Fiscal

I.            Situación fiscal actual: una mirada a una realidad que debe ser cambiada

Para diagnosticar la situación fiscal del país es necesario partir de los datos anuales reportados por el Ministerio de Hacienda (MH) a diciembre del 2017, así como de las recomendaciones contenidas en el informe correspondiente al 2018, presentado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la consulta del artículo IV realizada en El Salvador.

Los datos reflejan que la recaudación tributaria alcanzó un monto de USD 4,488.2 millones durante el 2017 y fue equivalente a una carga tributaria de 16.1 % con respecto al producto interno bruto (PIB). Este comportamiento se explica por incrementos en las recaudaciones del impuesto al valor agregado (IVA) y a la renta, sobre todo debido a la amnistía tributaria.

Los derechos arancelarios a la importación de bienes también registraron un incremento. Y los impuestos específicos al consumo de productos ascendieron de manera leve. En concepto de contribuciones especiales hubo un crecimiento anual resultado de, sobre todo, el incremento proveniente de las contribuciones (cuyos recursos son destinados al Plan de Seguridad Ciudadana), compuesto por la contribución CESC (uso de servicios telefónicos) y por la contribución CEGC (sobre las ganancias netas de los grandes contribuyentes).

No obstante la situación antes descrita, el FMI prevé que el déficit fiscal se reduzca al 2.2 % del PIB, conforme empiecen a materializarse los ahorros de la reforma de pensiones y a la baja del PIB nominal, debido a la revisión de las cuentas nacionales realizada por el Banco Central de Reserva (BCR), que cambia la relación deuda/PIB del 2017, al pasar de 63 % a 71 % del PIB, lo cual representa un nivel de deuda significativo.

En este aspecto se fundamenta la recomendación de implementar un ajuste fiscal adicional del 2 % del PIB, en el periodo 2019-2020, el cual implica proponer medidas de recaudación de fondos más internacionales, una actualización del marco fiscal a mediano plazo, la implementación de un presupuesto basado en resultados; y el mejoramiento de la evaluación y de la ejecución de proyectos de inversión pública, así como de presupuestos multianuales.

Conforme con los datos del Ministerio de Hacienda (MH), si bien las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) obedecen a medidas para aumentar el ingreso y reducir el gasto público (para solucionar los problemas actuales de caja fiscal), no ahonda en las causas inherentes que han llevado a la situación actual, las cuales se pueden agrupar en las siguientes categorías:

Causas legales

El sistema actual de tributación, impulsado desde la reforma fiscal efectuada por el ex presidente Cristiani a principios de la década de los noventa (y por la cual se abolieron los impuestos que gravaban al capital ―patrimonio, sucesiones y donaciones― y que hacía descansar la fiscalidad, sobre todo, en los impuestos sobre la renta y el IVA, es decir, sobre las ganancias y el consumo), no ha tenido ninguna revisión y actualización de fondo que modernicen el sistema tributario.

El esquema de impuesto sobre la renta en el país data de hace 100 años y está orientado a la obtención de rentas bajo la obsoleta teoría renta-producto, la cual implica la medición de resultados contables (fórmula= Ingreso menos - costos y gastos), que hacen muy viable y sencilla la evasión fiscal, mediante la deducción excesiva o abusiva de gastos. Esto último erosiona la base tributaria, por ejemplo, mediante la contratación de costosos “servicios” a empresas ubicadas en paraísos fiscales que son sometidas a la deducción legal respectiva o a la distorsión que genera el tope a la deducción de gastos por servicios médicos (USD 800), que desincentiva la exigibilidad de factura por tales servicios.

Por tanto, en la actualidad existen esquemas legales modernos de liquidación de la renta que no dependen de los gastos para su cálculo y determinación, como el denominado sistema de “renta-ingreso” (que tiene cierta cabida en la legislación) y el de flujo de caja o cash-flow, en el cual la base de cálculo del impuesto (renta imponible) sería entendido como la diferencia de pagos y cobros por actividades no financieras (reales).

Así, por ejemplo, el sistema “renta-ingreso” se identifica con la idea del "poder económico discrecional", por lo que únicamente basta con que se haya incrementado el patrimonio del individuo en el periodo de tiempo considerado para constituir renta gravada (fórmula= consumo más + cambio en el patrimonio neto). Con este esquema, se obliga incluso a contribuir a los capitales de procedencia ilícita, volviéndolos solidarios en compensación a la sociedad.

Asimismo, la ley de IVA actual es, en esencia, una mera adaptación de la antigua Ley de Timbres Fiscales, que no cumplió de manera completa su propósito de evitar la cascada del impuesto y de no incidir de manera negativa en el precio de los artículos de consumo. Prueba de ello fue el aumento generalizado de precios que ocurrió al incrementar la tasa del 10 % al 13 % durante 1995.

Además, por no ser un impuesto segmentado por sectores, propicia de manera importante la inequidad fiscal, puesto que al sufrirlo todos las personas consumidoras por igual, el sector de ingresos bajos se enfrenta a muchas dificultades para su cumplimiento, lo que fomenta la evasión en el sector informal. Aunado a lo anterior, el esquema de IVA actual, por ser distorsionante, necesita de un mayor consumo para incrementar la recaudación, lo que genera una perversa dependencia en las políticas estratégicas en favorecer el consumo interno (lo que se traduce, en parte, en un alto nivel de endeudamiento de las personas consumidores no acostumbradas al ahorro ―en muchos casos, por el uso de tarjetas de crédito―),  en detrimento de las políticas que favorezcan a la producción interna.

Entre más consumo haya habrá más IVA, sin importar que dicho consumo se sirva de bienes importados o fabricados en el país. Esto último es irrelevante para efectos de IVA. Tanto es así, que la importación de maquinaria industrial está exenta de ese impuesto; pero, en cambio, la compra local de esas máquinas a talleres nacionales sí genera IVA.

Un ejemplo de la distorsión del actual esquema de IVA tiene relación con las exenciones, las cuales no permiten que la cadena productiva traslade de manera adecuada el impuesto al consumidor, por lo que se utilizan, en lugar de exenciones, el gravamen a una tasa de 0 % en la compra, para permitir la neutralidad del impuesto.

Se observa, además, que en las cuentas nacionales existe una dependencia significativa en el cobro de IVA y otros impuestos indirectos para sustentar de forma mayoritaria el ingreso; situación contraria a las mejores prácticas internacionales que orientan a financiar las cargas fiscales con los impuestos directos  (renta, patrimonio o predial) por ser más acordes con el principio de justicia tributaria (según el cual paga más el que tiene más).

Para cambiar la situación antes mencionada es necesario, a su vez, cambiar el sistema de renta actual por el de renta-ingreso. De este modo, el consumo se gravará, principalmente, vía Renta (no mediante el IVA, como sucede en la actualidad). Un dato importante a tomar en cuenta es que el aumento a la tasa de IVA castiga al consumo y reduce el poder adquisitivo de la población.

La ausencia de una solución a estas causas se patentiza en que, de manera histórica, se ha preferido, una y otra vez, modificar únicamente las tasas (%) de impuesto o introducir parches a vacíos legales, que modernizar y simplificar de manera íntegra el sistema tributario nacional. Lo anterior se evidencia en la proliferación de diversos tributos extraordinarios (distintos al IVA y a la renta), tales como el Impuesto a las Operaciones Financieras, el Impuesto sobre la Contribución al Transporte (COTRANS), la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia CESC, u otros como el pago mínimo de renta, muchos de los cuales han sido declarados Inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional o bien tienen demandas presentadas para tal efecto.

Causas administrativas

Una de las situaciones más comunes en la fiscalización a los grandes contribuyentes (que son los que aportan el 62.1 % de los ingresos tributarios) es la llamada ingeniería fiscal. Es decir, el esquema exhaustivo de las empresas en los aspectos jurídico-contables, para diluir o eliminar los efectos de los impuestos nacionales (triangulación, precios de transferencia, contratación off-shore, empresas relacionadas en paraísos fiscales, elusión, entre otros).

Estos implican complejísimos entramados entre cuentas contables, documentación legal, sociedades instrumentales, testaferrato y simulación de operaciones, entre otros, que suelen ser de difícil detección por las autoridades fiscales y que, para ello, requieren de la asignación de un equipo de expertos en diversas especialidades con los que actualmente no se cuenta en la administración, expertos que centren en el desarrollo de los planes de fiscalización y control y que utilicen cierto tipo de tecnologías que, además, tampoco están disponibles (a menos de que provengan de la cooperación internacional).

Urge, entonces, implementar un programa permanente y superior de capacitación en la administración pública; evitar la fuga de talentos hacia el sector privado mediante políticas salariales o de fidelidad; así como crear la Unidad de Inteligencia Fiscal (en la actualidad, inexistente). En otras palabras, se debe migrar de una administración mayoritariamente operativa a una con capacidad de análisis, prevención y desarrollo de políticas fiscales.

Causas económicas

En cuanto a la recaudación por sector económico, según los datos del Ministerio de Hacienda, el comercio al por mayor y al por menor mostraron el monto más alto de recaudación. Totalizaron un 36.6 % del total recaudado, lo que evidencia la dependencia en los niveles del consumo (mediante la actividad comercial) para mejorar la recaudación, mas no en la producción, por lo que eventualidades que signifiquen el aumento de los precios de las mercancías (como las subidas en el precio del petróleo) o que desincentiven el consumo (inseguridad, encarecimiento del crédito) o la disminución del poder adquisitivo de la población, pueden afectar al sistema tributario en su conjunto.

Esta afectación evidencia la vulnerabilidad del actual sistema. Asimismo, no existe una política fiscal orientada de manera decidida a fomentar la reconversión industrial en el marco de un esquema de beneficios fiscales a la inversión interna o a la creación de empleos distinta a las zonas francas o centros de llamadas.

Paradójicamente, la reconversión debiera ser una política nacional para todos los sectores y no solo para inversionistas extranjeros como, por ejemplo, en la adopción de un sistema cedular de renta, por la que se estructura la tributación ad-hoc por sectores económicos y no solo por niveles de ingreso. De esta manera, la tributación se vuelva más solidaria con la población y lo hace de una forma más directa y no mediante limitados servicios públicos de salud, educación y seguridad.

Causas políticas

Los niveles de polarización política han socavado la posibilidad de lograr un pacto fiscal en beneficio del país. Así, por ejemplo, una parte se decanta por impuestos que graven al capital (implementar impuestos al patrimonio, predial, herencias) y otra por los que gravan el consumo (subir la tasa del IVA, aumentar los específicos), sin tomar en cuenta los beneficios indirectos que traen al país.

Así, por ejemplo, en el impuesto predial (puesto que la base imponible es el precio de mercado), en los países que se aplica, la tendencia es a que los precios de las viviendas bajen y se mantengan estables, puesto que la especulación en la venta constituye una base de determinación del impuesto.

Gráfico 1: Comportamiento del gasto social (en millones de USD) en el periodo 2007-2017

Fuente: Ministerio de Hacienda

 

 

 

Gráfico 2: Destino sectorial de la inversión del sector público no financiero (en millones de USD)

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva

 

Gráfico 3: Sector público no financiero / Instrumentos financieros de la deuda pública (en millones de USD)

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva

 

La política fiscal de El Salvador, a partir de la última década del siglo pasado, se ha caracterizado por depender, sobre todo, de los impuestos al consumo. Esto favorece un esquema regresivo por el cual quienes poseen mayor capacidad contributiva (por obtener mayores ingresos) no contribuyen en la proporción que, de manera solidaria, deberían hacerlo.

Esta conclusión se llega al comparar con otros sectores más vulnerables de la población que sufren, de forma mayoritaria, la carga de los impuestos y que obtienen, a cambio, una limitada redistribución de la riqueza nacional por la vía del gasto social en servicios básicos, tales como la atención y cobertura de salud, educación y seguridad pública; servicios que no han mejorado de manera sustancial en los últimos años, ya que la participación del gasto social en el Producto Interno Nacional ha sido baja, y se ha situado con un promedio del 7.8 %, que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población.

La regresividad del actual sistema es más notoria con respecto al impuesto sobre la Renta, en el cual, el país ha presentado en los últimos años una tasa efectiva, vista como porcentaje de contribución al total recaudado, del 10.8% para las personas que son empleadas en el rubro público o privado, que es mayor al 4 % que pagan quienes son comerciantes individuales, al 4.5 % que pagan las pequeñas y medianas empresas o al 2.5 % que pagan las grandes compañías, lo que también está aparejado con la informalización de la economía.

Asimismo, ha habido poca revisión del gasto tributario, lo cual se evidencia en los impuestos que se dejan de percibir debido la concesión de privilegios o beneficios a determinados sectores, muchas veces por tiempo ilimitado, en relación a los objetivos trazados originalmente para su implementación.

También hay que tomar en cuenta la inadecuada priorización del gasto público, en detrimento del desarrollo económico, de manera que la recaudación tributaria no ha impactado de manera significativa en el crecimiento económico, crecimiento que está estancado desde hace años, lo cual redunda en una mayor dependencia de la deuda para cubrir los compromisos del Estado. Esta deuda, de manera paulatina, ha llegado hasta niveles insostenibles para la salud de las finanzas públicas del país.

 

 

2. Un plan que implica un cambio de viraje y de visión

Como parte del diagnóstico se identificaron 4 grandes temas que afectan de manera negativa a las finanzas del Estado:

a)    Leyes ineficientes.

b)    Inadecuada organización administrativa.

c)    Lento crecimiento de la economía.

d)    Coyuntura política desfavorable.

En concreto, para resolver estas problemáticas se requiere ejecutar las siguientes acciones generales:

e)    Ejecutar una reforma tributaria integral para dotar de progresividad y equidad al sistema tributario y reducir o eliminar beneficios no productivos.

f)      Reorganizar al Ministerio de Hacienda (MH); hacer eficiente su gestión; y ampliar (recuperar) sus funciones de control fiscal (incentivos y subsidios), así como sus funciones de inteligencia y de planificación fiscal que, en la actualidad, son ejecutadas por el Ministerio de Economía (MINEC).

g)    Transitar de un modelo de importación-consumo (esquema IVA) hacia un modelo de producción-exportación (esquema renta). El primero fomenta la falta de empleo y las remesas, y el segundo aspira a generar nuevos emprendimientos e impulsar el crecimiento (PIB). Para hacer este cambio de viraje se requieren normativas adecuadas.

h)    Acompañar a la sociedad civil y al sector privado para la saludable implementación de nuevas normativas. Normativas concebidas y ejecutadas bajo un esquema de solidaridad y beneficio mutuo, para lograr un pacto fiscal de forma permanente y apoyar los movimientos ciudadanos y gremiales.

Para ejecutar las acciones antes mencionadas es necesario, a su vez, impulsar los siguientes ejes de acción:

i)       Implementar la renta mundial, el IVA diferenciado, la factura electrónica, el Sistema Simplificado de Tributación, la automatización de los servicios, la simplificación de los procesos, el mejoramiento de los controles y de la supervisión del Ministerio de Hacienda (MH), así como el acompañamiento por parte de organismos internacionales especializados.

j)       Seleccionar y distribuir el talento humano en áreas estratégicas de gestión; transitar de un sistema de funciones operativas a uno de funciones efectivas (no se trata solo de ejecutar, sino de lograr ciertos objetivos); así como implementar una nueva política salarial para el sector público, establecida por resultados medibles y no por evaluación subjetiva (mesa transversal con sindicatos para asegurar la continuidad de los servicios).

k)     Invertir en la gente. En primer lugar, esta propuesta implica fomentar las iniciativas de negocios (país de emprendimientos), sistematizar y contar con información estadística confiable para la toma de decisiones, establecer un sistema público de avales, conectar las iniciativas dispersas para crear cadenas de negocio, así como brindar asistencia técnica por parte del Estado (líneas de exportación).

l)       La gobernabilidad de chequera se combate con la transparencia y con impulsar estrategias como las siguientes: la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), así como fomentar canales para la denuncia pública y la presión ciudadana, entre otras.

3.    Principales ejes de acción

Eje 1: Impuestos

Objetivos:

Desgaste del sistema tributario

Se buscará impulsar la iniciativa de ley para dotar de mayor progresividad y equidad al sistema fiscal, con lo cual se eliminarán distorsiones y beneficios no controlados: a) IVA diferenciado para bienes de lujo y canasta básica y medicinas; b) revisión de leyes de incentivos y beneficios fiscales y su gradualidad en el tiempo; c) revisión de límites a las deducciones por salud y educación; d) implementación de la renta mundial; e) eliminación de los trámites innecesarios; f) propuesta de nuevas leyes fiscales no distorsionantes para la economía y de otras que frenen las prácticas de planificación fiscal abusiva para evadir impuestos.

Recaudación de impuestos

m) Implementar el sistema de factura electrónica bajo el modelo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), con firma electrónica para todos los contribuyentes. Con esto se facilitaría la facturación desde cualquier computadora o celular e, inclusive, el proceso de gestión de las facturas electrónicas de exportación.

n)    Las micro y pequeñas empresas podrán utilizar soluciones gratuitas en el portal web del Ministerio de Hacienda (MH) u otros medios tecnológicos, para lo cual tributarán, de manera preferente, bajo un sistema simplificado con mínima carga fiscal.

Eje 2: Elusión y evasión

Objetivos:

Estructura organizativa ineficiente de la administración

o)    Orientar la realización de funciones a la investigación, análisis y puesta en marcha de planes de combate a las prácticas abusivas de contribuyentes o a labores de inteligencia fiscal: crear la Unidad de Inteligencia Fiscal, para la detección temprana de incumplimientos, monitoreo, estadística y perfiles de evasión; así como reorientar la base tributaria hacia la formulación de perfiles socioeconómicos, en coordinación con el registro de contribuyentes.

p)    Automatizar la cuenta corriente de contribuyentes (en la actualidad se realiza por medio de personal que revisa caso por caso, lo cual es un proceso lento y manual).

q)    Aprovechar, de mejor manera, la asistencia técnica de organismos especializados: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), Centro de asistencia técnica regional del Fondo Monetario Internacional para Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR), entre otros. Para ello se creará la Unidad de Proyectos y Planificación que se encargará de la suscripción y ejecución de la mayor cooperación internacional disponible. El objetivo: mejoramiento de las capacidades internas de la administración tributaria.

r)      Solicitar la adhesión de El Salvador como miembro de la OCDE. Aunque es un proceso largo, el objetivo es obtener el acompañamiento consultivo de los 23 comités técnicos (salud, educación, fiscalidad, etc.), para la mejora de los parámetros nacionales. De esta forma se logrará trabajar una hoja de ruta para ordenar y modernizar el Estado conforme con las mejores prácticas internacionales.

s)     Optimizar la planilla gubernamental por habilidades y competencias.

Elusión y evasión fiscal

t)      Combatir las prácticas que erosionan la base contributiva. Para cumplir con este objetivo, se solicitará asistencia técnica al programa de la OCDE Inspectores Fiscales sin Fronteras. El programa brindará acompañamiento, capacitación e inducción (a quienes ejerzan como auditores fiscales) sobre las mejores técnicas para combatir la evasión y elusión.

Contrabando

u)   Realizar un mapeo satelital de puntos ciegos o de riesgo fiscal (el cual incluya pistas y muelles clandestinos).

v)    Asignar policías (Batallón Fiscal) para la aprehensión de actividades sospechosas de contrabando.

w) Usar drones especializados con capacidad óptica a larga distancia e infrarrojos para visión nocturna para monitorear el paso de carga ilegal en zonas transfronterizas.

x)    Ejecutar un plan de detección de bodegas clandestinas a nivel nacional.

Eje 3: Presupuesto General

Objetivos:

Política presupuestaria

y)     Resolver las variables que limitan la planificación del presupuesto (reducir o eliminar la compra de bienes y servicios no indispensables para el óptimo desarrollo de las funciones administrativas, revisar la normativa para el pago de viáticos, entre otros).

z)     Garantizar que el pacto fiscal sea una política de Estado.

aa)                       Medir los riesgos fiscales macroeconómicos, tales como el crecimiento del PIB real; la inflación; la tasa de interés de los créditos; así como los precios internacionales y de pasivos contingentes, tales como fallos judiciales desfavorables para el Estado, emigración e inmigración, costos por desastres naturales, entre otros, que en la actualidad no están cuantificados y deben estar previstos.

bb)                     Sustituir la Ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública (LACAP) para implementar el sistema de subasta electrónica inversa y el sistema único de compras, lo cual hará más eficiente el gasto.

cc)                      Revisar el mecanismo de pago del subsidio al transporte (aplicado a las personas usuarias).

dd)                     Incrementar el gasto social (perceptible por la población), equivalente al 3 % del PIB, dentro de la estructura presupuestaria.

Eje 4: Política fiscal

Objetivos:

Estímulo a la producción y al empleo

ee)                      Medir los resultados integrales por la concesión de beneficios y privilegios a determinados sectores en relación con la cantidad y calidad del empleo.

ff)   Apoyar a las iniciativas privadas, así como a los nuevos proyectos productivos, con el fin de promover el autoempleo (asistencia técnica del Estado como inversión social).

Financiamiento público e inversión

gg)                     Proponer ajustes a gastos comprometidos en normativas.

Eje 5: Rendición de cuentas

Objetivo:

Publicidad de las asignaciones presupuestarias

hh)                     Transparentar los proyectos de presupuesto en el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda, para escrutinio público.

ii)     Transparentar hasta el nivel de detalle el presupuesto votado y su aporte a los resultados esperados.

jj)     Publicar en línea el Boletín de rendición de cuentas (trimestral), con enlaces a documentos, imágenes, vídeos, datos e indicadores, conforme con el destino de los fondos ejecutados (con sus resultados, a partir del 2020).

4.    Propuestas

Diseño e implementación de nuevas leyes de fomento a la producción y el empleo.

kk)                      Ley del Fondo Solidario de Garantías

El objetivo de esta ley es apoyar proyectos viables de negocios de pequeños empresarios y empresarias que inician operaciones. Para ello, se otorgarán avales ante el sistema financiero público o privado, disponibles para comerciantes que se registren dentro del Sistema Simplificado de Tributación.

El Estado, a través del Fondo, pondrá a disposición, de quienes son usuarios del sistema, la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de los proyectos de negocios.

·        Ley de Fomento a la Inversión Nacional

El objeto de esta ley es incentivar la inversión extranjera de la población salvadoreña que vive en el exterior, a quienes se le brindarían beneficios concretos para que ejecuten actividades productivas en El Salvador.

Esta iniciativa también se llevaría a cabo bajo la modalidad de aportación al Fondo Solidario de Garantías (por cuotas) para que sus familiares puedan optar a un aval para obtener financiamiento a proyectos de negocios y asistencia técnica.

·        Nueva Ley de impuesto sobre la renta para personas naturales y del impuesto a las sociedades

Con el objeto de garantizar la justicia tributaria se establecen los principios de universalidad y equidad de la tributación (todos pagan de acuerdo con su capacidad económica). La implementación de la ley antes mencionada comprende la modalidad solidaria para pequeños contribuyentes (sistema simplificado) y tasas progresivas al resto. Además, se reintroducen las exenciones a los alquileres de casas baratas y las deducciones por hijos e hijas, así como por las rentas que han sido privadas (extinguidas) por fuerza mayor.

Asimismo, se introducen reglas estrictas para los casos de abuso, simulación y fraude fiscal. El delito fiscal será investigado por el Batallón Fiscal Policial, para ser incoado de manera directa por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la jurisdicción ordinaria con la participación de la administración tributaria.

Tabla 1. Objetivos, estrategias, impacto poblacional, propuesta de acción y líneas de acción y tiempo del eje programático 1 (Impuestos)

 

Tabla 2. Objetivos, estrategias, impacto poblacional, propuesta de acción y líneas de acción y tiempo del eje programático 2 (Elusión y evasión)

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Objetivos, estrategias, impacto poblacional, propuesta de acción y líneas de acción y tiempo del eje programático 3 (Presupuesto general)

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Objetivos, estrategias, impacto poblacional, propuesta de acción y líneas de acción y tiempo del eje programático 4 (Política fiscal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Objetivos, estrategias, impacto poblacional, propuesta de acción y líneas de acción y tiempo del eje programático 5 (Rendición de cuentas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES

Con la implementación de los ejes y líneas de acción de este Plan, se pretende que el país consolide una política fiscal propicia para el crecimiento económico, al mismo tiempo que se generan los recursos para atender las demandas de la creciente población.  Para lograr este objetivo, se pretenden cerrar todos los vacíos de evasión y elusión fiscal y dotar a El Salvador de un sistema tributario que cumpla con las siguientes condiciones: a) que sea moderno y simplificado; b) que incentive la producción y la atracción de inversiones; c) que tenga un diseño neutral que no distorsione la actividad económica; d) que tenga tasas flexibles que avancen de acuerdo con los indicadores macroeconómicos del país; y e) que evite la proliferación de impuestos a demanda.

El Plan prevé el uso de los recursos de tecnología como cruce de bases de datos y de registros de operaciones, a efecto de crear una potente fuente de información para la oportuna toma de decisiones de trascendencia nacional, tanto en el ámbito de los ingresos como en los gastos. Este enfoque coadyuvará a mantener un nivel de deuda saludable y a ejecutar el gasto público de forma eficiente. Además, contará con la participación de los gobiernos locales y la ciudadanía.

En tal sentido, se priorizará la transparencia como principio rector que se pondrá de manifiesto en las compras y contrataciones institucionales y en la participación ciudadana en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto público.

Asimismo, aspira a mantener la regla de que no puede haber un gasto sin fuente de financiamiento comprometida, ni deuda sin fuente de ingresos anticipada, con una valoración de riesgos fiscales cuantificados según su impacto, debidamente garantizados para asegurar la disponibilidad de recursos ante situaciones imprevistas.

El Plan también incorpora la voluntad de lograr un efecto redistributivo, componente de la justicia tributaria, para incrementar de manera significativa el gasto social y consolidar la cultura tributaria en el marco de un pacto fiscal nacional. Un pacto que revise y actualice el marco legal que permita la transversalidad entre el pago de impuestos de las personas contribuyentes y el crecimiento de la economía.