuando
un contribuyente deja de cumplir con su declaración y pago de un impuesto según
lo que señala la ley. Esta acción puede ser involuntaria (debido a ignorancia,
error o distinta interpretación de la buena fe de la ley) o culposa (ánimo
preconcebido de burlar la norma legal, utilizando cualquier medio que la ley
prohíbe y sanciona).
La evasión de impuestos, en
todos los casos regulados en el Art. 254 del Código Tributario consiste en:
·
No
llevar contabilidad existiendo obligación legal de ello o llevar múltiple
contabilidad.
·
Contradicción
evidente entre los libros, documentos o demás antecedentes, con los datos que
surjan de las declaraciones.
·
Declaraciones
que contengan datos falsos.
·
No
suministrar o suministrar falsos los avisos, datos, informes, ampliaciones y
explicaciones existiendo obligación legal de hacerlo.
·
Exclusión
de algún bien, actividad u operación que implique una declaración incompleta de
la materia imponible, salvo cuando, atendiendo el volumen de los ingresos del
contribuyente y la escasa cuantía de lo excluido, pueda calificarse de simple
olvido excusable.
·
Suministro
de información inexacta sobre las actividades y negocios concernientes a
ventas, compras, existencias o valuación de mercaderías, capital invertido o
cualquier otro factor de carácter similar.
·
Cuando
el contribuyente, su representante o apoderado se valiere de cualquier tipo de
maniobra para evadir la notificación de cualquier actuación de la
Administración Tributaria.
·
No
presentar la declaración. Se entiende como omitida la declaración cuanto fuere
presentada después de notificado el acto que ordena la fiscalización.
·
Ocultación
o destrucción de documentos.
Es importante tomar en cuenta
que esta disposición de ley no consiste en una lista cerrada, es decir que no
son los únicos medios por los cuales se puede realizar la evasión de impuestos,
pese a ser reconocidos expresamente por la legislación.
Las cifras sobre evasión y
elusión fiscal en la región son escasas debido a la naturaleza de las
operaciones evasivas, las cuales implican el engaño y la privación del
conocimiento estatal de los montos defraudados. No obstante, el Ministerio de
Hacienda nos muestra el comportamiento de la evasión de la siguiente manera:
Fuente: El Mundo, El Salvador
Pierde 750 Millones por la Evasión del IVA (13 de febrero de 2018), https://elmundo.sv/el-salvador-pierde-750-millones-por-la-evasion-del-iva/).
Desde el punto de vista de los
rangos de deuda, el 66.88 % de la mora tributaria se concentraba en deudores de
50 mil dólares hasta más del millón de dólares, representando en conjunto un
monto de USD 249,221,187.27; mientras que el 33.12 % de deudores se ubicaba en
un rango de deuda debajo de los 50 mil dólares, debiendo en conjunto USD 123,
418,147.77.
Deudores
tributarios según rangos de deuda a abril de 2015
Todos estos antecedentes
vislumbran el comportamiento de la evasión en nuestro país y nos instan a tomar
medidas serias de consulta técnica con relación a esta área. El
Informe de Avances Principales del Ministerio de Hacienda nos desglosa lo
siguiente:
Es una realidad que datos,
informes, detalles y demás insumos sobre los montos de evasión y elusión se tienen,
pero se encuentran con los blindajes de la corrupción que no permiten que estas
cifras de dinero sean recuperadas por el Estado y, por consiguiente, el
desfinanciamiento de sus operaciones.
Impacto en los Planes de
Seguridad
Ciertamente el desfinanciamiento
del Estado y su poca capacidad de recuperación tributaria ha dejado indefensas
y vulnerables a muchas instituciones para que su operatividad vaya acorde a lo
que se necesita de parte de ellas. En relación a la parte de seguridad pública,
es urgente la inversión en infraestructura, modernización, personal y bienestar
social de sus miembros.
De todos es conocido que el
tema de seguridad es imperativo para el bienestar de nación; pero los
presupuestos desproporcionados y la falta de recursos están siendo factores de
decadencia y de ineficacia en la seguridad de la nación.
PROPUESTAS
EEI1 Efectuar medidas para
hacer reformas de ley que tengan un impacto positivo en la eliminación de la
evasión y la elusión de impuestos.
EEI1-M1
Crear una plataforma de consulta pública que emita propuestas de acción en
contra de la evasión y la elusión.
EEI1-M2
Realizar una consulta específica con los auditores e inspectores del Ministerio
de Hacienda para que ellos puedan verter recomendaciones de manera reservada en
relación al combate de la evasión y la elusión fiscal.
EEI1-M3
Realizar propuestas de ley basadas en los resultados de las mesas de consulta
ciudadana y técnica del Ministerio de Hacienda.
EEI2 Realizar auditoría del
seguimiento de casos de evasión y elusión en la Fiscalía General de la
República, con el fin de evaluar la mejor forma de agilizar los procesos y
tener una mejor recaudación de dichos recursos.
EEI3 Desarrollar un estudio
financiero de inversión para el área de Seguridad Pública que pueda ser
sostenible a largo plazo.
D.
DIAGNÓSTICO: GRUPOS CRIMINALES
Descripción del problema
Los grupos criminales que hoy
asolan al país en modalidad de pandillas, conocidas como maras, surgieron en
los Estados Unidos y se reprodujeron en El Salvador. Cuando los procesos de
deportación transportaron esta nueva modalidad de crimen a nuestro país, encontró
territorio fértil para su proliferación. Las condiciones de pobreza y un modelo
económico excluyente se juntaron con una pobre presencia territorial del
Estado. Todo lo anterior brindó un ambiente propicio a las maras para
insertarse, expandirse y fortalecerse en El Salvador. En la actualidad, las
pandillas tienen presencia territorial de esta forma en el país:
MUNICIPIOS CON PRESENCIA Y
ESTRUCTURAS DE MS-13
FUENTE: Reporte CTA - PNC
MUNICIPIOS CON PRESENCIA Y
ESTRUCTURAS DE MS-18
FUENTE: Reporte CTA-PNC.
La expansión territorial de
estos grupos criminales es innegable, así como el impacto producido en la vida
del ciudadano común, destruyendo la paz de su día a día al obligarlo a
desplazarse forzadamente de su lugar de vivienda a voluntad de los grupos
criminales. El ciudadano es atemorizado en sus rutinas de transporte hacia su
trabajo y es explotado económicamente con el sistema de extorsión denominado
“renta”. Además, es obligado a abandonar su entorno y propiedades debido a
amenazas. Lo mismo aplica a la economía nacional, pues tanto las pequeñas,
medianas y grandes empresas resienten la necesidad de contar con la venia de
estos grupos para establecer puntos de venta y rutas de distribución. Sobre
todo, las empresas son impactadas en su economía, por el pago de extorsiones,
el alto costo de contratar seguridad privada y las amenazas mortales a su
personal.
Por otra parte, el impacto de
estos grupos criminales en la sociedad va más allá de la parte económica, pues
son uno de los grandes obstáculos para el futuro del país, ya que su accionar
es responsable de la mayoría de los crímenes que mantienen a El Salvador como
uno de los países con los más altos índices de muertes violentas y asesinatos
de menores de edad en el mundo.
CUADRO COMPARATIVO DE
ASESINATOS 2016-2018
FUENTE: Reporte CAT-PNC
El cuadro anterior nos brinda
las figuras de asesinatos mensuales para el periodo 2016-2018. Parece que la
capacidad del Estado para alcanzar una mayor reducción de asesinatos desaparece
a medida que pasa el tiempo. Es posible que la tasa de asesinatos se ha
estancado a niveles de epidemia, a pesar de haber probado políticas públicas de
Mano Dura, Súper Mano Dura, Tregua y Medidas Extraordinarias de Seguridad. Es
por esto que es necesario traer Nuevas Ideas al tratamiento de la criminalidad
en El Salvador.
Para poder innovar en el
combate de la criminalidad, reducir los altos índices de asesinatos, eliminar
la epidemia de extorsiones y brindar paz y seguridad a la sociedad, primero es
necesario reconocer las causas y efectos de este fenómeno, que se resumen en el
cuadro siguiente:
Este plan contempla propuestas
de soluciones para cubrir las tres grandes causas de la inseguridad que señala
el diagrama. Se fortalecerá a las instituciones y se combatirá el crimen
organizado y los grupos delincuenciales, pero también se dará especial énfasis
a la falta de oportunidades que se derivan del modelo económico excluyente en
el que se ha mantenido el país. Esto, porque se reconoce el impacto positivo
que tendría la creación de oportunidades de vida entre la población joven,
quienes son el objetivo demográfico de reclutamiento de estos grupos
criminales.
En resumen, se realizará una
intervención directamente en las comunidades llevando oportunidades culturales,
educativas, deportivas y de emprendimiento, dirigidas a la juventud, comenzando
desde la primera infancia en adelante. Así, podremos arrebatar de las garras de
los grupos criminales a la juventud que tendrá opciones reales para un proyecto
de vida que sea cualitativamente superior al que ofrecen las pandillas. Para
poder llevar esto a cabo, es necesario una planificación a largo plazo,
instaurando Políticas de Estado que traten el problema. Como se expresa en la
introducción de este documento, se necesita también que estas políticas de
largo plazo sean acuerpadas como un Plan de Nación en el que se tenga
participación de la sociedad civil, sector privado y gobierno, con una visión
que no comprometa el futuro de las próximas generaciones. A continuación, se
explican las tres líneas de acción y las respectivas medidas que proponemos
para resolver las problemáticas de inseguridad en El Salvador.
LÍNEA
DE ACCIÓN 1: PREVENCIÓN (P)
Objetivo
Establecer una estrategia que
sirva como herramienta de prevención de la delincuencia, con líneas
estratégicas de impulso que fortalezcan las oportunidades de iniciar y
continuar su proyecto de vida a la niñez y la juventud, para evitar la
transferencia de patrones de violencia y disminuir las tasas de ingreso de las
poblaciones más vulnerables a organizaciones criminales. El enfoque de los
esfuerzos en prevención será proteger los derechos a una vida segura y
productiva, el respeto a la integridad física y material de la persona, y la
posibilidad de tener una vida digna.
Se creará un sistema de apoyo
en seguridad a los programas de prevención con carácter comunitario que tendrá
el gobierno. Este sistema de apoyo en seguridad velará por mantener las
condiciones que aseguren que los proyectos de prevención tengan éxito y, así,
puedan responder a las necesidades, problemas, intereses e inquietudes de los
jóvenes y ofrezcan, a ellos y a sus familias, oportunidades reales de
desarrollo de sus potenciales y de sus proyectos de vida.
La adquisición de resiliencia a
la violencia es un factor clave para el desarrollo del potencial individual de
los jóvenes. El PNUD define la resiliencia como el conjunto de capacidades que
le permiten a las personas lidiar, enfrentar y sobreponerse a las adversidades,
sin comprometer sus derechos y sus opciones actuales, y futuras de desarrollo.
La línea de acción en prevención de este plan tiene un énfasis en coadyuvar a
fomentar, fortalecer e incrementar la resiliencia a la violencia entre la niñez
y la juventud, particularmente entre la juventud temprana (15-19 años), porque
este es el rango etario en que se es más resiliente a la violencia, además de
ser la etapa crucial en que aumenta el ingreso de jóvenes en las estadísticas
relacionadas a la violencia en el país.
Fomentar la resiliencia a la
violencia en los jóvenes es esencial para la prevención, porque la construcción
de ciudadanos socialmente saludables y económicamente productivos requiere que
ellos puedan cursar la mayor cantidad posible de ciclos en el sistema educativo
público o privado sin restricciones, además de poder desarrollar sus
iniciativas de emprendimiento y actividades económicas sin que la violencia se
los impida.
De acuerdo a la Encuesta de
Hogares de Propósitos Múltiples 2017, un 13 % de todos los hombres que abandonan
la educación en la educación básica o durante el tercer ciclo, lo hacen por
razones de violencia o inseguridad. Por otra parte, el país presenta altos
niveles en sus indicadores de restricciones debido a la inseguridad, dadas las
grandes limitaciones que tienen las personas en su comunidad para la libre
circulación y el establecimiento de negocios. El PNUD calcula que en San
Salvador, Cuscatlán, San Miguel, La Paz y Sonsonate, hay una incidencia mayor
al 50% de jóvenes con restricciones de movimiento debido a la inseguridad
(PNUD, Informe Sobre Desarrollo Humano 2018).
Al fomentar la resiliencia a estos factores, se brinda a los jóvenes una
herramienta más para salir adelante con sus proyectos de vida. Para esto,
proponemos las siguientes medidas en materia de prevención:
P1-M1 Elaborar
estrategias de alianzas con organizaciones de la sociedad civil para el logro
de intervenciones programadas y sostenibles que reduzcan las condiciones
causales de violencia, marginación y de factores de riesgo que impactan en la
sociedad.
P1-M1.1
Para el caso de la transformación de espacios públicos y de la
reconstrucción del tejido social, basándose en el patrón de obras de
recuperación del centro histórico de San Salvador, efectuadas por la Alcaldía
en el mandato 2015-2018, añadiremos el componente de participación en el
diseño, elaboración y conducción de campañas educativas y de apoyo.
P1-M1.2
En materia de prevención de la violencia directa:
Elaboración
y promoción de un proyecto de Ley para la protección de la comunidad educativa,
la cual sirva para tipificar, prohibir, y establecer condenas para aquellos que
infrinjan con amenazas y conductas violentas, la paz y
funcionamiento y seguridad de estudiantes, cuerpo docente, instituciones e
instalaciones de enseñanza en el país. Esta ley puede ser extensiva a una
comunidad educativa ampliada, que incluye a otros actores dentro del territorio
enfrascados en estos programas educativos (ADESCOS, Agencias de Cooperación
Internacional, ONGs, etc.).
P1-M1.3 Participación
en la elaboración de campañas de alerta y programas de ayuda que sirvan para
aminorar los niveles de violencia directa en todas las dimensiones que ocurren
en el entorno de la juventud. Por ejemplo, coordinar con comunidades y sistema
educativo, campañas educativas permanentes sobre civismo vial, para que la
niñez entienda cómo aminorar la intolerancia en el tráfico vehicular, entre
otras.
P1-M1.4
Instalación de dispositivos de personal policial, utilizando recursos
tecnológicos novedosos para brindar disuasión y seguridad (por ejemplo:
reconocimiento facial para la red de videovigilancia de la PNC para prevenir y
acelerar la intervención preventiva; y cámaras personales en el uniforme para
los policías para dar transparencia a sus gestiones de servicio al público).
P1-M1.5
En materia de prevención de la violencia estructural:
Elaboración y promoción de un
proyecto de Ley para protección de los espacios públicos el cual sirva
para tipificar, prohibir y establecer condenas en contra de quienes atenten,
amenacen o impidan la circulación, permanencia o la conducción normal de
actividades de esparcimiento en lugares denominados como públicos y que sirvan
para el libre esparcimiento de la niñez, juventud y grupos familiares.
P2 Contribuir a desarrollar una
cultura de prevención de la violencia a través de la protección y desarrollo de
la niñez y la juventud; otorgando los recursos humanos y materiales necesarios
para brindar seguridad y viabilidad a los proyectos que velan por establecer
mayores niveles de resiliencia a la violencia entre la población vulnerable.
P2-M1
Contribuir en el diseño de centros de desarrollo comunitario, enfocado en la
prevención de la violencia y reducción de niveles de ingreso a las
organizaciones delictivas.
P2-M2
Reutilizar los espacios especializados (por ejemplo: instalaciones deportivas y
culturales) de las instituciones de seguridad pública, para crear más y mejores
espacios recreativos, formativos y de emprendimiento, dentro de las iniciativas
de reconstrucción de tejido social. En el caso de las instalaciones o espacios
sin utilizar del EDS, efectuar un inventario y un estudio sobre su readecuación
para los fines propios de la reconstrucción del tejido social.
P2-M3
Creación de la función de Policía Escolar como especialización
dentro de la Policía Nacional Civil (PNC), la cual tendrá su base en principios
cívicos, morales, deportivos y de convivencia social con la finalidad de que
colabore en el mejoramiento de los valores, el ambiente escolar y la disciplina
en los centros educativos; participando en todas aquellas actividades que
pudieran realizarse junto a la comunidad educativa.
P2-M5 Buscar
erradicar las prácticas de violencia simbólica, como lo es el estigma social
que experimentan jóvenes que habitan en comunidades de alta peligrosidad y que
dificulta su entrada a la fuerza laboral, debido a las preconcepciones y los
altos costos de las medidas de seguridad que toman los empleadores.
P2-M5.1
Establecer un diálogo con el sector privado para crear un sistema de
facilitación de ingreso a la vida productiva de los jóvenes.
P2-M6
Contribuir (PNC y FAES) en el diseño e implementación de programas
de intervención en centros escolares, que estén destinados a establecer
dinámicas y prácticas contra la violencia, siguiendo los hallazgos del
Observatorio de Centros Educativos Públicos del Ministerio de Educación, con la
finalidad de aumentar el número de centros clasificados como experimentando
contextos de violencia controlada, que es la clasificación de contexto de
violencia menor de las tres existentes. Dicha clasificación se caracteriza por
tener pocas manifestaciones violentas e inseguridad en el interior y en el
exterior de los centros educativos. Particularmente, se velará por contribuir
en la elaboración de programas que velen por incrementar la disciplina y
control por parte de docentes y directores, dado que significan unas de las
principales características para tener centros educativos menos violentos.
P3 Presentar propuestas para el
fortalecimiento del financiamiento a las actividades de prevención y
reinserción bajo el enfoque de reducción de costos innecesarios y la atención y
línea de acción priorizadas.
P3-M1
Incrementar las partidas presupuestarias asignadas a la PNC y la FAES
destinadas al apoyo y realización de actividades de prevención de violencia en
la comunidad educativa y promoción de resiliencia a la violencia en la
juventud.
P3-M2
Gestión de donación de bienes inmuebles administrados por el CONAB, mediante el
proceso de Ley de Extinción de Dominio, para disminuir el costo de
arrendamiento de inmuebles de la PNC.
P3-M3
Analizar nuevas modalidades de cooperación y financiamiento internacional para
estas actividades.
P4 Acompañar las acciones de
prevención por vía de la reconstrucción del tejido social con un Sistema
Policial Inteligente, en el cual la policía fusione el análisis de datos
estadísticos y la información de inteligencia para lograr la prevención del
crimen en las siguientes formas:
1.
Identificando, mitigando y eliminando aquellas condiciones que
permiten o promueven la actividad criminal.
2.
Aplicando la ley dirigida a los delincuentes más activos y
violentos.
P4-M1
En este Sistema Policial Inteligente se aplicará un proceso que genera análisis
a partir de la información obtenida de datos relevantes, para adquirir el
conocimiento y diseñar la planificación que permitirán utilizar tácticas y
tecnologías modernas para apoyar la reconstrucción del tejido social, teniendo
un impacto positivo en la seguridad del entorno donde se llevarán a cabo las
actividades.
P4-M2
El Sistema Policial Inteligente necesita de estructuras,
iniciativas e infraestructura que estén desplazadas in situ. Para
ello, se recurrirá a fomentar el concepto estructural de la Delegación Modelo.
Esta delegación policial es un servicio integral donde se operará de una forma
integral. En la Delegación Modelo se destacarán elementos policiales con
liderazgos naturales, los cuales serán capacitados en programas de prevención.
Se generará un servicio de Policía Comunitaria que recopile inteligencia,
realice investigaciones y tenga el equipo para llevar a cabo su labor. En esta
Delegación Modelo también se tendrá un espacio para el programa de Policía
Escolar, el cual esta detallado en la sección P2-M3 de este plan.
P4-M3
Modernización con tecnología de punta e integración de un solo
sistema de emergencias a nivel nacional, donde estén integrados los diferentes
actores como Cruz Roja, Comandos de Salvamento, Bomberos, COEN y PNC, entre
otros, con la finalidad de brindar atención con eficiencia y eficacia a las
emergencias de la población.
P4-M4
Implementación del primer sistema de cámaras con capacidad de
reconocimiento facial en diferentes puntos del país, interconectados con las
instituciones que velan por el cumplimiento de las órdenes judiciales de
capturas e inteligencia policial, combinados para la prevención de los hechos
delictivos. Lo anterior, con la finalidad de poder reaccionar de forma anticipada
ante cualquier evento registrado que amerite intervención.
P4-M5
Brindando un entorno más seguro al contribuir a reducir los
asaltos y venta de drogas en las comunidades. Es necesario un énfasis en los
asaltos y la distribución de drogas, pues son los hechos que tienen mayor
incidencia en bajar los niveles de resiliencia a la violencia entre la
juventud, al ser los más frecuentes.
P5 Fortalecer los vínculos
entre la sociedad y las autoridades de seguridad pública, como elemento
fundamental para la atención de poblaciones en riesgo.
P5-M1
Fortalecimiento de los comités municipales de prevención de la
violencia.
P5-M2
Aceleración en la implementación de la Política Nacional para la
convivencia escolar y cultura de paz.
P5-M3
Promoción de mecanismos concursables para proyectos que
contribuyan a generar capital social y eficacia colectiva en las comunidades.
P5-M4
Implementar talleres de sensibilización y capacitación a la FAES y
la PNC relacionados con el trato hacia la comunidad y las personas jóvenes, que
contribuyan a la eliminación de los estigmas.
P6 Revisar y recuperar lo mejor del “Plan El Salvador
Seguro”, especialmente las buenas prácticas de los programas “Jóvenes con
todo”, “Recuperación de Espacios Públicos” y “Escuela Seguras y de Tiempo
Pleno”
P6-M1 Retomar y
mejorar el planteamiento de “Jóvenes con todo”, que buscaba el acceso y
generación de nuevos empleos dignos para jóvenes, a fin de prevenir la
incorporación a grupos delictivos.
P6-M2 Se
generarán acciones articuladas y coordinadas entre la organización de la
comunidad y las instituciones municipales y del gobierno central, con
la finalidad promover la participación, la creatividad, identidad y
convivencia. Lo que contribuye a la reconstrucción del
tejido social y la recuperación de espacios públicos.
P6-M3 Retomar y mejorar el programa “Escuelas
Seguras y Tiempo Pleno” para ampliar la cobertura y así beneficiar a más
docentes y estudiantes de todo el territorio salvadoreño.
LÍNEA
DE ACCIÓN 2: COMBATE A LA DELINCUENCIA (CD)
Objetivo
Contrarrestar efectivamente el
accionar de los grupos criminales, dotando de condiciones y herramientas a las
instituciones para generar mejoras en la seguridad ciudadana.
CD1 Fortalecimiento de la
investigación científica del delito
CD1-M1
Integrar, normar, estandarizar y sistematizar la recolección, almacenamiento y
utilización de la información sobre crímenes y violencia que obtiene el
Instituto de Medicina Legal, PNC, FAES, FGR, DGCP y OIE, enfocando los estudios
que de esa información se deriven en la investigación y combate de la
delincuencia, con énfasis en el análisis programado de la gran data obtenida,
para asegurarse que la toma de decisiones sea un producto de la información más
actualizada.
CD1-M2
Modernización y fortalecimiento del Comando Conjunto de seguridad pública y el
Centro de Operación y Control Operativo Policial integrando la Fuerza Armada,
la Fiscalía General de la República, la Dirección General de Centros Penales y
el Organismo de Inteligencia del Estado.
CD1-M3
Crear el laboratorio de ADN para poder diseñar e implementar un sistema de
registro y análisis de criminales para la investigación del delito, así como
para facilitar el reconocimiento de víctimas de crímenes y contribuir a reducir
el número de desaparecidos o víctimas no identificadas de muertes violentas.
CD1-M4
En el campo de la política exterior, gestionar políticas
regionales orientadas a combatir la delincuencia organizada a través de los
mecanismos de la integración centroamericana y tomando en cuenta las
iniciativas que al respecto puedan proponer los países que son parte de la ruta
y/o destino del narcotráfico.
CD1-M5
Gestionar, dentro del marco de la seguridad, una comisión regional
(centroamericana y del Caribe) de intercambio de información sobre actividades
de crimen internacional.
CD1-M6
Fortalecer el programa de protección de víctimas y testigos
relacionados con la delincuencia organizada, buscando soluciones regionales
como el establecimiento de un programa de protección de testigos transnacional.
CD2 Combate a la delincuencia
con base en indicadores de alto riesgo
CD2-M1
Crear un sistema moderno de mapeo de zonas de alta peligrosidad con tecnología
de punta (posicionamiento de GPS, imágenes satelitales y sistemas de monitoreo
en tiempo real) para enfocarse en el fortalecimiento de las labores
preventivas, disuasivas e investigativas del aparato de seguridad del Estado.
CD2-M2
Estudiar y reconocer el alcance estadístico y humano del fenómeno
de desplazamientos forzados por causa de los grupos criminales en zonas de alto
riesgo, con la finalidad de establecer las políticas públicas correspondientes
a erradicarlo y a reinsertar a los afectados dentro de sus entornos originales,
especialmente si son propietarios de inmuebles que debieron desalojarlos por
las amenazas provenientes de grupos criminales.
CD3 Presencia policial en zonas
urbanas y rurales
CD3-M1
Fortalecer la presencia territorial del Estado utilizando nuevas
tecnologías para incrementar la vigilancia de la PNC y la Fuerza Armada,
mientras se les brinda menor exposición a factores de riesgo a sus miembros.
Con estas nuevas tecnologías se busca expandir su alcance de vigilancia y capacidad
de respuesta en tiempo real.
CD3-M1.1
Establecimiento de una red de vigilancia virtual que incluya cámaras de
videovigilancia, patrullas capacitadas con drones equipados con visión nocturna
y visión térmica, a fin de poder captar agrupaciones sospechosas con las
cámaras, desplazar los drones y poder así discernir los riesgos y respuestas
policiales adecuadas.
CD3-M1.2
Asignación e instalaciones de monitoreo de videovigilancia de la
PNC en los municipios y cabeceras departamentales a nivel nacional como fuentes
de seguridad ciudadana.
CD3-M1.3
Asignación de drones a las delegaciones, subdelegaciones y puestos policiales
para desarrollar la modalidad de patrullaje aéreo y monitoreo de comunidades de
alta incidencia delincuencial.
CD3-M1.4
Dotar a los equipos y patrullas móviles en el terreno con sistemas de consulta
de bases de datos, tipo aplicación con lectores portátiles de huella dactilar,
de imagen y de voz, así como proveerlos de lectores de identificación de
documentos.
CD3-M1.5 Adquisición de bloqueadores
portátiles de señal telefónica y de radio para uso en operativos policiales y
en dispositivos de seguridad de alto riesgo.
CD3-M2
Reactivar la Policía Rural en conjunto con la FAES para evitar la expansión de
estructuras criminales en el interior del país.
CD3-M3
Implementar el Plan de Seguridad Territorial Diario (PLANDIA) a efectuarse
durante horas pico, para asegurar que la salida y regreso de los ciudadanos
desde y hacia sus lugares de empleo cuente con la seguridad necesaria para que
no se sientan amenazados en su entorno diario.
Dentro de este marco, hacer
efectiva una mayor presencia de autoridades en las escuelas públicas y privadas
para evitar que docentes y estudiantes sean víctimas de acoso, chantajes y
amenazas. Esta presencia deberá ser conjuntada con una propuesta de Ley de
protección al alumno y al maestro.
CD3-M4
Prestar vigilancia en las unidades de transporte, con presencia policial
coordinada y tecnología de cámaras de videovigilancia con reconocimiento
facial.
CD3-M5
Elaboración de un mecanismo de monitoreo en tiempo real de las
rutas de transporte público, que brinde inteligencia sobre cuáles y cuántas
unidades están siendo utilizadas, su geolocalización y su participación en ese
momento, en programas coordinados de vigilancia. Este mecanismo de monitoreo
debería dar acceso a las cámaras de video de las unidades participantes.
CD4 Ampliar las funciones de la
Fuerza Armada en función de brindar seguridad perimetral cuando los privados de
libertad (PDL) efectúen trabajos de mantenimiento de instituciones del Estado
en programas de reinserción productiva.
CD4-M1
Crear un Batallón de Policía Militar Penal (BPMP) con distribución geográfica
basada en las unidades militares existentes. El BPMP podrá desplegarse a mínimo
costo, hacia las instalaciones estatales donde los PDL efectúen labores y
ahorraría gastos de contratación de seguridad privada.
CD5 Mejoramiento de capacidades
y habilidades de las instituciones que combaten la delincuencia
CD5-M1
Diseño e implementación de un programa educativo y de entrenamiento para los
Cuerpos de Agentes Municipales de todos los municipios del país, con la
finalidad de brindarles mayores capacidades y herramientas para el desempeño de
su labor. Establecer un pénsum obligatorio en línea o que incluya Derechos
Humanos, Técnicas Investigativas, Técnicas de Detención y Registro, Iniciativas
de Desactivación de Conflictos y Técnicas de Recolección de Inteligencia
Policial. Este sería acompañado de un pénsum presencial, el cual se coordinaría
con PNC, ANSP, FAES, FGR.
CD5-M2
Elaboración de un plan de renovación y modernización de armamento, equipo y
tecnología de las instituciones involucradas en el combate a la delincuencia.
CD6 Dignificación de las
condiciones laborales y de bienestar social de los miembros de la PNC y FAES
involucrados en los planes de seguridad pública.
CD6-M1
Aumento salarial de hasta un 40% para los policías de nivel básico
y los soldados involucrados en los planes de seguridad pública.
CD6-M2 Implementación
de un programa de salud mental nacional, para el apoyo del personal que trabaja
en las instituciones que velan por la seguridad pública, proporcionándoles
beneficios psicológicos para el mejoramiento de sus actividades laborales.
CD6-M3
Fortalecer el fondo de ayuda a familiares de miembros de la
Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, caídos en el cumplimiento del deber,
y ampliar el programa de salud mental para ellos.
CD6-M4
Implementar un programa de “Vivienda segura”, que resuelva el déficit
habitacional y de seguridad geográfica a miembros de PNC y FAES.
CD6-M5
Proporcionar soluciones concretas a la alta tasa de endeudamiento
financiero y excesivas tasas de embargo de sueldos que experimentan los
miembros de corporación policial (administrativo y operativo) y Fuerza Armada,
por vía de una mesa de diálogo entre gobierno y sector privado.
CD6-M6
Reformar la Ley de la Carrera Policial, en función de velar por
los derechos adquiridos dinamizando los ascensos y los retiros de los miembros
de la corporación policial.
CD6-M7
Reformar y actualizar la Ley de la Carrera Policial, con la
finalidad de permitir la motivación y compromiso del personal policial en todos
sus niveles, desde el básico hasta el superior, con un enfoque en el
fortalecimiento del bienestar personal, jurídico y legal, así como también
mejorar y revisar los diferentes actores y factores del ciclo de la carrera
policial desde el ingreso hasta su terminación, logrando promover los ascensos
en los tiempos que establece la ley.
CD6-M8
Revisión y reforma del escalafón del personal policial profesional
de carrera y agentes de autoridad en los términos que menciona la Ley Orgánica
de la Policía Nacional Civil, considerando realizar ajustes que apoyen al
fortalecimiento del bienestar policial y promover incentivos salariales dignos.
CD6-M9
Creación y aprobación del escalafón para el personal
administrativo y técnico que labora en la Policía Nacional Civil y en la ANSP,
con la finalidad de reconocer los años de servicio en dicha institución,
retribuir y evitar la marginación que desde la creación de la institución ha
tenido dicho personal civil, integrándolos y no marginarlos del resto del
personal policial.
CD6-M10
Desarrollar e implementar un plan de evaluación del desempeño para
los educadores y personal de la ANSP, y la implementación sistemática de
evaluaciones de la capacitación y la enseñanza, que permitan tener una planta
docente capaz de implementar y aportar al desarrollo de la enseñanza y la currícula
en las diferentes materias de los futuros agentes de la PNC y de los niveles de
ascenso de grado, desde los niveles básicos ejecutivos y superiores, que
permita identificar las debilidades del personal actual y las mejoras que se
puedan implementar para la capacitación continua del personal.
CD6-M11
Desarrollar a la ANSP como una entidad de educación superior que
permita la mejora continua de las currícula de estudio, con el objetivo de que
pueda colocarse como las mejores instituciones de educación para el desarrollo
del personal orientado en la seguridad pública a nivel mundial, impulsando el
desarrollo y el uso de las tecnologías de información y la utilización de
herramientas de inteligencia para mantener un personal capacitado y orientados
al trabajo de la PNC.
CD6-M12
Selección de personal competente para las diferentes áreas
estratégicas de la ANSP, desde la dirección e incluyendo la diferentes
jefaturas que conforman el órgano funcional y operativo, con la finalidad de
incorporar personal capacitado que permita la introducción y mejora continua de
las tecnologías de información, la incorporación de metodología para la
educación superior y participación activa en todo el proceso de ascenso de los
aspirantes a agentes y los diferentes niveles de promoción.
CD7 Creación de una agencia de
gobierno que vele, de manera centralizada, por el tema de control de las armas
de fuego en el territorio nacional.
CD7-M1
Reforma de Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y
Artículos Similares para adaptarla a las funciones de la agencia que será
creada para el fin estipulado en CD7.
CD7-M2
Implementación de planes de intercambio de armas con el “Plan cambia tu arma
por alimento” con el apoyo de organismos internacionales.
CD7-M3
Elaborar un plan de entrega de armas de fuego artesanales, armas
de fuego no registradas o armas de fuego modificadas.
CD 8 Prevenir la infiltración
del crimen organizado en el sistema de seguridad pública
CD8-M1
Robustecer los protocolos de seguridad, con la colaboración de
entidades y personal de carácter multidisciplinario para reducir la
infiltración de delincuencia organizada y grupos criminales en instituciones
encargadas de aplicar ley (PNC, FGR, sistema judicial).
CD9 Implementación de medidas
especiales de austeridad en las instituciones involucradas en la seguridad
pública, con la finalidad de combatir y prevenir la mala utilización y
despilfarro de los recursos humanos, logísticos, operativos y tecnológicos y
que permitan focalizarlos directamente en la operatividad de la prevención y
combate al crimen, lo cual posibilitará proveer de mejores recursos a todas las
unidades especializadas y tecnológicas.
LÍNEA
DE ACCIÓN 3: REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN (RR)
Objetivo
Desarrollar una estrategia
integral que sirva como herramienta para la rehabilitación social y reinserción
productiva para la niñez y juventud que ha estado forzada a involucrarse en
actividades criminales, así como también para los privados de libertad.
Al primer público se le
brindará asistencia de protección y tratamientos de salud física y mental, así
como perspectivas de futuro, para que pueda volver a su entorno de vida
original. Principalmente, se les darán espacios y oportunidades para que
quienes han tenido conflictos penales puedan volverse resilientes a la
reincidencia criminal.
Por su parte, con los privados
de libertad, se buscará disminuir los niveles de hacinamiento, sobrepoblación
carcelaria y reincidencia, así como también asegurarles la debida extensión de
habilidades laborales y de emprendimiento necesarias para su reinserción en la
vida económica productiva del país, una vez recobren su libertad al final de su
condena.
RR1 Integración de gabinete
interinstitucional de reinserción que velará por reintegrar a los menores en
riesgo social dentro del sistema educativo.
Esta interinstitucionalidad
estaría formada por MJSP, MINED, MDN, CSJ, FGR, Gabinete de Bienestar Social,
ISNA, CONNA, centros de atención y resguardo de menores a nivel departamental,
empresa privada, SILOC y ONGs.
RR1-M1
La Fuerza Armada y la institución responsable de la niñez y
juventud ejecutarán un programa de formación integral que incluya los
siguientes aspectos: adiestramiento físico, disciplina, moral y cívica, defensa
personal y capacitación vocacional.
RR1-M2
Establecimiento de un plan interinstitucional para formación,
disciplina y capacitación vocacional en la niñez y juventud que ha estado
forzada a involucrarse en actividades criminales.
RR2 Reconocer y respetar los
derechos de niñas y niños que están involucrados con el sistema penal, ya sea
porque residen junto a sus madres en unidades penales del sistema cerrado o
porque tienen familiares privados de libertad.
RR2-M1
Desarrollar un diagnóstico sobre la situación de los derechos de
niñas y niños que residen junto a sus madres en unidades penales del sistema
cerrado, identificando nudos críticos y proponiendo vías de resolución a los
mismos.
RR2-M2
Consolidar una mesa de trabajo permanente interinstitucional a fin
de establecer lineamientos administrativos y técnicos que garanticen el respeto
irrestricto de interés superior de niñas y niños que residen en unidades
penales del sistema cerrado junto a sus madres, así como los derechos de ellas
y de mujeres embarazadas.
RR2-M3
Reconocer y promover los derechos de niñas, niños y adolescentes
en el marco de sus visitas a familiares privados de libertad a los recintos
penitenciarios.
RR2-M4
Desarrollar un protocolo interinstitucional que establezca un
procedimiento que cautele los derechos de niñas, niños y adolescentes que
ingresan a una unidad penal para visitar a sus progenitores o adultos
significativos.
RR2-M5
Incorporar buenas prácticas en el trabajo penitenciario para
orientar la interacción de los funcionarios con niñas, niños y adolescentes.
RR2-M6
Generar instancias de formación de los funcionarios penitenciarios en materias
vinculadas a la normativa nacional e internacional aplicable a la infancia y
adolescencia.
RR2-M7
Modificar la infraestructura carcelaria a fin de que contemple
espacios amigables y aptos para las visitas de niñas, niños y adolescentes.
RR3 Evaluar la implementación
del sistema de penas sustitutivas, su impacto en el sistema penitenciario y en
el proceso de reinserción social de las personas que accedieron a una pena en
libertad.
RR3-M1
Establecer una mesa de trabajo entre todos los que integran el
Ministerio de Seguridad y Justicia, Derechos Humanos y otros actores relevantes
al objeto de sentar las bases para la evaluación y monitoreo del sistema de
penas sustitutivas.
RR3-M2
Realizar estudios que permitan evaluar los resultados e impacto
del sistema de penas sustitutivas. Con base en los resultados, sugerir
modificaciones legales o reglamentarias para subsanar los nudos críticos
detectados.
RR3-M3
Diseñar e implementar un sistema de monitoreo permanente de las penas
sustitutivas que permita extraer información acerca de la utilización de este
sistema y la reincidencia de las personas condenadas.
RR4 Asegurar el acceso, calidad
y pertinencia de la oferta educativa dirigida a las personas condenadas.
RR4-M1
Asegurar la oferta educativa en todos los recintos penitenciarios
del país. Diagnosticar brechas y necesidades de las personas condenadas para el
adecuado ejercicio del derecho a la educación.
RR4-M2
Fortalecer la coordinación entre la oferta educacional, los planes
de reinserción social desarrollados por la Policía Nacional Civil y la
administración de centros penales.
RR4-M3
Establecer mecanismos de coordinación con el Ministerio de
Educación a fin de relevar las particularidades de la educación en contextos de
encierro.
RR4-M4
Promover la continuidad de los estudios de las personas atendidas
por la Administración de Centros Penales.
RR4-M5
Evaluar técnica y presupuestariamente la ampliación de la oferta
educacional en contextos de encierro (educación técnico profesional y
universitaria).
RR5 Garantizar el acceso a las
prestaciones de salud de las personas privadas de libertad de manera oportuna y
de calidad.
RR5-M1
Diagnosticar la situación de la salud penitenciaria en El
Salvador, mediante la ejecución del proyecto “Definición del nuevo modelo de
gestión de la salud penitenciaria”.
RR5-M2
Implementar un nuevo modelo de atención de salud dirigido a las
personas privadas de libertad, eficiente y coordinado, aplicado a nivel
nacional.
RR6 Brindar mayores
oportunidades de capacitación laboral para incrementar las posibilidades de una
reinserción exitosa a la vida productiva.
RR6-M1
Desarrollar un diagnóstico sobre la cobertura, calidad y
pertinencia de las capacitaciones laborales ofrecidas por el sistema actual de
reclusión.
RR6-M2
Incorporar la certificación de competencias laborales de las personas privadas
de libertad a través del MINED, INSAFORP, etc.
RR7 Revisión del marco legal y
fortalecimiento del recurso humano penitenciario destinado a implementar
programas de libertad condicional y fases de confianza.
RR8 Ampliación y
fortalecimiento del programa de gestión penitenciaria “Yo cambio”
RR8-M1
Implementar iniciativas novedosas para lograr que este programa
cubra la mayor cantidad posible de privados de libertad (PDL), con iniciativas
que fomenten su buena conducta, les brinden oportunidades educativas que les
den habilidades laborales para su reinserción a la vida productiva de la nación.
Igualmente, facilitar que el Estado tome provecho de la fuerza laboral que
representan los PDL para el mantenimiento de infraestructura y en la provisión
de servicios que por hoy son pagados a entidades privadas, y que esto
signifique una mejor utilización de recursos estatales.
RR9 Sustitución del ocio
carcelario por reinserción a la vida productiva
RR9-M1
Crear el Instituto Penal de Capacitación para la reinserción a la
vida económica y productiva (ICREA), el cual es más un esquema educativo que un
local físico. Este contaría con capacitaciones, presenciales y en línea, en
habilidades productivas, que darían a los PDL una certificación educativa en un
oficio en demanda por el mercado laboral.
RR10 Implementar el Proyecto
permanente de manutención de infraestructura educativa por privados de libertad
(PROMANED).
RR10-M1
PROMANED estaría conectado a la dignificación de las posibilidades
de reinserción de los PDL a la vida productiva, pues les daría la experiencia
para optar por empleos o montar sus negocios, una vez cumplida su sentencia.
RR10-M2
Este proyecto requeriría de ampliar las funciones de la Fuerza
Armada en función de brindar seguridad perimetral cuando los privados de
libertad efectúen trabajos de mantenimiento en programas de reinserción
productiva, por medio del Batallón de Policía Militar Penal (BPMP).
RR11 Desarrollar un programa de
inversión público-privada para la creación de empresas productivas penitenciarias,
que gestionen la elaboración de productos de uso estatal, y que sean parte de
un esquema educativo, que brinde a la población reclusa ingresos para sus
familias y su proceso de reinserción.
RR12 Mejorar las condiciones de
habitabilidad de los recintos penales existentes en el país y fortalecer los
mecanismos de supervisión de las condiciones carcelarias.
RR12-M1 Desarrollar un diagnóstico de
la situación actual de las condiciones carcelarias y elaborar un plan maestro
que mejore las condiciones de habitabilidad en los establecimientos penales.
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Todo plan o proyecto necesita
recursos para su implementación. El tema de las finanzas públicas ha sido
complicado sin importar la ideología política. El Salvador se encuentra
cursando desde hace varias décadas una crisis financiera y por tal razón, es
necesario que todo plan de nación sea acompañado de un estudio de factibilidad
presupuestaria que permita que los planes de acción se ejecuten según lo
establecido.
El presupuesto que se encuentra
en discusión, de ser aprobado para el año 2019, en materia de seguridad pública
es el siguiente:
Cabe aclarar que esta
asignación de recursos no es suficiente para llevar a cabo todas las medidas
antes expuestas; bajo este argumento, proponemos las siguientes medidas de
financiamiento para su estudio:
·
Crear un departamento dentro del Ministerio de Hacienda enfocado a
la gestión de cobro por evasión fiscal y que tenga acompañamiento de la
Fiscalía General de la República (incrementar el ingreso a las arcas públicas
sin crear nuevos impuestos).
·
Aumentar el porcentaje de multa por evasión fiscal al 75% cuando
esta sobrepase los $10,000, y que el 25% de este se destinado exclusivamente a
prevención.
·
Aumentar del 5% al 6% el impuesto al turismo para el consumidor
extranjero y destinarlo para creación del fondo de ayuda a familiares de
miembros de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada caídos en el
cumplimiento del deber.
·
Evaluar vida útil de flota de vehículos en la Policía Nacional
Civil y ejecutar un programa de subastas dirigido a la renovación de la misma.
·
Crear área de auditoría del empleado público, con el fin de
establecer indicadores de rendimiento de la gestión pública (gestión eficiente
= optimización de recursos).
·
Evaluar la guía sobre el debido proceso de terminaciones laborales
en el sector público, respetando el derecho a la estabilidad laboral pero
también para no celebrar la ineficiencia en las labores de Instituciones
Públicas. (Gestión eficiente = meritocracia).
IV.
ANEXOS
A. ALCANCES
Estimar los alcances que podría
tener una política gubernamental es bastante subjetivo; sin embargo, es
necesario tener estimaciones que puedan estar sujetas a una actualización y
evaluación conforme los planes propuestos sean ejecutados.
Una estimación no solo nos
brinda la visión de lo que nos gustaría lograr al implementar un plan o
política, sino a su vez conlleva en sí misma el compromiso de las partes
involucradas en su ejecución.
Ahora bien, todo alcance de un
proyecto está ligado al comportamiento de medidas similares ya que las proyecciones
tienen la obligación de no alejarse de la realidad histórica.
B. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO
|
TOTAL DE HOMICIDIOS DESDE EL AÑO 2015 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 |
|
|
AÑO |
N.° HOMICIDIOS |
|
2015 |
6,657 |
|
2016 |
5,278 |
|
2017 |
3,947 |
|
2018 |
3,094 |
|
TOTAL |
18,976 |
|
AÑO |
DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS POR AÑO |
PROMEDIO DE DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS EN RELACIÓN AL AÑO
ANTERIOR |
|
2016 |
1,379 |
20.72 % |
|
2017 |
1,331 |
25.22 % |
|
2018 |
853 |
21.61 % |
|
Total |
3,094 |
22.52 % |
Las estadísticas históricas nos
muestran que las medidas de seguridad están dando un resultado positivo; pero
no al ritmo que nuestro país necesita y que la población demanda.
|
AÑO |
N.° HOMICIDIOS
PROYECTADOS |
|
2018 |
3,094 |
|
2019 |
2,382 |
|
2020 |
1,715 |
|
2021 |
1,149 |
Observando el comportamiento de
las reducciones en el número de homicidios, y con las propuestas de seguridad
en las áreas de prevención, combate a la delincuencia y reinserción plasmadas
en este documento, estimamos que, llegada su implementación, se podrían obtener
al final del año 2019 una reducción en la tasa de homicidios de un 23 % en
relación a este año; y esperar una reducción de un 28 % al año 2020, lo
que implicaría una tendencia al año 2021 de 33 %, con respecto al año anterior.
Traduciendo esto en el número
de asesinatos por año, se estimaría reducir de 3,094 a 1,149 al año 2021, lo
que implica una efectividad del 28 % en los próximos tres años en las
medidas de seguridad.
|
AÑO |
DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS POR AÑO |
|
2018 |
712 |
|
2019 |
667 |
|
2021 |
566 |
|
TOTAL |
1,945 |
|
AÑO |
PROMEDIO DE DISMINUCIÓN
DE HOMICIDIOS EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR |
|
2016 |
23.01 % |
|
2017 |
28.00 % |
|
2018 |
33.00 % |
